Signos
Regresión. Reformismo involutivo de leyes e instituciones.
Y, peor: desde alianzas partidistas perversas que cobran caro y con participaciones cada vez más importantes de poder en las estructuras del Estado Nacional, como la suscrita con el cártel del Niño Verde, con que se aseguran los mayoriteos parlamentarios para las reformas. (Es decir: para las reformas que no afectan los intereses de poder de los verdes, como la judicial o la de medios de comunicación con que se alega defender el llamado ‘Derecho de las audiencias’, porque la electoral con que la Presidenta pretendió reducir los privilegios del negocio partidista simplificando la representación popular al sufragio verdadero ganado en las urnas por los candidatos, fue rechazada de manera tajante y hundida y desaparecida por el Niño Verde y los suyos, como desbaratada fue por ellos, del mismo modo, la que pretendía eliminar el nepotismo del ejercicio político y de los Poderes públicos).
Y así, el aliancismo verdemorenista se torna tan pernicioso para el país por la ganancia de su delincuencia política sobre los territorios electorales conquistados por las nostalgias obradoristas residuales y por los beneficios populares consecuentes del Banco del Bienestar y su dispersión de recursos conquistadores de urnas e indicadores medibles de aceptación y de tendencias partidistas invictas (aún cuando en el anonimato de los otros sondeos de opinión pública se repruebe cada vez más la ineficacia y la corrupción de los gobiernos locales del morenismo), como por iniciativas totalitarias de poder del tamaño de la que ha desvirtuado el sistema de Justicia completo, hasta niveles de infamia y de riesgo inversor y para la legalidad y la seguridad del país, mediante una democratización tan rupestre y utilitaria como la del voto directo de un electorado ajeno en absoluto y por demás analfabeto ante su entorno jurídico y el de los cargos y los candidatos del Poder Judicial a elegir, que el día de los comicios democratizadores desistió masivamente de votar y con su vasta ausencia -de casi el noventa por ciento de los votantes potenciales- posibilitó que los poderes políticos dominantes en las Entidades y en la Federación impusieran a sus particulares defensores del derecho constitucional de todos los mexicanos mediante la inducción de un mínimo insignificante de electores aleccionados para el efecto y representantes formales, en la abstinencia casi absoluta, de la voluntad mayoritaria.
Y ahora, con esa misma calidad moral y esa misma aprobación democratizadora de la canalla verde se defiende el llamado ‘Derecho de las audiencias’ frente a las malsanas intenciones de los poderosos empresarios privados o de los más influyentes profesionales del periodismo y la comunicación social, de aprovechar en su favor y en contra de la verdad objetiva -la que dice defender, en nombre del Pueblo, la Presidenta obradorista de la República-, la ignorancia y la incapacidad crítica y la condición manipulable y avasallable de los públicos destinatarios de los contenidos de sus medios informativos, editoriales y de opinión.
Del valor de la iniciativa y de las premisas y particularidades de defensa gubernamental de su criterio frente a los ataques de la confusión de la verdad -entre lo que es informar, opinar y tergiversar la dimensión de los hechos de la vida pública- de parte de los comunicadores más ruines y decisivos del país, deben estar tan convencidos sus potenciales beneficiarios -las masivas audiencias- como los de la democratización presidencial del Poder Judicial. Y acaso acudirían a sufragar, si fueran convocados para hacerlo, con la misma conciencia crítica de los electores que hicieron posible que tantos inservibles impartidores de justicia y en el nombre y con la representación de los derechos constitucionales de todos, terminaran defendiendo, en realidad, los intereses de los grupos de poder y de la delincuencia política que ganaron con la precipitada democratización presidencial del Poder Judicial de la nación.
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¿Es democrático y ético e imparcial entender que el Pueblo de México -al que tanto se refiere la Presidenta como incorruptible, culto, sabio y dueño de su albedrío, como ningún otro en el mundo- requiere intermediarios oficiales para admitir o reprobar lo que se le transmite desde los medios de comunicación privados? Una ‘comisión de la veracidad’, unívoca e instalada en el Poder Ejecutivo Federal, ¿puede hacer creíble que sus evaluaciones y veredictos sobre los contenidos mediáticos no defienden más los intereses políticos y de poder del grupo dirigente del país que los de la diversidad social y política gobernada?
¿No es entendible, de verdad, que tales prácticas democratizadoras y justicieras son más bien reveladoras de todo lo contrario, y, peor: de una falta total de sentido político y pragmático y de sentido común, que más bien refiere modos retardatarios y rudimentarios del ejercicio del poder del Estado, donde la incompetencia y la improvisación identifican a la izquierda, más que con el progresismo redentor de los pobres y los derechos sociales, con una intención autoritaria y propia de perfidias gobernantes, del signo ideológicos que sean, mal solventadas en el discurso, en las formas y en las actuaciones públicas?
¿No se entiende, de verdad, que esos reformismos soportados en procesos visiblemente arbitrarios y unilaterales y enemigos de la conciliación y el debate plural y propios del mayoriteo del poder por el poder y en alianzas tan delictivas como la del Verde, se asocian mucho -en las versiones actualizadas de la democracia liberal de los tiempos de las economías del subdesarrollo de hoy día- con el proceder de siempre de unas élites enquistadas e inquisidoras contra unos sectores de herejes enemigos ante los cuales al tiempo que se exhibe la fuerza que se sigue preservando se muestra la contradicción de la debilidad de acudir al uso fáctico del poder constitucional -con la delincuencia parlamentaria aliada que sea- para mantenerla a raya en periodos electorales como el del caso, cuando una corte o comisaría o ‘comisión de la veracidad’ del grupo en el poder del Estado se erige cual noción de tribunal de la fe?
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¿Tribunales de la verdad impuestos desde el poder político? ¿En la modernidad democrática y plural de hoy día? ¿Desde el progresismo de vanguardia y defensor de los derechos fundamentales, de todas las garantías individuales, empezando por la libertad de expresión?
¿Y que la izquierda gobernante determine, sobre disposiciones ministeriales de Fiscales y Jueces elegidos por ella y de su misma militancia, que sus delincuentes políticos no existen y los expedientes penales de sus potenciales cómplices del crimen organizado -como el de Hernán Bermúdez Requena, Secretario de Seguridad y jefe de una banda criminal cuando el ahora Senador obradorista, Adán Augusto López, era Gobernador de Tabasco- no pueden informarse, ‘por razones de seguridad nacional’, durante un periodo de cinco años?
¿Y cuando en consumada flagrancia de las prohibiciones proselitistas de la ley electoral por parte de todos sus aspirantes a candidatos y sus cómplices de las dirigencias locales y nacionales -absurdos o no, los impedimentos legislativos, pero obligatorios para toda la comunidad política, la que las viola de manera consuetudinaria y sistemática bajo las narices de la numerosa autoridad que debiera sancionarlas-, la Secretaria de Elecciones del partido presidencial y de la regeneración moral, Citlalli Hernández, afirma sin rubor ninguno que los actos y la propaganda suya y de sus compañeros de partido antes de lo establecido por la norma, con todo y lo sonoros e innegables y mediáticos que son, no significan “campaña anticipada”, sino sólo de “presencia territorial”?
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Puede no trascender el rango del exhibicionismo y la mediocridad gobernante el reformismo de la libertad de expresión para intentar imponer criterios de verdad desde el poder político hegemónico sobre la comunicación social. Puede no tener mayores implicaciones que el de la fatuidad y el protagonismo inútil. Y acaso eso sea lo peor de todo: el nivel de Estado que se expresa y de la civilidad que lo legitima y lo sostiene.
SM