La detención en octubre pasado en Estados Unidos del secretario de la Defensa Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, aunque inesperada e inédita, no fue del todo una sorpresa luego del arresto de numerosos exfuncionarios peñistas en los últimos dos años. Sin embargo, todo lo que involucró la investigación de éste por parte de las autoridades estadounidenses, causó el deterioro de la relación que México mantenía con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de aquel país. Con la polémica, Estados Unidos se vio forzado a retirar los cargos y devolver al general a la Justicia mexicana para que lo investigara. Hoy Salvador Cienfuegos fue encontrado inocente por la Fiscalía General de la República, mientras que el Gobierno estadounidense, molesto por la publicación completa del expediente que armó en contra de éste, confirmó que podría reabrir el caso.
Javier Ramírez
Bastaron menos de dos meses para que la Fiscalía General de la República (FGR) diera su veredicto por la investigación que inició contra el general retirado Salvador Cienfuegos Zepeda, quien en noviembre del año pasado regresó a México tras su liberación en Estados Unidos, donde fue detenido por presuntamente proteger a un grupo delictivo mexicano.
Cienfuegos se había convertido en el exfuncionario de más alto rango de la administración de Enrique Peña Nieto en ser detenido, por lo que se esperaba que un eventual juicio y encarcelamiento en México abriera la puerta para hacer lo propio con el resto de sus presuntos cómplices.
Sin embargo, pasó a formar parte de una cada vez más creciente lista de expeñistas que han sido aprehendidos -en este u otros países- y posteriormente liberados por el actual Gobierno de la Cuarta Transformación.
Descartan pruebas
Este 14 de enero la FGR anunció que había decidido no ejercer acción penal contra el extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, tras concluir que éste no tuvo contacto ni protegió a los integrantes de una organización delictiva denominada Cártel H-2, a los cuales, según la acusación en los Estados Unidos, había permitido el tráfico de drogas al vecino país del norte.
Asimismo, detalló el informe, no se detectó que exista alguna irregularidad en su situación patrimonial o en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que fuera indicio de que estuviera recibiendo dinero por otra cosa que no fueran sus percepciones en el servicio público.
Debido a esto, y al no encontrarse prueba alguna, el general quedaba exonerado de toda acusación y en completa libertad.
De esta manera, las autoridades mexicanas echaron en saco roto la investigación que las autoridades estadounidenses habían iniciado contra Cienfuegos desde el año 2013.
Y es que de acuerdo con la corte del Distrito Este de Nueva York, el exsecretario, a quien se le conoció como “El Padrino”, habría utilizado su cargo para ayudar al referido cártel a traficar varias toneladas de marihuana, cocaína, metanfetamina y heroína a los Estados Unidos.
Dicho grupo criminal, surgido de la organización de los Beltrán Leyva a comienzos de la pasada década, era comandada entonces por Juan Francisco Patrón, alias “H2” y/o “El Chico”, quien vio “florecer” sus negocios en los Estados de Nayarit y Jalisco, principalmente en el primero, donde contó el apoyo del entonces fiscal Édgar Veytia, detenido en 2017 cuando intentó fugarse a Estados Unidos.
Según las pruebas presentadas en la corte estadounidense, aparentemente obtenidas de un teléfono BlackBerry intervenido, el Cártel H-2 escaló su red de corrupción hasta llegar a Salvador Cienfuegos, a quien pagaban para apoyar al cártel en su expansión hacia otros Estados mientras enviaba operativos militares en contra de los Beltrán Leyva.
Restricciones a la DEA
Cuando se dio a conocer la detención de Cienfuegos en octubre pasado, el presidente de la República la calificó como “un hecho muy lamentable”, recordando que no se podían adelantar vísperas ni hacer juicios sumarios, pues todo debe probarse. Aunque, dijo, se trataría de “una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal”.
El 17 de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la juez Carol Amon, de la Corte federal de Brooklyn, retirar los cuatro cargos que se le imputaban al general mexicano en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido el 15 de octubre.
Al ser cuestionada de si dicha decisión había sido tomada al más alto nivel del Departamento de Justicia, la juez respondió que se trató de un acuerdo con el Gobierno de México, concretado por el titular del Departamento de Justicia William Barr y el fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero.
Cienfuegos dejó Estados Unidos unas horas después y el canciller Marcelo Ebrard aseveró que se había tratado de la defensa de la dignidad y del prestigio de México y sus instituciones, pero sin defender la impunidad, por lo que el exfuncionario sería investigado en su país y no en Estados Unidos.
Unas semanas después, el presidente presentó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, para establecer reglas sobre el trabajo de la DEA y otras agencias de investigación extranjeras en México.
Fue precisamente este 14 de enero, fecha en que se dio ‘carpetazo’ al caso de Cienfuegos, que el Gobierno mexicano la publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Abriría EU el caso
Tras la exoneración del general, el presidente Andrés Manuel aseveró que las autoridades estadounidenses no actuaron con profesionalismo y que no porque se trate de una investigación extranjera significa que no se cometan errores.
“En este caso, con todo respeto, los que hicieron esta investigación no actuaron con profesionalismo, aunque nosotros los respetamos a los Gobiernos extranjeros y somos partidarios de la autodeterminación de los pueblos y de la no intervención, pero no todo lo de afuera es bueno, es excelente tampoco es malo. Tenemos que ser objetivos”, comentó, y acusó a los periodistas de defender a los Estados Unidos y atacar a México al cuestionar la autonomía de la Fiscalía General de la República.
Una portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró a El Universal que el Gobierno estadounidense se reservaba el derecho de reiniciar el enjuiciamiento de Cienfuegos si el Gobierno mexicano no lo hace. Un funcionario estadounidense, en el anonimato, dijo no sorprenderse de la resolución de su contraparte mexicana, porque al final “México es un narco-Estado”.