WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una legislación orientada a proteger a empresas estadounidenses en el extranjero, en medio del conflicto entre el gobierno mexicano y la compañía Vulcan Materials Company por sus operaciones en Quintana Roo.
La iniciativa surge tras la decisión tomada en 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de declarar como Área Natural Protegida la terminal marítima de Punta Venado y la cantera operada por la filial Sac-Tun (antes Calica), medida que se mantiene vigente en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.
El nuevo marco legal establece restricciones a embarcaciones que utilicen instalaciones consideradas por el gobierno estadounidense como “ilegalmente expropiadas”. En la práctica, esto impediría su acceso a puertos de Estados Unidos, lo que podría impactar rutas comerciales, cadenas logísticas y proyectos vinculados a esos espacios, como el plan mexicano de desarrollar una terminal de cruceros en Punta Venado.
Durante la discusión, el congresista August Pfluger acusó a México de emprender una estrategia sistemática contra la empresa, al considerar que las acciones del gobierno afectan la certidumbre jurídica y las inversiones extranjeras.
La ley, presentada desde 2025 y aprobada el 27 de marzo con respaldo de republicanos y demócratas, busca responder a lo que legisladores estadounidenses califican como actos de expropiación indirecta o restricciones injustificadas a compañías de su país.
Por su parte, el gobierno mexicano ha sostenido que no hubo expropiación, sino un cambio en el uso de suelo para proteger el medio ambiente, tras señalar daños ecológicos derivados de la extracción de materiales pétreos, como afectaciones a cenotes y al acuífero de la región.
El conflicto se intensificó en 2023, cuando fuerzas federales tomaron control de las instalaciones de la empresa en la zona, lo que derivó en reclamos legales y presión política por parte de la compañía, que mantiene una concesión vigente hasta 2037.
Más allá del caso específico, la legislación estadounidense envía una señal hacia otras inversiones en México, particularmente en sectores estratégicos como energía e infraestructura, al abrir la puerta a medidas unilaterales fuera de los mecanismos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Especialistas advierten que México podría impugnar esta medida en instancias del tratado comercial, al considerar que podría constituir una forma de discriminación o una afectación al comercio bilateral.