CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022), luego de que un juez federal le negara el amparo con el que buscaba evitar su captura por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.
La gestión fue realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante la Embajada estadounidense y notificada al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas. El pasado 11 de febrero, un juez resolvió no conceder protección judicial al exmandatario ni a cuatro integrantes de su familia.
García Cabeza de Vaca se encuentra fuera del país y es considerado prófugo por autoridades mexicanas. De acuerdo con reportes, reside en Estados Unidos, donde hasta el momento no se ha informado sobre su detención ni sobre el inicio formal de un procedimiento de extradición.
Fuentes federales señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó activar el trámite diplomático con base en una orden de aprehensión emitida en octubre de 2022 por presuntos vínculos con el crimen organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, existe una segunda orden dictada en febrero de 2024.
La resolución judicial más reciente mantiene vigentes ambas órdenes de captura al considerar que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal. El juez determinó que la información presentada por la FGR justifica la medida en esta etapa procesal.
En paralelo, la primera orden de arresto permanece bajo revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras un recurso promovido por la defensa.
En 2025, el exgobernador aseguró que la Interpol retiró la ficha roja en su contra; sin embargo, la Fiscalía sostuvo que dicha notificación fue suspendida de manera temporal por determinaciones judiciales.
Este lunes, sus abogados difundieron un comunicado en el que afirmaron que García Cabeza de Vaca cuenta con protección judicial contra su arresto y adelantaron que impugnarán la resolución más reciente ante un tribunal superior.
El exmandatario, quien gobernó Tamaulipas entre 2016 y 2022 y buscó una candidatura federal en 2024, enfrenta dos órdenes de captura vigentes por presuntos delitos de delincuencia organizada.