
CANCÚN.- Habitantes de cuatro comunidades cercanas a Isla Blanca denunciaron que desde marzo no pueden completar trámites de sus propiedades por un presunto bloqueo administrativo que atribuyen a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Aseguraron que las dificultades comenzaron tras el anuncio de la carretera Cancún-Isla Blanca y que algunos vecinos tampoco han podido concretar la venta de sus terrenos.
Jaime Novelo, Edsel Davidson y Carl Sonntag, representantes de Francisco Javier, Santa Fátima, La Esperanza y San Ramón, solicitaron una audiencia con las autoridades federales para aclarar la situación y garantizar que la obra avance sin afectar sus propiedades.
Novelo sostuvo que no se oponen a la carretera, aunque consideró que no fue planeada para beneficiar directamente a sus comunidades y señaló que atraviesa terrenos de la zona. Pidió atender la fragilidad ecológica del lugar y reconocer la permanencia de las familias.
“Nuestras historias empiezan a partir de los años 60 y estamos por cumplir 40 años de vivir ahí”, expresó.
Davidson, presidente de la Asociación de Colonos Francisco Javier desde hace diez años, afirmó que los predios cuentan con escrituras públicas inscritas en el Registro Público de la Propiedad y cédulas catastrales, incluidos los colindantes con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
Añadió que los propietarios pagan predial en Isla Mujeres y reciben las actualizaciones de las tablas catastrales que, según explicó, realiza la Legislatura cada tres años. Sostuvo que la zona cumple con las disposiciones aprobadas por el Congreso estatal y que algunas familias tienen uso de suelo habitacional.
La asociación, indicó, nació para organizar a los colonos y actualmente representa también a propietarios de terrenos que abarcan más de 300 hectáreas. Pese a esa documentación, acusó a Sedatu de negarles diversos trámites.
Sonntag relató que a él y a su esposa les rechazaron un certificado de no gravamen en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, sin explicarles la razón. Su predio, precisó, está constituido mediante un fideicomiso bancario.
“Como nosotros, pasó con varios vecinos. Tenemos 44 años en la zona, nuestra propiedad la habitamos tiempo completo”, señaló.
El propietario contrastó esas dificultades con el desarrollo de Costa Mujeres, donde, según sus cifras, existen cuatro kilómetros de playa y alrededor de nueve mil habitaciones hoteleras. Calificó las negativas como un bloqueo administrativo federal, aunque la información proporcionada no incluye una explicación oficial que establezca el origen de las restricciones.
También afirmó que los habitantes reúnen dinero para contratar maquinaria y reparar el camino cuando se deteriora.
Los representantes señalaron que durante décadas han procurado conservar el entorno de la laguna Chacmuchuc y las dunas costeras de Isla Blanca. Pidieron la intervención del Gobierno federal, de las autoridades responsables del Registro Público y de la presidenta de México para obtener respuestas, proteger su derecho a la propiedad y alcanzar acuerdos sobre la carretera.