CHETUMAL.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que, en coordinación con el Grupo Interinstitucional, desmanteló un centro de monitoreo clandestino operado por un grupo criminal generador de violencia en el municipio de Chetumal, tras ejecutar 16 órdenes de cateo autorizadas por jueces de control.
En el operativo participaron agentes de la Policía de Investigación, así como elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal.
El primer cateo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Oaxaca del poblado Subteniente López, donde fueron aseguradas 24 cámaras de videovigilancia instaladas en 17 puntos estratégicos de esa comunidad y de Chetumal. El sistema era monitoreado de manera permanente mediante tres televisores.
En las inmediaciones fueron detenidas tres personas —Rudy “N”, Adriel Osvin “N” y Fariay Edith “N”— presuntamente relacionadas con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
Posteriormente, la autoridad ministerial ejecutó 12 cateos adicionales en Subteniente López y tres más en Chetumal. En total, fueron aseguradas 113 cámaras de videovigilancia, 14 DVR, cuatro vehículos —uno con reporte de robo—, una motocicleta, cuatro televisores, dos armas de fuego calibre .22 (una larga y una corta), un radio de comunicación, un módem, dos terminales de red óptica, un extensor de internet, dos routers inalámbricos y seis teléfonos celulares. También se decomisaron sustancias con características similares a marihuana y cocaína.
Asimismo, a pocos metros de uno de los inmuebles intervenidos, fueron detenidos Geovanny Abdiel “N” y Raymel Nahem “N”, a quienes se les aseguraron dosis de presuntos estupefacientes.
De acuerdo con la Fiscalía, los inmuebles cateados operaban como gimnasios, restaurantes, tiendas, un hotel, bodegas y domicilios particulares, los cuales contaban con cámaras conectadas al centro de monitoreo clandestino.
Las cinco personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica dentro del plazo legal correspondiente.