Como todos sus antecesores en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca llegó a la gubernatura para servirse del poder y trabajar íntimamente con la delincuencia organizada, la cual tiene más de 30 años manejando los hilos en aquella entidad. Por eso, a nadie sorprendió que la Fiscalía General de la República, apoyándose en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, lo acusara de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, y pidiera a la Cámara de Diputados su desafuero para poder proceder legalmente contra él. Cabeza de Vaca contraatacó asegurando que se trata de una venganza del Gobierno federal, por ser uno de los mandatarios de la oposición que más ha criticado al presidente Andrés Manuel. Tras escuchar a ambas partes, los diputados federales aprobaron finalmente su desafuero, pero sus homólogos en Tamaulipas, cómplices al fin y al cabo, lo rechazaron y decidieron presentar una controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea esta la que determine qué instancia tiene razón. Todo indica que el drama se mantendrá en pausa hasta que finalice la presente temporada electoral, pero la Unidad de Inteligencia que encabeza Santiago Nieto Castillo advirtió que continuará trabajando para poder presentar nuevas denuncias en contra del narcogobernador.
Javier Ramírez
Luego de varios meses de comparecencias y aportes de pruebas, finalmente la Cámara baja se erigió el pasado 30 de abril como Jurado de Procedencia para determinar si procede o no el desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La aprobación tuvo mayoría absoluta, aunque sólo se acreditó uno de los tres delitos en su contra, el de defraudación fiscal equiparada -que amerita entre 3 y 9 años de prisión-.
Sin embargo, los diputados federales no contaron con que en el Congreso de Tamaulipas, de amplia mayoría panista, la votación sería en contra y que además interpondría una controversia constitucional al considerar que se viola la soberanía de la entidad.
Desafuero en Cámara baja, con mayoría absoluta
El pasado 29 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados informó que al día siguiente se pondría a consideración de los diputados el dictamen para avalar o rechazar el desafuero del mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Sin embargo, se aclaró que la Sección Instructora sólo logró acreditar uno de los tres delitos de los que había sido acusado, el de defraudación fiscal equiparada, al determinarse que el gobernador omitió parcialmente el pago de impuestos federales, con lo que obtuvo 6 millones 511 mil 777 pesos.
En el caso del delito de recursos con procedencia ilícita, la Sección Instructora informó que sólo se pudo comprobar “parcialmente”, mientras que el delito de delincuencia organizada no fue considerado.
Al día siguiente, la Cámara de Diputados, erigida como Jurado de Procedencia, aprobó el desafuero con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.
Los legisladores del PAN, PRI y PRD reclamaron que el desafuero tiene su origen en un manejo político de la justicia, e incluso los panistas acusaron una venganza política contra el gobernador. Sin embargo, los diputados del Morena y sus aliados los acusaron de ser cómplices de “sus gobernadores narcos”.
Tras la votación, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, declaró que “ha lugar a proceder en contra” del gobernador y ordenó comunicar la resolución al Congreso de Tamaulipas para los efectos del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución, que deja la última palabra en materia de desafuero a las Legislaturas locales.
En Tamaulipas, legisladores piden intervención de la SCJN
Sin embargo, las cosas fueron distintas en Tamaulipas, donde con 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, los diputados locales aprobaron tres puntos de acuerdos por los cuales se rechazó la declaratoria de procedencia en contra de García Cabeza de Vaca, que no se le retira la protección o inmunidad procesal penal que le confiere la Constitución local, y que se le reconoce como gobernador de Tamaulipas.
La bancada panista indicó que se resolvió así para privilegiar la voluntad popular “por encima de un proceso faccioso”, pues el proceso vulneró las garantías del debido proceso y la presunción de la inocencia.
Además de mantenerle el fuero, para evitar que en la entidad se le siga algún procedimiento, el Congreso local consideró que la Cámara de Diputados violó la soberanía de Tamaulipas, por lo que aprobó interponer un juicio de controversia constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine qué instancia tiene la razón en este procedimiento legislativo.
Prepara la UIF otra denuncia
Tras el rechazo del Congreso de Tamaulipas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, adelantó que presentará una nueva denuncia en contra de Cabeza de Vaca, ahora por peculado, esto porque el gobernador contrató los servicios de un despacho en Texas para cabildear ante el Gobierno y miembros del Congreso de Estados Unidos con el fin de contrarrestar la información pública que lo relaciona con delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Nieto Castillo detalló que García Cabeza de Vaca hizo a sus abogados un depósito de 100 mil dólares el 12 de abril pasado y pagará honorarios de mil 650 dólares por hora. Para recibir las notificaciones dejó como domicilio la Casa Tamaulipas, sede del Gobierno del Estado.
Comentó que el caso de Cabeza de Vaca será tratado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido tanto a los alcances del Artículo 111 de la Constitución Federal como el Artículo 88 de la Carta Magna local, sobre el proceso para la designación del mandatario local interino.
“En caso de muerte o en donde se haya determinado la improcedencia para proceder contra el gobernador, lo que corresponde es que se designe al gobernador interino”, dijo. Sin embargo, aseveró, “nadie espera nada del Congreso (de Tamaulipas), (pues) es un territorio que vive bajo el terror gubernamental y donde el crimen ha fincado sus laureles”.
Aseguró que la UIF tiene información de varios casos contra gobernadores y ex gobernadores, pero que por órdenes del presidente de la República no se realizará algún tipo de acción sino hasta que concluya el actual proceso electoral. Sin embargo, la Unidad entregará la información correspondiente ante cualquier requerimiento del Instituto Nacional Electoral, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la República o de las fiscalías locales, a fin de poder combatir la impunidad.