CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación contra la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho, a partir de la posesión y exhibición pública de un collar de alto valor económico, cuya procedencia es materia de indagatoria.
De acuerdo con la denuncia presentada, el objeto en cuestión es un collar de una reconocida marca internacional de lujo, Van Cleef & Arpels, cuyo precio comercial se estima en alrededor de 227 mil pesos.
El uso de esta joya generó señalamientos públicos debido a que la normatividad vigente restringe a los servidores públicos aceptar obsequios o beneficios que puedan estar relacionados con el desempeño de su cargo.
La apertura del expediente fue confirmada por Ramiro Solorio Almazán, abogado promovente de la denuncia y excandidato a la alcaldía de Acapulco, quien señaló que la investigación busca determinar si la aceptación del objeto representa una ventaja indebida vinculada a la función pública que ejerce la alcaldesa.
Como parte de las primeras diligencias, la Fiscalía Anticorrupción solicitó información a diversas dependencias, entre ellas al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con el objetivo de acreditar la calidad de servidora pública de la investigada en el momento en que ocurrieron los hechos.
Asimismo, se contempla que la presidenta municipal sea citada a comparecer para rendir su declaración y explicar el origen del collar, así como las circunstancias bajo las cuales lo recibió.
En pronunciamientos previos, Abelina López Rodríguez ha señalado que la joya le fue entregada como obsequio por personas a quienes identificó como simpatizantes. Esta versión será analizada por la autoridad ministerial dentro del marco jurídico correspondiente.
Especialistas en derecho administrativo y penal han señalado que el delito de cohecho, conforme al Código Penal del Estado de Guerrero, puede configurarse cuando un servidor público recibe bienes de valor significativo, aun cuando no se acredite una contraprestación directa, siempre que exista una posible relación con el ejercicio del cargo.
De acreditarse la responsabilidad penal, las sanciones previstas incluyen penas de hasta 16 años de prisión, multas económicas, inhabilitación para ocupar cargos públicos y la reparación del daño.