CIUDAD DE MÉXICO.- Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, promovió un juicio de amparo para reclamar la presunta dilación de la Fiscalía General de la República (FGR) en determinar si ejercerá o no acción penal dentro de una investigación iniciada en 2023.
El recurso fue presentado el 11 de septiembre ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México y está relacionado con la carpeta FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023.
La demanda señala como acto reclamado la falta de una determinación del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula I-7 de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP), respecto a si procede o no ejercer acción penal.
El expediente disponible públicamente no precisa qué hechos dieron origen a la investigación ni establece la calidad jurídica con la que Pío López Obrador aparece dentro de ella, por lo que tampoco es posible determinar, con la información conocida hasta ahora, si está relacionada con investigaciones anteriores en las que ha estado involucrado.
El asunto quedó a cargo de Gabriela Sandoval Saavedra, jueza Decimotercera de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. En un acuerdo publicado el 17 de septiembre en el portal del Órgano de Administración Judicial se informó que el promovente sería notificado por vía electrónica.
La información difundida sobre el expediente tampoco precisa si la demanda de amparo fue admitida a trámite ni si la juzgadora concedió alguna medida cautelar. La petición se concentra en que el Ministerio Público emita una determinación sobre el ejercicio o no de la acción penal en la carpeta abierta desde 2023.
El nuevo procedimiento ocurre después de que concluyera un expediente distinto relacionado con los videos difundidos en 2020, en los que Pío López Obrador apareció recibiendo dinero en efectivo de David León Romero. Las grabaciones correspondían a hechos ocurridos en 2015 y dieron origen a denuncias e investigaciones por posibles irregularidades electorales.
En octubre de 2022, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales determinó el no ejercicio de la acción penal en una investigación relacionada con esos hechos.
Posteriormente, en marzo de 2026, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del Instituto Nacional Electoral que cerró el procedimiento de fiscalización relacionado con el caso, ante la falta de elementos suficientes para acreditar una infracción.
Sin embargo, ese procedimiento electoral es distinto de la carpeta FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023 que dio origen al nuevo amparo. Hasta ahora no existe información pública suficiente para establecer que ambos expedientes estén relacionados.
De esta manera, el recurso promovido por Pío López Obrador no busca, de acuerdo con la información disponible, frenar una orden de aprehensión o una acción penal ya ejercida, sino obtener una definición de la FGR sobre una investigación que permanece sin resolución desde 2023.