XALAPA.- Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz no logró sostener ante el juez de control la imputación por terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia, la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Ramírez, ofreció una conferencia de prensa en la que evitó explicar los hechos que motivaron esa grave acusación, pese al llamado público de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que se aclarara el caso.
Durante su breve mensaje, la fiscal se limitó a reiterar información ya conocida: que el comunicador fue vinculado a proceso únicamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública —conocido como halconeo—, y que enfrentará el proceso bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria.
Jiménez Ramírez leyó un comunicado sin detallar los hechos específicos que sustentan las imputaciones y no permitió preguntas de los medios de comunicación, lo que mantiene el proceso bajo un esquema de opacidad, contrario a la exigencia presidencial de transparencia.
“La Fiscalía General del Estado de Veracruz, en estricta observancia a la ley y con apego al principio de buena fe que debe regir la investigación de los delitos, formuló imputación y solicitó vinculación a proceso en contra de Rafael N., sustentándose dicha solicitud en los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación”, señaló la fiscal al inicio de su declaración.
Indicó que el juez de control, tras la continuación de la audiencia inicial el martes 30 de diciembre, resolvió dictar auto de vinculación a proceso exclusivamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, imponiendo como medida cautelar el resguardo domiciliario por un periodo de un año.
Asimismo, aseguró que la Fiscalía actúa con respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, garantizando el debido proceso y sujetándose al control jurisdiccional. “Esta institución reitera su compromiso de realizar investigaciones profesionales, transparentes y sin distingo alguno”, afirmó, antes de dar por concluida la conferencia sin admitir cuestionamientos.
No obstante, declaraciones previas del propio Rafael León y de su hijo señalan que las acusaciones se basan en información supuestamente obtenida del teléfono celular de otro individuo, al que la Fiscalía considera “testigo protegido”. El delito de halconeo, de acuerdo con esa versión, se le atribuye por llegar antes que las corporaciones policiacas a escenas de hechos delictivos para realizar coberturas periodísticas.
La Fiscalía de Veracruz mantiene hermetismo sobre los elementos de prueba y, en particular, sobre las razones por las que inicialmente imputó el delito de terrorismo al periodista, una acusación que no logró sostener ante el juez y que generó una fuerte reacción pública, incluida la intervención de la presidenta de la República y la postura de la gobernadora Rocío Nahle, quien afirmó que en Veracruz no existen actos de terrorismo reconocidos oficialmente.