Por Francisco Hernández
CHETUMAL.- Con 18 votos a favor de la 4T, 4 en contra de la oposición y sin cambios sustanciales en el contenido, la XVIII Legislatura de Quintana Roo aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que concreta la extinción del órgano público autónomo Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaipqroo), y la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado, ambas promovidas por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.
Al día siguiente de la publicación de la Ley de Transparencia, entrará en vigor, quedará extinto el Idaipqroo y las personas que ocupan los cargos de comisionadas y comisionado del órgano, Magda Lozano Ocman, Claudette González Arellano y José Roberto Agundis Yerena, cesarán en sus funciones, en cumplimiento de la reforma Constitucional en la materia aprobada en enero de este año.
Se sustituye al Idaipqroo con un nuevo órgano administrativo desconcentrado dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Sabgob), bautizado con el nombre de Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo (IQTP), que se encargará de supervisar el cumplimiento y atender las quejas respecto a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado y de los 11 municipios.
Además, las funciones del extinto Idaipqroo las asumirán, como garantes, los órganos encargados de la contraloría interna en los otros dos poderes y en los órganos autónomos que todavía quedan, de la siguiente manera:
– En el Poder Legislativo, el Órgano Interno de Control;
– En el Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial;
– En la Comisión de los Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, el Instituto Electoral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral, el Órgano de Control Interno de cada uno.
También, el Instituto Nacional Electoral (INE) queda asignado como órgano garante en el caso de la información pública de los partidos políticos, y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para el caso de los sindicatos, de modo que las funciones que atendía antes sólo un órgano se dividieron en 12 instancias, de las cuales dos son federales.
Según el dictamen aprobado por los diputados y las diputadas, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) informó que el impacto presupuestal estimado de la entrada en operaciones del creado IQTP será de 46 millones 4 mil 59 pesos de noviembre de este año a diciembre del 2026, con 5 millones 986 mil 194 pesos que se aplicarán en noviembre y diciembre del 2025 para pago de sueldos, subsidio de aguinaldo sobre sueldo e Impuesto sobre Nómina, y 40 millones 17 mil 864 pesos para el ejercicio fiscal 2026.
En cambio, para los órganos garantes de los poderes Legislativo y Judicial y de los órganos autónomos no se prevén recursos adicionales, sino que se establece que se auxiliarán del personal y/o unidades administrativas estrictamente indispensables.
Lo anterior significa que para el Estado la extinción del Idaipqroo y la operación del IQTP redundará en la reducción de 13 millones 365 mil pesos al gasto en el rubro de transparencia y acceso a la información el próximo año, ya que el último presupuesto del Idaipqroo fue de 53 millones 383 mil pesos.
También implica que el gasto del IQTP será de poco más de 3 millones 300 mil pesos mensuales en 2026, excepto en su inicio, porque los casi 6 millones de pesos destinados a noviembre y diciembre del 2025 representan un monto ordinario menor, sobre todo tomando en cuenta que incluyen el gasto en pago de aguinaldos, lo que hace presumir que no todo el personal sustantivo del Idaipqroo será traspasado al nuevo órgano desconcentrado de la Sabgob.
Resalta por lo anterior que la Legislatura no modificó la ambigüedad de las disposiciones transitorias de la nueva ley referentes al personal del extinto Idaipqroo, pues no se hicieron precisiones sobre cuál tendrá traspaso al IQTP, a pesar de que la reforma constitucional de enero indica que los recursos humanos, junto con los presupuestales, financieros y materiales, deben pasar a formar parte de la dependencia del Poder Ejecutivo Estatal que asuma sus atribuciones.
Sobre la situación de los trabajadores, los diputados y las diputadas dejaron el mismo texto que sólo dice que “se respetarán” sus derechos laborales conforme a la Ley Burocrática del estado, la Ley Federal del Trabajo “y demás disposiciones jurídicas aplicables”, y que el Idaipqroo entregará la lista del personal con detalles de la antigüedad y la modalidad de su prestación de servicios, para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social “realice las acciones que correspondan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”.
La Legislatura tampoco hizo caso de la contradicción que existe entre la nueva Ley de Transparencia y la Ley Orgánica de la Administración Pública en los requisitos para ser titular del IQTP y aprobaron que pueda ser una persona que proceda directamente de otra entidad federativa, es decir, que no sea nacida en el estado o residente.
La contradicción es franca, pues la Ley Orgánica de la Administración Pública obliga a que los directores de los órganos desconcentrados, como el IQTP, sean nacidos o con residencia mínima de cinco años en el estado, pues indica que los titulares de los cargos dentro de la Administración Central, de la cual forman parte los órganos desconcentrados según su artículo 6, deben cumplir los mismos requisitos para ser secretarios de gabinete.
En cambio, para dirigir el IQTP sólo se pedirá ser persona ciudadana mexicana con al menos 30 años de edad y licenciatura, además de los requisitos de no haber sido dirigente partidista o funcionario por elección popular, Fiscal General o secretario de gabinete durante el año anterior; así como no ser persona violentadora de género ni deudora alimentaria morosa, ni ministro de culto religioso.
Por otra parte, a partir de la entrada en vigor deberá iniciar un proceso de liquidación del Idaipqroo, que estará a cargo de un liquidador designado por la Sefiplan, que concluirá en un plazo de hasta cinco días para el caso de la entrega de los recursos financieros y materiales, y hasta en 10 días para la entrega de informes de Cuenta Pública y los elementos de seguridad de administrador para el acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia.