CANCÚN.- El proyecto inmobiliario de Malecón Tajamar no será reactivado, aseguró el secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera, al señalar que la dependencia no tiene ninguna propuesta para retomar el desarrollo cancelado por resolución judicial.
En entrevista, el funcionario desmintió las versiones difundidas por algunos representantes del sector hotelero e inmobiliario, quienes afirmaron que existía un plan para revivir el proyecto con respaldo del gobierno estatal.
Rébora Aguilera explicó que la participación de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en la zona se limita a emitir opiniones técnicas cuando se realizan eventos o actividades que puedan afectar la fauna o las condiciones ambientales del sitio, pero enfatizó que no existe ninguna iniciativa para reactivar el complejo inmobiliario.
Asimismo, precisó que cualquier asunto relacionado con el uso futuro del predio corresponde al ámbito de la planeación urbana, por lo que reiteró que la dependencia ambiental no impulsa ninguna propuesta en ese sentido.
Empresarios hablaron de un supuesto plan
Las declaraciones del secretario se producen después de que el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Quintana Roo, Miguel Ángel Lemus, afirmara la semana pasada que existía un proyecto para retomar el desarrollo de Malecón Tajamar con apoyo del gobierno estatal. Sin embargo, dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades.
Un proyecto cancelado por la justicia
El desarrollo de Malecón Tajamar, originalmente denominado Malecón Cancún, fue promovido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a principios de la década de 2000. El plan contemplaba urbanizar entre 50 y 70 hectáreas de manglar y selva ubicadas frente a la Laguna Nichupté para la construcción de áreas habitacionales, comerciales, de servicios y hoteleras.
En 2005, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto en materia de impacto ambiental, lo que permitió avanzar con las obras de urbanización y la comercialización de diversos lotes.
El 16 de enero de 2016 el ingreso de maquinaria pesada al predio para desmontar más de 20 hectáreas de manglar provocó una fuerte movilización ciudadana y de organizaciones ambientalistas, que promovieron protestas, amparos y denuncias para frenar el desarrollo.
Como resultado de esos recursos legales, en 2017 el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito emitió una sentencia definitiva que canceló el proyecto inmobiliario, ordenó la restauración del manglar afectado y prohibió otorgar nuevas autorizaciones de impacto ambiental para infraestructura urbana en la zona.
La resolución, sustentada en los principios de prevención, precaución y el derecho a un medio ambiente sano, quedó firme como cosa juzgada.