Signos
La pregunta del sillón, larga como la cola de un juez que por su toga muere y nunca por su casa empieza:
¿Por qué ahora que la reforma judicial es casi un hecho, la Presidenta de la Suprema Corte anuncia que desde su limbo soberano de Ministros saldrá a toda prisa hacia la sede parlamentaria -ahora de mayoría calificada irreversible- una propuesta alternativa de regeneración del sector de la Justicia? ¿Por qué ahora, cuando desde que inició el actual régimen presidencial el mandatario saliente promotor de la reforma constitucional que se procesa y determina que los Jueces y los Magistrados y los Ministros deben ser elegidos por voto popular, solicitó al Poder Judicial de la Federación una reforma que evitara los vicios de la legislación vigente e hiciera de esa soberanía republicana una auténtica defensora imparcial de los derechos generales; una efectiva y no instrumentalizada como reducto parcializado de poder; donde los Ministros no se autorregularan y no fuesen juez y parte en la evaluación de sí mismos -como miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Judicatura-; y donde sin estar atenidos a los privilegios virreinales y de élite millonaria constitucionalizados por el poder político precedente para sus propios fines no se negaran, porque ellos eran sus propios árbitros para determinarlo, a renunciar a dichas canonjías y a los beneficios de decidir, también por cuenta propia y sin autoridad independiente alterna para sancionarlo y limitar el nepotismo y la negociación de cargos de la mayor rentabilidad económica, quiénes ocuparían dichos cargos y bajo qué condiciones?
Desplantes de altanería y burla y canalladas mayores fueron las respuestas. Porque ellos, los Ministros, en el altar mayor de la Justicia tenían la sartén por el mango del uso faccioso de las fortunas presupuestarias disponibles para el mayoriteo cupular. Y tenían el recurso retórico de las vueltas de tuerca necesarias al confuso y subjetivo interpretacionismo narrativo de la abstracción constitucional para defender y atacar cualquier argumento y cualquier tesis inconveniente y enemiga. Y tenían, como si fueran de su propiedad exclusiva, nada menos que los mecanismos de decisión que les fueron legados por el poder político de la democracia privatizadora neoliberal, para que, como esa superior instancia impartidora de justicia y sancionadora y administradora de sí misma, pudiera repeler cualquier demanda y llegar al grado de favorecer, sin rubor ninguno y bajo el mínimo error ministerial y el más leve elemento disponible y al servicio de la defensa de la otra parte, a delincuentes mayores lo mismo fiscales que del ‘narco’, conceder amparos y selectiva y total impunidad a través de sí mismos o de toda la estructura jurisdiccional subordinada y cómplice, y retar al poder presidencial y mofarse de él tras la mascarada demagoga, y a la postre fallida y de incalculables efectos reformistas, que podrían ser tan devastadores como los del derrumbe de esa torre de marfil de los inmaculados y letrados defensores de una soberanía republicana mediatizada como el bastión invencible de un Estado de derecho que gracias a ella sería tan invulnerable como Constantinopla frente a los asedios de los bárbaros otomanos de Andrés Manuel.
Nunca se imaginaron la madriza de las urnas ni el favor de una cláusula constitucional de sobrerrepresentación parlamentaria sellada por los mismos partidos hegemónicos de ayer y ya deshechos y pulverizados hoy, que suscribieron la arbitrariedad de los lujos autorregulados y los privilegios autosancionadores y autocalificadores y los redundantes vicios que creyeron blindados para siempre los gestores de tamaña soberanía judicial y los Ministros temblorosos que perfilan a la carrera, ahora sí, una propuesta alternativa propia de reforma constitucional del aparato de Justicia para no tener que ir a los comicios a defender como todo hijo de vecino una candidatura que, aunque ganaran y los repusiese como tales, ya no sería con prebendas de magnates, ni mucho menos, sino compitiendo con una treintena de candidaturas más -a propuesta de los Tres Poderes de la Unión para que elija el electorado- y que de ganar llegarían a una Suprema Corte donde un Tribunal Disciplinario independiente evaluaría y sancionaría su proceder ético y profesional, del mismo modo que el de Magistrados y Jueces.
Se hubieran evitado tantos dolores de cabeza… Y ahora ahí vienen con su legajo improvisado de reforma judicial a ver quién les hace caso ahora que están a punto de perder el fuero. ¿Es menos soberana la patria con esos pobres perdularios pidiendo audiencia parlamentaria ahora? ¿No han sido ellos los arquitectos de su propio destino?
SM