CIUDAD DE MÉXICO.- El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el delito de peculado relacionado con un presunto desvío de 5 millones de pesos destinados a obras de salud en 2012.
De acuerdo con la imputación, los recursos formaban parte de un fondo para infraestructura y servicios en beneficio de niños y adultos mayores en la entidad. El juzgador también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Duarte permanecerá en el Reclusorio Norte mientras se desarrolla este nuevo proceso penal.
El juez fijó un plazo de seis meses —que concluirá el 17 de agosto— para la investigación complementaria, periodo en el que tanto la defensa como la Fiscalía General del Estado deberán recabar y presentar las pruebas correspondientes dentro de la causa penal 667/2025.
La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción solicitó una pena de 21 años de prisión para el exmandatario. En contraste, su abogado, Pablo Campuzano, adelantó que apelarán la resolución judicial.
La decisión de mantener la prisión preventiva impacta en la situación jurídica de Duarte, quien tenía previsto cumplir el próximo 15 de abril nueve años de prisión derivados de la sentencia que recibió tras declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero, delitos por los que permanece encarcelado desde 2017.
No obstante, su defensa anunció que solicitará una nueva audiencia antes de esa fecha con el objetivo de buscar un cambio en la medida cautelar.
Al término de la audiencia, que se prolongó por casi 11 horas, Duarte aseguró no estar sorprendido por la resolución. “Gana nuevamente la política sobre la justicia”, expresó ante el juez.
Durante la diligencia de imputación realizada la semana pasada —que tuvo una duración aproximada de siete horas—, el Ministerio Público presentó 38 datos de prueba, entre ellos transferencias bancarias entre tres instituciones financieras donde se habrían depositado 10 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Salud para dos centros de atención: uno infantil y otro para personas de la tercera edad. Según la acusación, únicamente se habrían ejercido 5 millones de esos recursos.