El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido, sin lugar a dudas, lo peor de la política mexicana en los últimos 20 años, lo que es mucho decir cuando existen organizaciones tan nefastas como el PRD y el PT ahí afuera. Y es que, para empezar, el Verde ni siquiera respeta sus principios ideológicos, pues sus escándalos por depredación del medio ambiente son una constante entre los funcionarios emanados de ese partido, como se ha vivido en carne propia en Quintana Roo, donde Jorge Emilio González Martínez, el ‘Niño Verde’, fue exhibido cuando negociaba por dos millones de dólares la venta de terrenos protegidos en Cancún. El Verde simplemente se vende a quien esté en el poder. Así lo hizo con el PAN, con los Gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y luego con el PRI de Enrique Peña Nieto y su fallido candidato José Antonio Meade. Y ahora hace lo propio con el Morena de Andrés Manuel López Obrador, al que ha apoyado para otorgarle la mayoría en la Cámara de Diputados, algo fundamental para que el proyecto del presidente funcione. A cambio, el Verde se conforma con una gran rebanada del pastel, principalmente en Quintana Roo, donde personajes como Laura Fernández Piña, Remberto Estrada Barba y Carlos Mario Villanueva se han enriquecido concretando negocios turbios al amparo del poder, con el apoyo de sus diputados en turno.
Javier Ramírez
Si hay algo que el Partido Verde Ecologista sabe hacer muy bien en Quintana Roo, es cómo utilizar a sus alcaldes y legisladores para aprobar millonarios negocios en los Municipios, principalmente en el norte del Estado, donde se han especializado en la venta de terrenos y la basura.
Desde que Juan Ignacio García Zalvidea asumió en 2002 la presidencia municipal de Benito Juárez, el Verde Ecologista ha tenido gran influencia en la política quintanarroense, sobre todo por el poder que supo mantener Jorge Emilio González Martínez, hijo de Jorge González Torres, fundador y presidente de ese partido. En solitario o en alianza con el Revolucionario Institucional, ha tenido cinco veces la presidencia del referido Municipio, mientras que en Puerto Morelos ha gobernado durante dos trienios consecutivos.
De cara a las elecciones de 2021, el PVEM se prepara para apoyar las candidaturas de Laura Fernández Piña y Carlos Mario Villanueva Tenorio -a pesar del negro historial que tienen ambos-, y los ‘chapulines’ que se acumulen en los próximos meses.
Con el mejor postor
Apenas unas horas después de que se diera a conocer que el Revolucionario Institucional había sido el gran perdedor de las elecciones de 2018, el PVEM se apresuró a romper relaciones con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien había brindado su apoyo durante todo el sexenio. Su líder nacional, Jorge Emilio González Martínez, se apresuró a decir que su bancada colaboraría con el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asegurando que el PVEM “volvería a ser un partido independiente que ya no tiene necesidad de apoyar al PRI”.
Esa supuesta independencia duró muy poco, pues en las elecciones de 2019 se sumó al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la mayoría de los Estados donde hubo elecciones.
Morena llegó al poder prometiendo que acabaría con la corrupción, pero sus ahora aliados han protagonizado grandes escándalos por sobornos, tráfico de influencias y otros delitos de los que han salido impunes gracias a su tendencia de asociarse con el partido en el poder.
En Quintana Roo, la mayoría de los fundadores del Morena fue relegada a un último plano para darle paso a los verdeecologistas en el reparto de las candidaturas para el proceso electoral de 2019, en el que se definió el Congreso local. La alianza Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, conformada por Morena-PVEM-PT, consiguió la mayoría, dejando en segundo lugar a la coalición del PAN-PRD-MAS. Si embargo, la gente no vio con buenos ojos la alianza del Morena con el PVEM, e incluso denunció el oportunismo de este último, criticando a los dirigentes estatales morenos por caer en su juego.
Laura Fernández, icono de corrupción del PVEM
Con un acelerado crecimiento económico y poblacional, impulsado por la actividad turística y su vecindad con Cancún, Puerto Morelos se convirtió no sólo en la nueva joya turística del Estado sino también en objetivo de la codicia de funcionarios y empresarios.
Desde que asumió la presidencia municipal en 2016, Laura Fernández Piña supo sacar provecho de la riqueza de Puerto Morelos al realizar cambios de uso de suelo a discreción para favorecer la construcción de complejos hoteleros y residenciales en áreas naturales protegidas o destinadas a la producción agrícola. Terrenos que se ubicaban en áreas naturales protegidas ahora ya son de uso comercial, listos para ser explotados por funcionarios y allegados a la presidencia municipal.
Al mismo tiempo, y asegurando que era necesario para poder realizar más obra pública, modificó las tablas catastrales para aumentar la recaudación, por lo que el portomorelense ahora paga hasta 300 por ciento más por concepto de Impuesto Predial.
Pero quienes pagan impuestos no ven mejoras ni en infraestructura ni en los servicios, y denuncian que los más beneficiados con este tipo de obras son quienes viven en los asentamientos irregulares, pues ahí sí pavimentan, colocan luminarias, construyen parques, etcétera, con el fin de ganar votos para la reelección de los verdes en el Gobierno local. Funcionó una vez en 2018 y ya preparan el terreno para la candidatura de Laura Fernández a una diputación federal el próximo año.
Mientras tanto, las cuentas públicas de Fernández Piña siguen sin cuadra, y es que si bien durante el Ejercicio Fiscal 2019 Puerto Morelos ingresó un total de 496 millones 966 mil 084.32 pesos -lo que significó un incremento de 118 millones 082 mil 626.32 pesos a lo que originalmente se había presupuestado como ingresos, gracias a sustanciales aumentos en conceptos del pago de Derechos, Productos e Ingresos Derivados de Financiamientos-, el presupuesto ejercido terminó siendo de 496 millones 901 mil 562.49 pesos, lo que arrojó una diferencia de 64 millones 521.51 pesos, los cuales no fueron destinados a ningún rubro.
Cuando se pidió a las autoridades municipales una explicación del por qué existe una diferencia de más de 64 millones de pesos en la Cuenta Pública, solamente indicaron que una parte se había destinado al supuesto pago de 12 millones de pesos por estimaciones de la obra de remodelación del Casco Antiguo, misma en la que hasta el momento no se ha hecho trabajo alguno, a pesar de que se esperaba que en noviembre fuera inaugurada.
El PVEM y La basura de Cancún
Es en Benito Juárez donde el PVEM ha conseguido concretar millonarios negocios, en detrimento de la población. En el último semestre de su Gobierno, el presidente municipal Remberto Estrada Barba favoreció con licitaciones “a modo” a siete constructoras con más de 240 millones de pesos en contratos para la construcción de pozos de absorción, domos, parques, alumbrado público y hasta pavimentación de calles. Algunas de estas empresas incluso están relacionadas con funcionarios municipales, como Tenedora de Obras, S.A. de C.V., propiedad de Gabriela Pizano Lázaro, esposa del entonces secretario de Obras Públicas y Servicios, Roger Espinoza Rodríguez.
Pero además del tráfico de influencias para darle prioridad a dichas constructoras, las valoraciones de las obras revelaron que se dejaron a medias, no utilizaron materiales de calidad y presentaron desperfectos, o simplemente eran innecesarias y terminaron por convertirse en elefantes blancos.
De acuerdo con Remberto Estrada, durante su administración se invirtieron poco más de 650 millones de pesos en obra pública, una cifra “histórica”, según él. Sin embargo, la documentación que existe hasta el momento solamente aclara el destino de 380 millones de pesos, por lo que faltaban por auditarse los restantes 270 millones.
Pero el mayor golpe a las finanzas del Ayuntamiento se dio el 15 de mayo de 2017, cuando el Cabildo encabezado por Estrada Barba aprobó concesionar a la empresa Intelligencia México, S.A. de C.V., el servicio de recoja de basura, con una duración de 20 años y con una cláusula que refiere que, en caso de revocación, imputable o no a la empresa, esta recibirá una indemnización de unos 2 mil 800 millones de pesos, casi dos terceras partes del presupuesto anual de la Comuna, que es de alrededor de 4 mil millones.
La actual alcaldesa, Mara Lezama, no sólo no ha podido solucionar el problema que involucra el servicio de la basura, sino que ha querido sacar provecho del mismo, ya sea autorizando nuevos cobros por “contenedores inteligentes” o incluso tratando de revocar el servicio para favorecer al empresario Carlos Canabal, uno de sus principales asesores en el Ayuntamiento.