CIUDAD DE MÉXICO.- Las conversaciones entre el Gobierno de México y la empresa estadounidense Vulcan Materials para resolver el futuro de los terrenos de Calica y la terminal marítima de Punta Venado permanecen estancadas, pese al reciente fallo de un tribunal internacional que resolvió la mayor parte de las reclamaciones económicas presentadas por la compañía.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que las negociaciones no han registrado avances importantes, aunque confirmó que ambas partes mantienen comunicación para buscar una salida al conflicto relacionado con la extracción de piedra caliza en la Riviera Maya.
“No avanzamos todavía mayormente en eso, pero en esas pláticas estamos”, declaró durante su conferencia matutina, al ser cuestionada sobre la situación de la empresa y el futuro de sus instalaciones en Quintana Roo.
La mandataria explicó que uno de los principales objetivos de Vulcan es obtener autorización para retirar el material pétreo que extrajo antes de la suspensión de sus actividades y que todavía permanece almacenado en los terrenos de Calica.
Por su parte, el Gobierno federal busca que cualquier acuerdo incluya la restauración de las áreas afectadas por la actividad minera, con los trabajos de remediación ambiental a cargo de la compañía.
Otro punto de la negociación es el futuro de Punta Venado, terminal marítima utilizada durante décadas para exportar piedra caliza hacia Estados Unidos y cuya operación ha estado vinculada con las actividades de Vulcan.
Sheinbaum planteó que esta infraestructura pueda aprovecharse para otras actividades comerciales y no permanezca destinada exclusivamente a las operaciones de la empresa estadounidense.
“Es un puerto de altura muy importante para el sureste”, señaló al explicar el interés de su administración en ampliar las posibilidades de utilización de la terminal.
La presidenta consideró que Punta Venado tiene relevancia estratégica para el movimiento de mercancías en la región, por lo que su eventual apertura a otros usuarios forma parte de los asuntos que se mantienen sobre la mesa de negociación.
Sin embargo, hasta ahora no se ha informado de acuerdos concretos sobre la salida del material almacenado, la remediación ambiental o las condiciones bajo las cuales podría ampliarse el uso del puerto.
Las conversaciones continúan después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado con el Banco Mundial, emitiera el pasado 27 de julio un laudo sobre la controversia promovida por Legacy Vulcan contra el Estado mexicano.
En ese procedimiento, la compañía reclamaba una indemnización superior a mil 700 millones de dólares por distintas medidas adoptadas por las autoridades mexicanas.
El tribunal desestimó la mayor parte de las reclamaciones y determinó una compensación de 15.88 millones de dólares, relacionada con la clausura de uno de los predios de la empresa en enero de 2018.
Sheinbaum aclaró que ese resolutivo no corresponde directamente al decreto de Área Natural Protegida establecido en 2024, sino a acontecimientos anteriores dentro de la disputa entre México y Vulcan.
El conflicto adquirió mayor dimensión durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el Gobierno federal cuestionó los impactos ambientales de la extracción de piedra caliza realizada por Calica en la franja comprendida entre Playa del Carmen y Puerto Aventuras.
En mayo de 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las operaciones extractivas de la compañía, después de que las autoridades federales señalaran presuntas irregularidades ambientales y actividades fuera de los permisos correspondientes.
Posteriormente, López Obrador propuso adquirir los terrenos por 6 mil 500 millones de pesos, pero la oferta no fue aceptada por la empresa.
La confrontación se agravó en marzo de 2023, cuando elementos de la Secretaría de Marina y policías ingresaron a Punta Venado para permitir la descarga de un buque de Cemex. Vulcan cuestionó la legalidad de esa intervención.
En septiembre de 2024, poco antes de concluir el sexenio anterior, el Gobierno federal decretó el Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, que comprende terrenos de la compañía y establece restricciones a nuevas actividades mineras.
La empresa rechazó esa determinación y sostuvo que las restricciones impuestas sobre sus propiedades constituían una expropiación.
Calica había desarrollado actividades de extracción de piedra caliza durante casi cuatro décadas en la Riviera Maya, con una operación que incluía el traslado del material hacia Estados Unidos mediante la terminal de Punta Venado.
Aunque la actividad minera permanece restringida, la concesión portuaria continúa vinculada con Vulcan, circunstancia que representa otro elemento relevante dentro de las negociaciones.