CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la extinción de 109 fondos y fideicomisos aprobada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que se cierra la controversia iniciada en 2020.
La resolución se dio a partir del proyecto del ministro Arístides Guerrero, quien propuso desechar la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición. Su planteamiento fue respaldado por siete votos a favor.
Corte avala cambio en manejo de recursos
El ministro argumentó que la desaparición de los fideicomisos no elimina las obligaciones del Estado, sino que modifica los mecanismos para cumplirlas, al sustituirlos por esquemas presupuestarios directos u otras vías de financiamiento.
Asimismo, el análisis concluyó que no existe afectación a derechos fundamentales, ya que las leyes reformadas obligan a las dependencias a seguir financiando los mismos fines con recursos de sus presupuestos.
Fondos en áreas clave
Entre los fideicomisos eliminados se encontraban aquellos destinados a sectores como ciencia, cultura, deporte, medio ambiente y atención a víctimas.
Esta decisión se suma a una resolución previa del máximo tribunal, emitida en enero, en la que también se avaló la desaparición de estos instrumentos tras una controversia constitucional impulsada por varios gobiernos estatales.
Posturas dentro del pleno
Durante la discusión, el ministro Giovanni Figueroa, aunque votó a favor, expresó reservas sobre la eliminación de garantías presupuestarias suficientes para asegurar derechos económicos, sociales y culturales, al considerar que se trata de una obligación constitucional.
Por su parte, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, reconoció la importancia de mantener mecanismos que garanticen recursos para la protección de derechos humanos.
En contraste, la ministra Lenia Batres señaló que el gobierno federal llegó a operar más de 300 fideicomisos que concentraban alrededor de 835 mil millones de pesos, muchos de ellos administrados a través de instituciones privadas y sujetos a secreto fiduciario, lo que —afirmó— dificultaba su fiscalización.