CHETUMAL.- Dentro del Paquete Económico 2026, el gobierno de Quintana Roo presentó al Congreso del Estado una iniciativa para incrementar 25 % el Visitax —el cobro aplicado a turistas extranjeros que ingresan por vía aérea— y para obligar a los hoteles a fungir como responsables solidarios en su retención y traslado a la hacienda pública.
La propuesta surge porque el esquema actual de cobro directo, operado por el propio gobierno estatal, no ha alcanzado las metas de recaudación desde su creación.
Con la mayoría legislativa de Morena, PVEM y PT, la medida prácticamente garantiza su aprobación. De ser así, los hoteles deberán gestionar dos cargas fiscales aplicadas al turista:
- El Impuesto al Hospedaje, que se paga por cuarto ocupado.
- El Visitax, un derecho por el uso de infraestructura pública, independiente de los servicios del alojamiento.
Actualmente el Visitax equivale a 2.50 UMAS, es decir 283 pesos por persona; con el aumento propuesto alcanzaría 3 UMAS, cerca de 350 pesos.
Rechazo del sector hotelero
Tras conocer la iniciativa, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM) —que agrupa a todas las asociaciones hoteleras del estado— emitió una postura de rechazo al aumento y al nuevo esquema de cobro, advirtiendo que la medida representa un “daño grave a la competitividad turística” y viola principios constitucionales, además de desincentivar la inversión y deteriorar la experiencia del viajero.
El sector también alertó que la propuesta contradice el Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo eje rector es mejorar la percepción internacional del país, disminuir cargas al visitante y fortalecer la confianza para detonar el turismo como motor estratégico de desarrollo.
Lejos de ello —señaló el Consejo— el nuevo esquema encarece injustificadamente la visita, erosiona los incentivos para invertir en destinos nacionales y eleva los costos en una región altamente sensible a incrementos de precio, como el Caribe.
En destinos multidestino como Chetumal o Bacalar, el cobro del Visitax para una pareja puede llegar a equivaler a casi una noche de hotel, afectando especialmente a alojamientos accesibles y negocios familiares.
“Operativamente inviable”, advierten
El CHCM afirmó que la propuesta es operativamente inviable, pues los hoteles no pueden trasladar un nuevo cargo a tarifas ya negociadas internacionalmente con meses de anticipación.
Además, dispersar la cobranza en miles de prestadores aumenta el riesgo de cobros indebidos, confusión para los viajeros y fricciones que impactan directamente la percepción del destino.
Riesgos legales y constitucionales
El organismo también advirtió riesgos legales y una posible inconstitucionalidad manifiesta.
Argumentó que la jurisprudencia de la Suprema Corte establece que la responsabilidad solidaria fiscal solo procede cuando existe una vinculación directa con el hecho imponible.
Pretender que los hoteles recauden un derecho por el uso de infraestructura pública —un hecho ajeno al servicio de hospedaje— sería, aseguran, una delegación indebida de atribuciones del Estado.
Llamado urgente a reconsiderar
Para el CHCM, insistir en esta propuesta “es una mala idea” que vulnera la certeza jurídica y económica del sector que sostiene la economía de Quintana Roo.
En consecuencia, hizo un llamado urgente al gobierno estatal para reconsiderar la iniciativa, pues —afirma— erosiona la base económica del turismo sin fortalecer las finanzas públicas ni alinearse con el Plan México.
Los hoteleros reiteraron su compromiso con el desarrollo del estado, “pero no a costa de la viabilidad del sector”.
El organismo recordó que la industria hotelera cuenta con más de 138 mil habitaciones, genera 20,500 millones de dólares en divisas y aporta 303,600 empleos directos y más de 400 mil indirectos.
Deficiencias del Visitax y fraudes en línea
El Visitax, implementado durante el gobierno de Carlos Joaquín, nunca ha logrado cumplir sus metas de recaudación, debido a que el sistema de cobro en módulos y vía internet ha sido insuficiente.
Este año, incluso, se detectaron páginas apócrifas que cobran el derecho sin autorización oficial, ocasionando fraudes a turistas.
Con información de Cambio22