CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal concedió una suspensión de amparo que facilitó la libertad del contralmirante de la Secretaría de Marina, Fernando Farías Laguna, quien había sido detenido el 26 de agosto y hoy es prófugo de la justicia, señalado –junto su hermano Manuel Roberto, también mando de la Marina, ya detenido–, de liderar una red de huachicol fiscal.
José Alberto Rodríguez Rivera, secretario del juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, concedió la suspensión de amparo a favor de Farías Laguna, sobrino del extitular de la Marina, Rafael Ojeda Durán.
La suspensión frena la orden de aprehensión en contra del mando naval por el delito de delincuencia organizada, pero su efecto está condicionado a que Farías Laguna pague una garantía de 49 mil pesos y cumpla con la obligación de comparecer físicamente ante la autoridad en un plazo no mayor a 72 horas.
Farías Laguna promovió el amparo el 29 de agosto pasado, es decir, 10 días después de que la FGR judicializara la carpeta de investigación por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
Entre los argumentos que dio el elemento de la Marina para solicitar el amparo, señaló que la Fiscalía General de la República le había negado en reiteradas ocasiones el acceso al expediente de investigación y, por tanto, consideró ilegal que se solicitara una orden de captura en su contra en dichas circunstancias.
El caso del huachicol fiscal es una de las principales investigaciones que ha tenido el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y en ese caso están implicados decenas de funcionarios de dependencias como la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas, entre otras, así como empresarios e incluso un exjuez.
Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las Fuerzas Armadas han detenido a 14 personas integrantes de la red criminal, entre ellas Manuel Fernando Farías Laguna, principal cabeza de la organización y marino de más alto rango implicado hasta ahora en el caso.
El martes pasado, un juez federal vinculó a proceso a nueve elementos de la Secretaría de Marina, y cinco civiles acusados de participar en un esquema que permitió que 31 embarcaciones introdujeran de manera ilícita a México millones de litros de combustible desde Estados Unidos.
De los 14 vinculados a proceso, 13 permanecerán recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano y dos mujeres en el penal femenil de Morelos.
Perla Elizabeth, funcionaria aduanal de Tampico, seguirá su proceso en prisión domiciliaria, ya que está embarazada.
Fuente: El Financiero