La última palabra
Por Jorge A. Martínez Lugo
• ¿Mensaje para el “magistrado imperial” Heyden?
• Iniciativa para combatir la corrupción y garantizar correcta impartición de justicia desde el Poder Judicial del Estado.
(La prevaricación o prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.)
En la sesión 19 de la noche del 9 de abril, se dio lectura a la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, con el objetivo de adicionar la figura de “prevaricato” para poner freno a la corrupción y combatir las redes de complicidad entre servidores públicos encargados de impartir justicia.
Lo que se busca es sancionar a servidores públicos que participan en la impartición de justicia para que no sean juez y parte al dictar sus resoluciones, expresó la diputada Andrea del Rosario González Loría, autora de la iniciativa, al hacer uso de la palabra en la máxima tribuna del Congreso.
Los delitos son más graves y dejan indefensa a la sociedad, agregó, cuando el acto de corrupción lo comete una persona servidora pública encargada de algún área de la impartición de justicia como son los casos de jueces y magistrados del Poder Judicial.
La legisladora González Loría destacó que el prevaricato, al ser un delito cometido por los servidores públicos que dictan resoluciones judiciales arbitrarias o injustas, por beneficio propio o ignorancia, no afecta solo a algún particular sino a todo el tejido social y repercute en la gobernabilidad misma.
Llama la atención que esta iniciativa ingresó con la categoría de preferente, ya que se publico en la Gaceta Parlamentaria en la mañana del mismo día de la sesión, 9 de abril, y en la noche ya se le estaba dando lectura y fue turnada de inmediato a comisiones.
Es un ejemplo del que habló la diputada panista Cinthia Millán en la misma tribuna, al quejarse de que a su iniciativa le fue dada lectura después de 21 días, por lo que denunció discriminación a las diputadas de oposición, ante la abrumadora mayoría de 23 diputadas y diputados contra tres.