Como parte de la política de la ‘Cuarta Tranformación’ de no permitir más dispendio de recursos al interior de las instituciones gubernamentales, a lo largo de estos últimos tres años se han revelado decenas de casos de corrupción al interior de varias dependencias, donde se han visto fuertes recortes presupuestales con el fin de trabajar más con menos. Las noticias acerca de desvíos en paraestatales como Petróleos Mexicanos y secretarías y/o organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social han sido ampliamente difundidas por las autoridades federales debido a que provocaron golpes a la producción y atención de los mexicanos. Sin embargo, en prácticamente ningún caso se han interpuesto denuncias penales, quedando solamente en manos de la Secretaría de la Función Pública decidir el futuro de los exfuncionarios corruptos, que, a lo mucho, son inhabilitados por algunos años para trabajar en el Gobierno. Por ello, llama la atención la intención de la Fiscalía General de la República de poner tras las rejas de una treintena de científicos, académicos y especialistas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quienes supuestamente han utilizado a diestra y siniestra el presupuesto de la institución para garantizarse una vida de lujos y viajes. La Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, que de por sí ha demostrado su ineficacia a la hora de llevar a probados delincuentes de cuello blanco a la cárcel, podría quedar en ridículo nuevamente, y todo por aparentemente un acto de venganza del mismo fiscal, quien no habría tolerado las burlas de una parte de la comunidad científica, luego de que en junio pasado fue admitido y llevado al nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores -del cual había sido rechazado desde 2010 por no cumplir con los requisitos y descubrirse que plagia textos para los libros que escribe- gracias a la intervención de la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Bullya.
Javier Ramírez
El pasado 20 de septiembre, el periodista Raymundo Riva Palacios dio a conocer que la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, solicitó una orden de aprehensión en contra de 31 integrantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ante la evidencia de que han causado un daño al erario público al recibir un millonario financiamiento. Sin embargo, la petición fue rechazada por un juez.
Desde entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a exponer los abusos presuntamente cometidos por dicho grupo de investigadores, científicos y académicos, quienes, aseguró, han utilizado la dependencia para garantizarse una vida de lujos mediante una asociación civil que ellos crearon y que recibió, entre 2002 y 2018, más de 470 millones de pesos para gastos superfluos.
De esta manera, se expone otro caso de corrupción, al interior de una institución gubernamental, arrastrada desde los tiempos del panismo y del priismo, pero, al igual que en las anteriores denuncias, todo indica que no se castigará a nadie.
Investigadores “de lujo”
La solicitud realizada por la FGR obedecería a una denuncia que la directora del Conacty, María Elena Álvarez-Bullya Roces, presentó meses atrás por el desvío de 50 millones de pesos realizado por 31 trabajadores del organismo.
Y es que de acuerdo con lo expuesto por el jefe del Ejecutivo federal, un grupo de científicos había conformado una asociación civil para que se les pagara todos los gastos de sus “actividades”.
“Se iban a congresos y se les tenía que pagar hasta para sus lujos y como tenían mucha influencia y buenas relaciones con los medios, con la intelectualidad orgánica, era una especie de chantaje y se le tenía que entregar esos lujos”, aseveró.
Explicó que cuando llegó el Gobierno de la Cuarta Transformación se les puso un alto, pero entonces se inconformaron y acusaron que la Federación ya no invertía en la ciencia ni en la innovación tecnológica.
En este sentido, el mandatario indicó que lo único a lo que estos investigadores se dedicaban con el anterior presupuesto era a asistir a congresos y a efectuar viajes al extranjero, con todos los gastos pagados.
“Entre 2002 y 2018, la asociación civil, la que tiene que ver con estos investigadores, recibió alrededor de 100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología, y 471 millones de pesos para cubrir gastos de operación, entre los que se incluían choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero”, señaló.
Incluso, dicha asociación realizó la compra de un edificio de lujo en la zona de Coyoacán, en la Ciudad de México, con recursos que nunca justificó al Conacyt.
Sin embargo, desde que se realizó el recorte presupuestal el Conacyt ahora sí se dedica a la investigación aplicada, y muestra de ello fue la producción de ventiladores artificiales para pacientes con Covid-19, el desarrollo de la vacuna Patria, entre otros avances.
El fiscal Alejandro Gertz Manero pidió órdenes de aprehensión en contra de los presuntos involucrados, acusándolos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, pero un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano se negó a procesar dichas órdenes.
Posteriormente, la Fiscalía emitió un comunicado en el que aseguró que utilizará todos los recursos legales posibles para llevar a esta gente ante la justicia.
“Se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, expuso.
Desayunos millonarios
La actuación de la Fiscalía General de la República en este caso ha provocado el descontento de no pocos intelectuales en el país, incluido el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, quien durante un acto para conmemorar los 100 años de la Máxima Casa de Estudios, consideró un “despropósito e inconcebible” las acciones emprendidas por el fiscal en contra del Conacyt.
Asimismo, muchos consideran que la denuncia de Alejandro Gertz Manero puede tratarse de una venganza en contra de la comunidad científica, luego de que una gran parte de ella criticó fuertemente el hecho de que la Dirección General del Conacyt lo distinguiera en junio pasado con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, que es el más alto reconocimiento que entrega dicha institución.
Aunado a eso, no se olvidan las polémicas en las que se ha visto involucrada la titular del Consejo, María Álvarez-Bullya.
La primera de ellas, registrada en 2019, fue cuando se hizo público un contrato en el que el Conacyt pagó 15 millones 78 mil 457 pesos a la empresa Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V., para que se encargue del servicio de comedor para los funcionarios, que incluye chef privado, nutriólogo, saloneros y desayunos.
En las especificaciones de la licitación publicada en la plataforma Declaranet, se especifica que “Los servidores públicos (del Conacyt) tienen diferentes gustos y hábitos alimenticios; por ello es indispensable ofrecer un menú de comida orgánica o de origen agroecológico sin tóxicos, variada y suficiente”.
El contrato determinó que la empresa prestaría sus servicios desde el 22 de abril de 2019, hasta el 31 de diciembre de ese año.
Cuando las críticas comenzaron, la Dirección General del Conacyt respondió en su cuenta de Twitter que “El comedor para trabajadores del Conacyt es un derecho laboral, no un lujo. Es una conquista del contrato colectivo de trabajo que el Conacyt ha respetado y fortalecido mejorando la calidad de los alimentos. #CienciaPorMéxico”.
La comunidad científica se molestó con este millonario gasto en comida para funcionarios, pese a que a comienzos de la presente administración el Conacyt sufrió un recorte presupuestal que puso en riesgo diversos programas y participaciones de estudiantes, como la asistencia de 12 menores integrantes de la Sociedad Matemática Mexicana a las Olimpiadas de la materia en Sudáfrica, en 2019, con un costo de 4 millones 500 mil pesos, mismo que solventó el cineasta mexicano Guillermo del Toro tras leer la petición de ayuda.
La titular del Consejo no resistió la presión mediática y finalmente aseguró que sí les entregarían los recursos, pero en un lapso de seis meses, además de que en muchos casos fueron insuficientes.
Años antes, en 2015, Álvarez-Bullya, siendo investigadora de la UNAM, expresó que “la ciencia occidental es la que ha producido los avances más deslumbrantes y, quizás más inútiles, como la llegada a la Luna”.
Asimismo, apuntó que “en el sistema capitalista neoliberal globalizado, las corporaciones usan a las científicas y su ciencia, nuestra ciencia, y dictan qué se investiga y qué no, además de cómo legitimar sus negocios. Esto es a lo llamo los avances de la hidra disfrazada de ciencia”.
Y ya como directora del Conacyt, en 2019, se confrontó con el científico Antonio Lazcano, quien criticó los recortes presupuestales a los centros de investigación científica y señaló que la oposición de la directora “a la ‘ciencia occidental racional y hegemónica’ podría extinguir las colaboraciones internacionales, ahuyentar a los inversionistas en ciencia y tecnología, y alentar una fuga de cerebros de México”.
Álvarez-Buylla respondió asegurando que pese a los recortes se había redirigido recursos a otros fondos para apoyar a la comunidad científica.
Sin embargo, al día siguiente Lazcano fue removido de una comisión dictaminadora encargada de evaluar los informes de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores.