Sheinbaum exige pruebas sobre presunta red de corrupción y financiamiento político en Tamaulipas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de Estados Unidos no ha entregado pruebas que sustenten los señalamientos sobre presuntos vínculos entre empresas relacionadas con el Cártel del Noreste, el financiamiento de campañas políticas y la adjudicación de contratos de obra pública en Tamaulipas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense contra cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con esa organización criminal.

Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revisan este tipo de señalamientos, pero insistió en que es necesario contar con elementos probatorios para determinar si existen operaciones ilícitas o relaciones con grupos delictivos.

“Muchas veces plantean que hay vínculos con organizaciones delictivas; lo que hemos dicho muchas veces es que nos den las pruebas”, expresó.

La presidenta sostuvo que, cuando la UIF no encuentra elementos que acrediten las acusaciones, las medidas anunciadas por Washington permanecen como sanciones adoptadas por las autoridades estadounidenses, sin que ello implique que México haya comprobado los hechos señalados.

“Cuando la UIF no encuentra pruebas, solo es la sanción de Estados Unidos”, puntualizó.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló la existencia de una presunta red de corrupción relacionada con el Cártel del Noreste, mediante la cual determinadas empresas habrían aportado recursos a campañas políticas y participado en contratos de obras públicas en Tamaulipas.

Las autoridades estadounidenses incluyeron en sus sanciones a cuatro personas y 11 compañías que, según sus investigaciones, estarían relacionadas con actividades de la organización criminal.

Ante estos señalamientos, Sheinbaum reiteró su petición de que Washington comparta la información y las evidencias que sustenten las acusaciones, con el propósito de que las instituciones mexicanas puedan realizar las investigaciones correspondientes.

La mandataria dejó claro que las sanciones impuestas por Estados Unidos no constituyen, por sí mismas, una comprobación de responsabilidad por parte de las autoridades mexicanas.

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