Signos
La protección a la delincuencia política ‘de izquierda’ le está saliendo cara a la Presidenta.
Está evidenciando cosas extremadamente fuertes. Al límite.
Las alianzas criminales del obradorismo parecen irrenunciables, de vida o muerte, y Washington no puede sino tener pruebas irrefutables sobre las mismas. Alianzas que en México son de sobra conocidas -el ‘narco’ traficando y extorsionando y huyendo de sus matazones a la vista de los vecinos y en las narices mismas de las autoridades locales de todos los niveles; el contrabando de combustibles usando plantas de procesamiento y refinación tan inocultables como catedrales y al lado mismo de instalaciones policiales; los financiamientos electorales y las movilizaciones y los crímenes políticos de los hijos del Chapo, del Mayo y sus sicarios respectivos, por ejemplo, como contra Melesio Cuén y José Rosario Heras, en Culiacán- y cuya exigencia de pruebas contra la demanda estadounidense al Gobierno mexicano de entregar culpables es, justamente, la mayor prueba del encubrimiento y de las alianzas inocultables del crimen organizado con el obradorismo, a través de sus delincuentes institucionales.
¿Por qué atenerse tanto al recurso demagogo de la defensa del soberanismo acusatorio del injerencismo imperial estadounidense y rechazar a toda costa la barredora a fondo sobre la delincuencia política nacional?
Si no lo es, la lógica lo advierte:
Es tan evidente el recurso del soberanismo como alternativa de encubrimiento de esa delincuencia política de izquierda que la dependencia obradorista respecto de ella debe ser muy, muy poderosa.
La pregunta no es si el encubrimiento existe o no. Sino por qué a costa de la ruptura con el vecino y socio más poderoso e importante del mundo. Y, más: por qué a costa de la sobrevivencia misma de la izquierda al frente del Estado Nacional, y a costa, acaso, de su existencia como partido (que podría correr la suerte de su antecedente, el PRD) y como grupo político de poder sin más.
Porque el factor de la inocencia y de los héroes niños de la democracia soberana no cuenta aquí como cuento chino de que sólo por ser de izquierda se quiere acabar desde el supremacismo ultraderechista imperial trumpista con personajes tan inmaculados como Rocha Moya, Andy, Adán Augusto, Américo, Durazo, Bedolla, Evelyn, Mara, Marina del Pilar y Fiscales y cientos de Munícipes y jefes policiales y huachicoleros similares, anexos y conexos, a los que no debe tocarse ni con el pétalo de una suspensión de visas ni mucho menos de una demanda de extradición.
A menos que se sea escandalosamente ingenuo, por así decirlo (una vasta manada militante), podría apostarse el pellejo de la dignidad y de la integridad de la regeneración moral de la izquierda inmolándose en la defensa de tamaños ‘defensores de la transformación’, que de vanguardias de la moral y de la izquierda tienen lo que Salinas Pliego de defensor del pensamiento libre, del sufragio efectivo, de la democracia y del bienestar popular.
Sí, sí: la espada y la pared. Puede ser.
La apariencia de entreguismo a Estados Unidos puede roer los cimientos de la legitimidad de la izquierda doctrinaria y antiyanqui por naturaleza.
Pero la defensa del soberanismo criminal puede quemar las banderas y las naves de la integridad moral del obradorismo y de la izquierda defensora de la legalidad y la justicia del Pueblo.
Ser o no ser.
Seguir sosteniendo que no han sido las debilidades éticas y gobernantes propias sino sólo el ultraderechismo imperial y el colonialismo doméstico aliado los culpables del cambio de manos del poder de progresistas a oligarcas, puede ser muy válido. Pero gobernar priorizando el asambleísmo desaforado, al más clásico estilo de la izquierda doctrinaria y preparatoriana, para defender a Andy López Beltrán y similares -como víctimas de un ataque sistemático que es contra todo México- tras la suspensión de visas a él y a otros tantos como él acusados por Washington de indeseables o de sospechosos de causas delictivas o enemigas de su interés o su seguridad nacional, no abona mucho a la creencia de que así defiende el Estado mexicano los intereses generales y los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, sino sólo los del Pueblo, o los de esa parte de la diversidad social y de los pueblos originarios que aplaude a la Presidenta de la izquierda obradorista de México.
SM