Signos
Si Mario Villanueva fuera distinto… ¡Pero no lo es! ¿Qué define más la gravedad de su circunstancia?: ¿su culpabilidad o su modo de ser?
Ejemplo:
Juan Arévalo Gardoqui fue Secretario de la Defensa Nacional en la Presidencia de Miguel de la Madrid y nunca fue acusado de sus inequívocos nexos con el ‘narco’, causantes de la muerte del periodista Manuel Buendía, a quien habría ordenado asesinar bajo la sospecha de que el columnista contaba con información que revelaría en próximas publicaciones suyas acerca de esos nexos, como en su momento divulgara el también prestigiado periodista Miguel Ángel Granados Chapa, señalando como fuente a Samuel Ignacio del Villar, exProcurador de Justicia de la Ciudad de México, amigo suyo, e investigador del homicidio de Buendía por encomienda personal del entonces Presidente Miguel de la Madrid (finados todos ya: Arévalo, Granados, Del Villar, De la Madrid y, por supuesto, Buendía, quien no pudo contar la historia de los inicios de la sociedad entre el alto poder del Estado mexicano y el crimen organizado). Y las evidencias incriminatorias contra Manuel Bartlett Díaz, también de los tiempos presidenciales de Miguel de la Madrid Hurtado, sobran, asimismo. Porque del mismo modo que con los grupos guerrilleros traficantes de drogas en Colombia y en contra de la DEA, la CIA operaba en México con narcotraficantes como Rafael Caro Quintero para financiar a la insurgencia nicaragüense antisandinista, y al ser descubiertas esas operaciones por el agente de la DEA, Enrique Camarena, Caro Quintero lo torturó y lo asesinó por propia mano y pudo escapar luego y esconderse en Centroamérica bajo la protección del Gobierno mexicano, en particular del Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, que colaboraba con la CIA y en contra de la DEA, y cuyo jefe de la Dirección Federal de Seguridad, Antonio Zorrilla Pérez, fue quien recibió la orden del general Arévalo Gardoqui para ejecutar a Buendía, a quien llamaba ‘amigo’ y quien por él supo el periodista del poder trepador inaugural del ‘narco’ en los más altos niveles de la seguridad nacional.
Es decir:
Si Mario Villanueva fuera culpable de los delitos federales que se le imputaron en los tiempos de la Presidencia de Ernesto Zedillo, y si hubiese sido un aliado y un subordinado incondicional del entonces Presidente y hubiese obedecido su decisión de elegir candidata a la sucesión gubernamental a Addy Joaquín Coldwell y no se hubiera opuesto como lo hizo y no hubiera sido un crítico contumaz del liderazgo presidencial de sus últimos días de Gobernador, ¿hubiese sido perseguido y procesado por ‘narco’? ¿Cuánto cuenta en todo su extrema y extrovertida -y no pocos dirían imprudente en tiempos decisivos para su destino-, esa su naturaleza política y sus maneras particulares de afrontar la adversidad y defender su circunstancia?
Porque en la tradición del poder político mexicano y sobre todo en la era del absolutismo gobernante no se perseguía a opositores y enemigos políticos por sus comportamientos delictivos, sino que tales conductas, ciertas o presuntas o inventadas, se convertían en meras coartadas punitivas para ejercer escarmientos y castigos aleccionadores y sentar precedentes contra la afrenta y la rebeldía ante el poder superior. Era la ley al servicio de los poderes fácticos.
‘La persecución presidencial en mi contra es el veneno o la cicuta de la venganza’, dijo o hizo saber en su último mensaje público como Gobernador, y Granados Chapa en su Plaza Pública sobre el tema se refirió a él como el Giordano Bruno o como el Hereje o el Sócrates caribeño, pero acusándolo de querer defenderse de los cargos penales en su contra denunciando, a su vez, la persecución presidencial (por la desobediencia sobre el candidato a sucederlo en el Gobierno de Quintana Roo) en aquel año aciago de mil novecientos noventa y ocho.
Y el caso es que el uso político de la ley ha ensuciado siempre el ejercicio real de la Justicia cuando de personajes del poder público se trata. De tal modo que a tantos años de aquellos conflictos políticos revueltos con causas judiciales, las subjetividades y los usos interesados de la letra constitucional siguen retorciendo la verdad histórica de los sucesos y la razón objetiva del Derecho.
Y como el dinosaurio de Monterroso, Mario Villanueva sigue siendo Mario Villanueva y sigue ahí. Sigue acusando el dolo político del que se defiende con todo el protagonismo mediático de que es capaz, denunciando que sus enemigos y a quienes conviene que siga preso están detrás de las embestidas judiciales que no sólo quieren silenciar sus derechos políticos y de expresión, sino que muera tras las rejas y no en el arraigo domiciliario o dependiendo de alguna medida cautelar alternativa que por sus males de salud y su avanzada edad la ley le permitiera para cumplir su condena en condiciones más benignas.
Y en tanto su naturaleza y su capital político y su influencia en la opinión pública se manifiestan y él los hace valer en defensa de su causa personal, los grupos y liderazgos políticos amigos y enemigos actúan en consecuencia y según sus intereses. Los del partido del Movimiento de Regeneración Nacional que lidera en Quintana Roo Rafael Marín Mollinedo, aspirante a Gobernador del Estado, lo quieren en sus filas, lo buscan como activo y lo visitan con ese propósito, como hizo el propio Marín en fechas recientes, un viejo conocido suyo y amigo desde lejanos tiempos. Y sus enconados enemigos del Partido Verde, que dominan el Gobierno y los poderes públicos de la Entidad con la misma filiación del partido presidencial obradorista, el mismo Morena, han revirado con furiosa indignación contra Mario Villanueva y los morenistas de Marín, y han exigido que el exGobernador sea sacado de su prisión domiciliaria y encerrado de nueva cuenta en un penal federal porque su condición de presidiario le niega el derecho de hacer el activismo político que acusan que realiza en su domicilio, donde no obstante su situación de personaje político debiera, dicen, como dijo el Diputado local Hugo Alday Nieto -del Partido del Trabajo pero cual vocero del grupo gobernante-, evitar relaciones, expresiones y manifestaciones políticas, lo que provocó que el aludido se manifestara y respondiera en absoluto sentido contrario: sus problemas de salud y su edad le daban el derecho del arraigo domiciliario, y la norma constitucional sólo le restringía los derechos políticos de votar y ser votado, no los de reunión ni expresión libre de sus ideas.
Y en medio de tal agitación entre los grupos políticos de choque por la sucesión gubernamental en Quintana Roo llega la demanda de la Fiscalía federal para que se revoque el amparo que determina la prisión domiciliaria de Villanueva y se revela en ella su subjetiva intencionalidad: no aplican las garantías constitucionales de la edad y del grave estado de salud; el activismo político del exGobernador en su domicilio es testimonio más que suficiente de que está en condiciones físicas y mentales inmejorables. Tal es la explicación más lógica, pues, por más que no se documente en la valoración de la demanda de la parte acusadora, y por más que los diagnósticos periciales indiquen lo contrario: que hay sobrados indicios médicos del mal estado de salud del acusado. Es decir: no importa el expediente de los peritos acreditados por la propia Fiscalía acusadora. Importa que si el personaje político procesado y condenado ejerce sus derechos políticos y de expresión, como derechos humanos y constitucionales inalienables en el domicilio de su arraigo, es porque goza de cabal salud a pesar de su avanzada edad, y debe ser devuelto a una celda a morir o a pasar la peor parte de su vida recluido en ella.
Paradojas de la Justicia política, referiría en una reciente conferencia de prensa el propio Mario Villanueva: el exGobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es un prófugo de la Justicia estadounidense protegido por el Gobierno mexicano. Y él, Villanueva, con todos los derechos constitucionales propios de su salud y de su edad para cumplir el resto de su sentencia en condiciones menos letales que las de una celda, como el arraigo domiciliario o un brazalete de seguridad, está sometido a una persecución sin tregua y de una autoría que no puede ser sino política, para que muera tras las rejas.
SM