CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada panista María Pérez-Jaen Zermeño presentó este martes denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que las autoridades investiguen las presuntas irregularidades habidas en la adquisición de medicamentos en Quintana Roo por la empresa de Jorge Amílcar, amigo de Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según la información proporcionada en medios, el Gobierno del Estado de Quintana Roo y la empresa “ROMEDIC, S.A. de C.V.”, celebraron un contrato para la adquisición de material de curación y medicamentos para las unidades médicas de primero y segundo nivel, por un total de poco más de 304 millones de pesos.
Dicho contrato tuvo una plazo del 27 de diciembre del 2022 al 30 de diciembre del 2022, solo cuatro días para la distribución de material de curación para once unidades médicas de primero y segundo nivel.
En cuanto a esto, la diputada María Pérez destacó que el contrato se cuestiona por la ligada relación de Jorge Amílcar Olán Aparicio con Andrés Manuel López Beltrán.
““ROMEDIC, S.A. de C.V.”, es una empresa de reciente creación constituida el 23 de enero de 2020 y, desde este año, ya le han sido otorgados contratos multimillonarios; desde el 21 de diciembre del 2022 se encontraba boletinada por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) al no reunir los requisitos de seguridad para el manejo de medicamentos”, señaló.
Además, Pérez-Jaén Zermeño precisó que de acuerdo con sus propias indagatorias, la contratación de “ROMEDIC, S.A. de C.V.” con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, concluyó en compras por esta misma empresa con el gobierno del Estado de Tabasco haciendo contratos con recursos tanto federales como estatales cuando gobernaba Adán Augusto López, por un total de $311 millones 250 mil 302.33 pesos.
Acusó que “ROMEDIC, S.A. de C.V.”, tiene una estructura de contrataciones fuera del marco de la ley; “resultan el punto de partida para la distribución de recursos ocultos a beneficiarios finales, que no se ven a simple vista por un elaborado diseño de operación concertada de diferentes actores en los procedimientos para obtener recursos ilegítimos, o lavado de dinero, que es hasta donde tienen que llegar las investigaciones”.
Por lo tanto, la legisladora panista exigió que tales operaciones sean investigadas minuciosamente, ante la posibilidad de la existencia de delitos por hechos irregulares, hasta clarificar el complicidad de todos los que participaron en estos procedimientos de compra, sean servidores públicos estatales o federales, e inclusive, la participación de uno, o dos o de todos los hijos del presidente, pues por su mecánica, deben haber participado personas de las más altas esferas del gobierno, o como una vez diría el Presidente de la República: todos los grandes negocios que se hacen al amparo del gobierno, no se podrían realizar sin el visto bueno del presidente.
Finalmente terminó con decir que, por lo que concierne a la FGR, ya está hecha la denuncia para que este organismo no tenga pretexto e inicie la investigación. En el rastreo del dinero saldrán los beneficiarios finales y todo dirige a que dentro de ellos estará Andrés López Beltrán; y añadió: “Basta de evasivas, del ‘no somos iguales’, demuéstrelo, señor presidente, demuestre que no son iguales, deje que investiguen a su hijo, a sus parientes, a sus amigos y a todos los nuevos ricos que se han beneficiado de las contrataciones de su gobierno”.
Fuente: Código 13