CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobiernos de Rocío Nahle en Veracruz y de Rutilio Escandón en Chiapas (hoy cónsul de México en Miami) fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como los de mayores desvíos de recursos públicos federales en sus gastos de la Cuenta Pública 2024.
En la entrega del segundo paquete de auditorías al gasto público de ese año, la ASF reportó que estas entidades desfalcaron los fondos federales recibidos para salud, educación, infraestructura social y los recursos para fortalecer sus entidades, entre otros.
Además, entre las irregularidades encontraron pagos indebidos o a trabajadores no identificados, transferencias a cuentas bancarias y subejercicios.
El informe de las auditorías indica que, de los 4,607.6 millones de pesos pendientes de comprobar su destino, 34.5% (1,591.2 mdp) son de las auditorías integrales en materia de salud; 30.2% (1,391.5 mdp) correspondió al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; 17.9% (825.2 mdp) a las instituciones de educación media superior, y 10.5% (483.5 mdp) en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
“En los anteriores fondos y programas se concentró 93.1% del monto por aclarar”, resalta.
Precisa que, en las auditorías efectuadas al gobierno de Veracruz se determinó el mayor monto por aclarar con 1,115.3 millones de pesos, que representan 24.2% del total de ese concepto; le sigue Chiapas con 678.5 millones de pesos (14.7%).
La ASF observó las siguientes anomalías en el ejercicio del gasto: falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto; pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal; conceptos no autorizados por la dependencia normativa y observaciones de obra pública o adquisiciones.
También pagos improcedentes o en exceso; penas convencionales no aplicadas; transferencia de recursos a otras cuentas bancarias; recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa; falta de amortización de los anticipos, y bienes adquiridos no localizados, que no operan o servicios no realizados.
En la primera entrega de resultados de auditorías de este mismo año –el pasado 30 de junio– los Estados y municipios quedaron a deber otros 413 millones 336 mil pesos, con lo que ya deben cinco mil 20 millones de pesos.
En el reporte pasado también aparecieron Veracruz y Chiapas entre los de mayores irregularidades en sus gastos.
Señalaron a Jalisco con 83 millones 431 mil pesos por comprobar; Veracruz, con 70 millones 317 mil; Oaxaca, 67 millones 830 mil; Morelos, 36 millones 948 mil pesos y Nuevo León, 25 millones 645 mil.
Tlaxcala, 25 millones 503 mil pesos; Coahuila, 22 millones 426 mil; Colima, 22 millones 363 mil; Sonora, 10 millones 597 mil y Chiapas, 10 millones 20 mil pesos, entre otras.
Fuente: El Financiero