CIUDAD JUÁREZ.- Un juez federal ordenó el sobreseimiento de la causa penal 237/2023 contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), al determinar que cumplió las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso que enfrentaba por el delito de ejercicio indebido del servicio público, relacionado con el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en una estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La resolución, emitida por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, tiene efectos equivalentes a una sentencia absolutoria, por lo que Garduño no tendrá antecedentes penales derivados de este procedimiento.
El incendio provocó la muerte de 40 hombres migrantes y dejó 27 personas lesionadas, en uno de los episodios más graves registrados en instalaciones migratorias mexicanas.
La audiencia se desarrolló durante más de siete horas en la sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, con la participación del exfuncionario y su defensa, representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), asesores jurídicos, víctimas sobrevivientes y familiares de las personas fallecidas. Algunos de estos últimos intervinieron por videoconferencia desde sus países de origen.
También estuvieron presentes representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) y del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).
El procedimiento penal había sido suspendido condicionalmente en enero de 2025, cuando el juzgador impuso a Garduño diversas obligaciones, entre ellas mantener informado al tribunal sobre su domicilio, cumplir con la reparación del daño y garantizar atención médica a sobrevivientes y familiares de las víctimas mortales.
Asimismo, debía ofrecer una disculpa pública, participar en cursos de derechos humanos y protección civil, promover la capacitación del personal del INM, supervisar las condiciones de seguridad en estaciones migratorias y presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales en Ciudad Juárez.
Durante la audiencia, la agente del Ministerio Público federal Iliana Ruiz Bautista sostuvo que el excomisionado había satisfecho todas las condiciones establecidas, por lo que la FGR no se opuso a la conclusión definitiva del proceso.
La representante de la Fiscalía explicó que, después de dejar la titularidad del INM, Garduño dio instrucciones para constituir un fideicomiso destinado a indemnizar a víctimas que todavía no habían recibido compensación. Mediante ese mecanismo se entregaron tres millones 500 mil pesos a ocho personas afectadas.
Los representantes de la CEAVE y del INDAABIN coincidieron con la Fiscalía en que se habían cumplido las obligaciones judiciales.
Sin embargo, sobrevivientes y familiares de las personas fallecidas rechazaron esa valoración. Durante sus intervenciones señalaron que el cumplimiento había sido parcial y manifestaron su desacuerdo con el cierre de la causa penal.
Marcos Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), organización que acompaña a 19 núcleos de las 67 víctimas, cuestionó la actuación de la FGR desde la formulación de la acusación.
El representante legal consideró que la Fiscalía favoreció a Garduño al imputarle ejercicio indebido del servicio público, un delito que, según explicó, permitió al exfuncionario acceder a la suspensión condicional del procedimiento.
También argumentó que el proceso no debía concluir mientras permanecieran pendientes de resolución diversos juicios de amparo relacionados con las causas penales iniciadas a raíz del incendio.
Ante esta situación, anunció que la organización presentará un recurso de apelación para impugnar el sobreseimiento dictado por el juez federal.
Antes de conocer la resolución, Garduño dirigió un mensaje a las víctimas y sus familiares, en el que pidió disculpas por cualquier daño que hubiera ocasionado y aseguró que acataría la decisión judicial.
“Si alguna vez hice daño a alguien, pedirles y suplicarles me disculpen. También soy humano, también tengo problemas de salud y crisis psicológicas. Agradezco su prudencia y tolerancia; no importa su resolución, afrontaré las resoluciones jurisdiccionales”, expresó.
Con la determinación judicial concluye la causa penal seguida contra el excomisionado, aunque los representantes de las víctimas mantienen su inconformidad y buscarán revertir la resolución mediante los recursos legales correspondientes.