CHETUMAL.- El Ejido de Morocoy continúa su batalla legal por la recuperación de 300 hectáreas ubicadas dentro de las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kinichná. Aunque la demanda fue presentada originalmente contra diez dependencias federales por la presunta apropiación indebida de estas tierras, el Tribunal Unitario Agrario determinó que únicamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene responsabilidad directa en el caso.
La comisariada ejidal, Sonia Méndez Lile, informó que, tras varios aplazamientos en el desahogo de pruebas, finalmente se realizó la audiencia en la que quedó claro que el proceso deberá encaminarse exclusivamente hacia el INAH. Señaló que los comuneros continuarán aportando elementos para demostrar que la dependencia ha usufructuado por más de dos décadas terrenos que, aseguran, pertenecen legalmente al ejido.
“De los diez demandados, solo quedó el INAH porque todos presentaron escritos deslindándose del asunto. El juez determinó que es la única instancia con injerencia. Seguiremos presentando pruebas para demostrar que han utilizado tierras del ejido durante más de 20 años, donde se encuentran los centros prehispánicos. Queremos que se nos pague lo justo”, expresó Méndez Lile.
Recordó que el INAH tomó control de una amplia superficie colindante con los vestigios arqueológicos hace aproximadamente 25 años, sin autorización de la asamblea ejidal y sin indemnizar a los comuneros. Además, el instituto asegura contar con títulos de propiedad, documentos que los ejidatarios consideran apócrifos.
“Dicen que tienen un título, pero nunca lo han presentado. Según ellos existe, pero fue expedido 18 años después de la constitución del ejido. Vamos a demostrar que ese documento es completamente ilegal. Esto llevará tiempo, pero confiamos en que nos darán la razón. La gente está firme en esta lucha”, añadió.
El Tribunal citó a las partes a una segunda audiencia el 26 de febrero de 2026, donde el ejido aportará nuevas pruebas para sustentar que los predios en disputa fueron adjudicados de manera irregular al INAH. El objetivo es que las 300 hectáreas sean reconocidas como propiedad del Ejido Morocoy y que los 271 ejidatarios reciban la indemnización correspondiente.
Con información de Cambio22