CANCÚN.- Luego de varios años de litigio, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito ordenó a autoridades estatales y municipales corregir las graves irregularidades en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey, donde familias enfrentan condiciones precarias por falta de drenaje, agua constante y seguridad.
En conferencia de prensa, Mónica Huerta, representante jurídica de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), y Gerardo Ruiz Guizasol, presidente del Comité Vecinal Paseos Nicte Ha, informaron que la sentencia, correspondiente al amparo en revisión 280/2024 y emitida el pasado 19 de febrero, establece que las autoridades no pueden desentenderse de desarrollos entregados sin infraestructura básica.
Explicaron que el fallo fija obligaciones inmediatas y verificables, entre ellas que los municipios reconozcan formalmente el incumplimiento del desarrollador, mientras que el gobierno estatal deberá iniciar un procedimiento legal para obligar a concluir las obras de agua potable y alcantarillado.
Además, se establece un plazo máximo de tres días para que la constructora responda; en caso de incumplimiento, las autoridades deberán ejecutar una fianza superior a 12.7 millones de pesos, recursos con los que el estado realizará directamente las obras en un periodo no mayor a seis meses.
Los representantes señalaron que esta resolución pone fin a la práctica de deslindar responsabilidades mientras los habitantes viven entre aguas negras y sin servicios básicos, al tiempo que reconoce que el derecho a la vivienda digna implica contar con condiciones reales de habitabilidad.
“El derecho a la vivienda no se cumple solo con entregar una casa, sino con garantizar agua, drenaje, saneamiento y un entorno seguro”, enfatizaron.
Asimismo, el tribunal determinó que, aunque no todas las instituciones tienen las mismas atribuciones, las autoridades en materia de desarrollo urbano están obligadas a vigilar, actuar y corregir estas irregularidades.
Los activistas destacaron que el fallo sienta un precedente para Quintana Roo y el país, al abrir la puerta para que más ciudadanos exijan soluciones en fraccionamientos que presentan problemáticas similares.
Recordaron que el desarrollo fue comercializado hace más de una década en tres etapas; sin embargo, solo se construyó una planta de tratamiento originalmente diseñada para 300 viviendas, la cual terminó dando servicio a cerca de 4 mil 700 casas, provocando su colapso y dejando sin drenaje a la zona.
En cuanto al suministro de agua potable, indicaron que este llega de manera irregular, con baja presión y sin cobertura en niveles superiores, debido a que la desarrolladora no instaló cisternas suficientes para abastecer a toda la comunidad.