Signos
Lo peor de todo es la omisión. El silencio. La complicidad manifiesta en el desenfado; en la ausencia crítica absoluta frente al ensordecedor y ominoso estruendo de los sucesos más alarmantes contra el interés fundamental de la población, que es el de su seguridad.
Nada. Pasividad inamovible.
Lo que debía ser preocupación e iniciativa prioritaria y decisiva de las representaciones políticas y de las voces que se asumen como las de la diversidad del pueblo, desaparece de los foros mediáticos y de la opinión pública cuando más debiera defenderse como el mayor de los intereses ciudadanos que se dice representar.
¿Dónde están los aspirantes a las candidaturas por los relevos electorales que vienen? ¿Dónde sus grupos y sus liderazgos y sus brigadistas y promotores de sus perfiles y sus propósitos de gestión representativa futura? ¿Dónde, cuando suceden y se multiplican a plena luz del día violencias criminales como la del secuestro de un policía ministerial en una de las más concurridas avenidas de Chetumal, la capital quintanarroense, el sábado 28 de marzo, en el curso de las febriles campañas anticipadas de los precandidatos a las sucesiones gubernamentales, municipales y legislativas federales y locales que tienen lugar? ¿Dónde está el debate y los litigios políticos e ideológicos y retóricos que importan cuando la institucionalidad desaparece frente a las fuerzas delictivas? ¿Dónde la demanda de los grupos confrontados en la lucha por el poder ante las autoridades policiales, de la Fiscalía y de los Gobiernos responsables? ¿Dónde las acusaciones y las demandas de información en torno de los acontecimientos? ¿Dónde, en lo que se refiere a la violencia, a la impunidad jurisdiccional y política que estimula a las bien identificadas bandas que operan, que matan y secuestran con entera libertad en sus territorios, como en las ciudades más pobladas o en las comunidades rurales e indígenas más deshabitadas y remotas del Caribe mexicano, donde la lógica más básica y el vecino menos informado pueden referir la identidad de los sicarios y sus nexos con la autoridad que ni consigue atraparlos ni dar cuenta de sus negocios?
Vocerío sin sustancia. Demagogia sin causa. Campañas en el vacío.
Arden los entornos y los liderazgos se pierden en la fatuidad de las coreografías de aparador, las imágenes planas de los protagonistas, y las guerras panfletarias ajenas a todo argumento de valor.
¿Cuáles son las causas proselitistas por el Estado? ¿Alguna referencia a lo que debe transformarse y trascenderse?
Sí, sí: la legislación electoral prohíbe los pronunciamientos que pudieran sancionarse como anticipados e impropios de los tiempos establecidos sobre las etapas del proceso (legislación absurda, si de lo que se trata es de identificar las virtudes y las deficiencias identitarias y de servicio de los contendientes, en cualquier tiempo y en cualquier espacio, en tanto se entendería que están hechos para argumentar, dirigir y confrontar, y lo que más importa es conocer sus recursos morales e intelectuales para la competencia y el discernimiento, lo que el sistema prohíbe, mientras el uso prohibitivo de todo tipo de financiamientos negros es imposible de contener por ese aparato rector de los comicios que los hace los más costosos e improductivos del mundo civilizado); prohíbe, en efecto, la legislación electoral, las manifestaciones expresas de los candidatos potenciales, pero no de sus voceros y de sus representaciones más visibles y acreditadas. ¿Y por qué se omite y se silencia lo esencial? ¿Por qué no se ponderan los problemas críticos, históricos y actuales que más apremian la realidad que se padece? ¿Por qué no se abre la guerra discursiva sobre lo importante con toda intensidad?
Los Municipios de mayores ingresos turísticos siguen sufriendo déficits fiscales y de servicios básicos, y todos -los Ayuntamientos- son usados como fuentes industriales de lucro de sus gobernantes y de sus grupos aliados mediante planes a modo de desarrollo municipal y usos de suelo que en lugar de soluciones siguen alentando la marginalidad, el deterioro biótico, la inseguridad y el desastre urbano (los de Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum desde hace años, y ahora también Bacalar; y también el de Chetumal, Othón P. Blanco, que sólo seguirá lumpenizándose, al parecer, sin proyectos creíbles de desarrollo económico), y no hay discusión política ninguna, por ejemplo, sobre esos dilemas letales porque no importan a los grupos partidistas en disputa, los que sólo pugnan por la eventualidad del activismo de la propaganda, cuya superficialidad no advierte sobre la diferenciación cualitativa de sus liderazgos.
En el incendio de la inseguridad y la ingobernabilidad absoluta, la diatriba sin fondo es la que ocupa los titulares de la noticia.
¿Y hay presencia presidencial en los perímetros del desastre para cambiar la ruta del derrumbe? ¿Hay nombres, personajes, iniciativas, líneas representativas de la autoridad presidencial? ¿La llamada ‘cuatro t’ es mejor que lo habido antes ahí? ¿Hay una causa de la regeneración moral en torno de esos ámbitos ruinosos? ¿Se llama a cuentas a los gobernantes y al Fiscal y a los legisladores sobre esos temas cruciales?
¿Cuál es el nivel del debate político cuando ni siquiera desde su abnegada militancia hay modo de defender las razones de las derrotas del obradorismo claudista y revertirlas frente a sus deleznables e insignificantes aliados verdes y petistas (sin poder popular ninguno pero inflados por una democracia enana y tan costosa como fallida), y cuando tampoco asoma la oposición para aprovechar esos frentes caídos?
Silencio, pues. Omisión. Complicidad con la ingobernabilidad y la anarquía. Cero inconformidades políticas capitalizadas contra la impunidad gobernante. Contra el envilecimiento estatal de la reforma judicial, por ejemplo. Contra la criminalidad que impera en las comunidades mayas lo mismo que en Holbox, Chetumal y las caóticas urbes turísticas, como ocurre en casi todas las Entidades del país donde bien se sabe quiénes son los jefes políticos y los Fiscales locales bajo cuyo escudo de corrupción operan los jefes del narcoterror, y los que tanto se niega la Presidencia de la República que se investigue y se procese.
Y así, las guerras sucesorias anticipadas se reducen a las naderías de los nombres de los personajes que se confrontan aquí y allá y cuyo proselitismo se reduce al paisaje de sus congregaciones y sus escenografías, donde ni la narcoviolencia ni las demás realidades críticas son temas de conversación y de debate, y donde el oneroso sistema democrático enseña en realidad para qué sirve.
La política de las postrimerías es deslavada y espuria.
La Presidenta se atiene a sus estándares de popularidad y al inocuo discurso circular de que todos los males son neoliberales y calderonistas, sin reparar en que esa popularidad sigue teniendo más soportes en las herencias carismáticas y los financiamientos del Bienestar obradorista que en las transformaciones nacionales y las conquistas populares propias.
No hay en ella una aptitud dialogante y una postura personal influyente en el espectro político del país. No tiene quién defienda su causa y haga crecer la base social de su izquierdismo doctrinario y las candidaturas del mismo en los Estados y los Municipios del país.
Y por eso los grupos de su partido no parecen contar con esa brújula presidencial y se atienen a las alternativas locales que les parecen más viables, mientras la oposición espera a que el legado de la marca morenista baje de los condicionamientos mayoritarios del sufragio.
Y en el entretanto, los grandes problemas regionales no forman en la agenda de los debates sucesorios.
Amén.
SM