CHETUMAL.- La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Dmas) impugnó la decisión del Juzgado Primero de Distrito en Chetumal, que desechó tres amparos promovidos por habitantes de Mahahual contra el cambio de uso de suelo para el proyecto turístico Perfect Day México, impulsado por la empresa Royal Caribbean.
El colectivo informó que en enero brindó acompañamiento legal a seis pobladores para presentar recursos contra la modificación al Programa de Desarrollo Urbano (PDU), aprobada por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco y autoridades estatales, con el objetivo de permitir el desarrollo del complejo en la Costa Maya.
Impugnación llega a tribunal colegiado
Tras el rechazo de los amparos por parte de la jueza Eugenia Maritza Valencia Hernández, Dmas decidió impugnar las resoluciones para que sean revisadas por un tribunal colegiado.
El caso fue turnado al Primer Tribunal Colegiado de Circuito, que deberá determinar si procede analizar el fondo del asunto y, con ello, garantizar el acceso a la justicia de los habitantes de Mahahual en la defensa de sus derechos ambientales, de participación ciudadana y vivienda.
Señalan criterios contradictorios
De acuerdo con la organización, las resoluciones judiciales presentan contradicciones en la interpretación del mismo acto.
Explicaron que en uno de los amparos la jueza consideró la modificación al PDU como un acto administrativo, lo que implicaba un plazo de 15 días para impugnar, tomando en cuenta el momento en que la comunidad conoció sus efectos.
Sin embargo, en los otros dos casos —señalaron— la juzgadora cambió el criterio y trató la misma modificación como si fuera una ley, aplicando un plazo de 30 días a partir de su publicación oficial.
Acusan afectación al acceso a la justicia
Para Dmas y el colectivo Salvemos Mahahual, este cambio de criterios representa una contradicción jurídica que vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Sostienen que un mismo acto no puede tener distinta naturaleza legal según el caso, ya que esto impacta directamente en el derecho de la población a defender su territorio ante instancias federales.
Ante este escenario, la organización planteó la interrogante sobre si se permitirá a la ciudadanía acceder a la justicia para proteger el medio ambiente frente a proyectos de gran escala en la región.