CHETUMAL.- Familiares de personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal denunciaron un presunto brote de tuberculosis al interior del penal y exigieron la aplicación inmediata de medidas sanitarias, además de que se investigue la actuación de las autoridades responsables por una posible omisión en la atención del problema.
Mediante un escrito dirigido a la gobernadora Mara Lezama, señalaron que la falta de acciones para contener la enfermedad pone en riesgo la salud y la vida de la población penitenciaria, así como del personal administrativo y de custodia.
Los denunciantes afirmaron que, pese a la existencia de casos confirmados, las personas privadas de la libertad continúan compartiendo recipientes y utensilios para consumir alimentos, sin protocolos adecuados de desinfección o esterilización, situación que, aseguran, favorece la propagación de la enfermedad.
Asimismo, indicaron que el comedor del penal se ha convertido en un foco de riesgo sanitario, debido a que personas con síntomas avanzados permanecen conviviendo con el resto de la población sin haber sido aisladas ni recibir, presuntamente, el tratamiento correspondiente.
Los familiares señalaron que la encargada del Cereso, Jetzael Elena Martínez Cisneros, ya fue informada de la situación y le solicitaron ordenar de inmediato la suspensión del uso compartido de utensilios, proporcionar recipientes individuales o implementar un protocolo de esterilización de nivel hospitalario.
También pidieron que el área médica realice un tamizaje a toda la población penitenciaria, identifique y aísle los casos positivos, garantice el suministro del tratamiento contra la tuberculosis y notifique a la Comisión Nacional o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que intervengan conforme a sus atribuciones.
En el documento, responsabilizan a las autoridades penitenciarias de cualquier complicación médica, secuela o fallecimiento que pudiera derivarse de una eventual falta de atención al brote.
Además, sostienen que la ausencia de una respuesta inmediata ante un riesgo epidemiológico conocido podría dar lugar a responsabilidades administrativas, civiles o penales para los servidores públicos involucrados, conforme a la legislación vigente.