CANCÚN.- Actores políticos, empresarios y representantes de distintos municipios de Quintana Roo presentaron este miércoles la denominada “Declaración de Libertad del Estado de Quintana Roo ante sus opresores criminales”, un pronunciamiento en el que cuestionan la situación de seguridad en la entidad, exigen acciones contra el crimen organizado y lanzan críticas contra la administración estatal.
Entre los firmantes se encuentran Gustavo Miranda; el exalcalde de Benito Juárez, Greg Sánchez; el exdiputado José Luis “Chanito” Toledo; el empresario turístico de Tulum Eugenio Barbachano, y el exalcalde de Cozumel Juan Carlos González.
También aparecen Tania Casamadrid y Cristina Coronado, por Bacalar, así como Domingo Flota y Joaquín Inurreta, por José María Morelos, entre otros participantes.
“La inseguridad no es un problema de ‘percepción’, sino una realidad cotidiana que obliga a familias enteras a vivir con miedo, expulsa inversión, cierra negocios y desalienta el turismo”, sostiene el documento presentado este miércoles.
El grupo se define como independiente de intereses partidistas y cacicazgos y asegura que tampoco responde a quienes, según sus palabras, pretenden “negociar nuestro territorio como moneda de cambio”.
Una parte central del pronunciamiento está dedicada a la inseguridad. Los firmantes acusan a las autoridades encargadas de proteger a la población de haber tolerado la actuación de grupos criminales que, aseguran, afectan a las familias, extorsionan a comerciantes y campesinos, corrompen instituciones y dañan el tejido social.
Estas acusaciones forman parte del posicionamiento político de los firmantes y en el documento difundido no se presentan elementos que permitan acreditar responsabilidades específicas de funcionarios o autoridades en los hechos señalados.
La declaración también vincula parte de los problemas turísticos y laborales del estado con la atención al recale de sargazo y cuestiona las condiciones del campo, la Zona Maya, los productores, la infraestructura y los destinos turísticos.
Además, sus integrantes denuncian presuntos actos de persecución política, utilización selectiva de la justicia, fabricación de carpetas de investigación y ataques mediáticos contra personas que cuestionan a las autoridades. Tampoco se detallan en el pronunciamiento casos específicos que permitan corroborar estas acusaciones.
Entre sus exigencias se encuentran fortalecer el Estado de derecho, combatir de manera efectiva al crimen organizado y la corrupción política, así como terminar con lo que califican como “impunidad selectiva”.
“Nos negamos a seguir siendo espectadores de la decadencia, avanzando de la queja a la acción”, señala el documento.
Como parte de esta estrategia, el grupo plantea impulsar la organización ciudadana mediante comités que elaboren propuestas y desarrollen acciones permanentes, con el objetivo que sus integrantes definen como recuperar la capacidad de autogobierno de Quintana Roo.
“El quintanarroísmo debe estar por encima de los partidos políticos, libre de la captura de intereses que anteponen el poder al bien común de la ciudadanía”, concluye uno de los puntos de la declaración.