Hoy día, los diputados quintanarroenses ocupan el sexto lugar como los mejor pagados del país, y el primero como los más improductivos, nocivos, y por tanto falsamente representativos, ilegítimos e innecesarios. Y entre ellos viene destacando, no por sus logros, sino por la manera en la que se enriquece a costa del erario público y los despojos, el hoy expresidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso local, el diputado por el Partido Verde Ecologista, Gustavo Miranda García, quien este año se vio inmiscuido en varios casos de corrupción, como la implementación –plagada de irregularidades, por supuesto- de una tecnología innecesaria para el pésimo trabajo de la Legislatura de la que forma parte, que provocó un gasto de casi 60 millones de pesos al año, equivalente al presupuesto anual de dependencias como la Secretaría de Cultura. Además, junto con su madre Érika Luz García Deister y el dirigente estatal del Partido Verde, Pablo Bustamante Beltrán, se dedicó a amañar juicios laborales para quedarse con propiedades de lujo en el norte del Estado. Hoy, quitado de la pena, se deslinda de estos hechos y ha terminado por “tirarle la pelota” a su madre, dejándola a su suerte. Miranda García, quien prácticamente toda su vida ha sido un “júnior” dedicado a participar en fiestas y negocios con gente de las altas esferas, y que ha ignorado por completo a quienes lo llevaron a la curul que hoy ocupa, se ha convertido en la principal cara en la entidad de un partido por demás nefasto, que durante dos décadas se ha enfocado en vivir colgado de la organización política que esté en el gobierno en turno, con el fin de hacer negocios con los recursos naturales que supuestamente busca proteger.
Javier Ramírez
Ya sea por endeudar al Congreso, por participar en un esquema de despojo de departamentos de lujo o por la facilidad con la que gasta el dinero público, el diputado Gustavo Miranda García es hoy en día, una de las figuras más nefastas dentro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de donde han salido personajes similares locales, como Remberto Estrada Barba, Pablo Bustamante Beltrán y José de la Peña Ruiz de Chávez, quienes han seguido los pasos del dirigente nacional, el infame ‘niño verde’, Jorge Emilio González Martínez.
Su labor dentro de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, que el próximo año llega a su fin, habría pasado totalmente inadvertida, si no fuera por las serias denuncias que la sociedad ha hecho en su contra.
Ahora, en el famoso “año de Hidalgo”, Miranda García se apresta para tratar de limpiar su nombre mientras continúa encabezando negocios para enriquecerse.
Negocio de “verdes”
En abril pasado, el portal Latinus presentó una investigación que exhibió la manera en la que el dirigente estatal del PVEM, Pablo Bustamante Beltrán, junto con Gustavo Miranda García y la madre de éste último, la empresaria Érika Luz García Deister, operaban en Cancún para apoderarse de lujosas propiedades mediante juicios laborales amañados.
De acuerdo con los datos presentados, los tres trabajaban con la Junta Laboral de Cozumel, con el notario público 84, Jorge Cruz Hernández, de Playa del Carmen, y con el Registro Público de la Propiedad del Estado, para obtener valiosas propiedades, incluido un departamento en el residencial Maioris Tower, de Puerto Cancún, donde cuatro empleados de Luz García (encabezados por Pablo Bustamante) simularon un despido laboral para reclamar una deuda acumulada durante años, por el pago salarial de 90 mil pesos al mes.
Varios de los amigos, socios y colaboradores de Gustavo Miranda, quienes participaron en este esquema de despojos, forman parte de la nómina del Congreso del Estado, siendo uno de ellos Eugenio Segura Vázquez, como subsecretario de Servicios Administrativos del Congreso. Eugenio Segura es primo de Jorge David Segura Rodríguez, uno de los principales operadores de la madre de Miranda García y socio de éste en la empresa transportista “Xolos Transfer, S.A. de C.V.”. La unión de éstos culminó en el despojo de un departamento en Residencial La Vista El Table Cancún.
Tras las denuncias, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Quintana Roo (FECCQROO) abrió una carpeta de investigación contra el “Cártel del despojo”, al considerar que “los datos aportados públicamente han sido suficientes para girar las instrucciones necesarias y así establecer las posibles líneas de investigación”.
Aun así bajo proceso judicial, Bustamante Beltrán se las arregló para formar parte de la nueva planilla de Mara Lezama en el Cabildo de Benito Juárez, que entrará en funciones este 30 de septiembre.
Deja sola a su madre
Por su parte, el hoy expresidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso local, Miranda García, se mantuvo alejado de la polémica, hasta que a mediados del presente mes de septiembre comenzó a deslindarse totalmente de su madre, ahora en cadena nacional.
En entrevista con la periodista Adela Micha, el júnior verde acusó que es su madre, Érika García Deister, y no él, quien tiene denuncias en contra por presuntos despojos de departamentos de lujo en la ciudad de Cancún.
Tras afirmar que la riqueza de su madre se debe a la venta de paquetes vacacionales, negocio con el que llega a generar entre 30 y 35 millones de dólares al año, admitió que sobre ella sí pesan denuncias penales, “como muchas empresas”, al tener propiedades y sociedades con hoteles.
Por lo que a él respecta, dijo que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Quintana Roo le abrió una carpeta de investigación “cuando yo no soy ni legalmente implicado en nada de eso”, aseveró.
Aun así, comentó a la periodista, “estamos peleando por la vía legal, yo en la Fiscalía Anticorrupción, que es un tema de broma lo que están haciendo, y ella lo suyo por esa parte”.
Además, acusó al Gobierno federal de ser el responsable de esta persecución en su contra, pues, aseguró, está judicializando expedientes en todo el país en contra de los opositores, a pesar de que el Partido Verde es aliado del Movimiento Regeneración Nacional.
“Es parte de lo que se está viviendo en el país y en muchos Estados, de judicializar procesos a opositores. Si es verdad la justicia lo dirá y si no pues es otra prueba más de la guerra sucia”, afirmó.
Embargan bienes a García Deister
Hasta el momento, dos propiedades de Erika Luz han sido aseguradas en Cancún. El caso más reciente corresponde al piso 19 de la torre Maioris, ubicado en la avenida Bonampak, en la Zona Hotelera.
Dicha propiedad, identificada con el folio 263773, fue asegurada por orden de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, bajo el oficio número 167/2021 firmada por César Ricardo Cirerol Baquedano, fiscal del Ministerio Público adscrito a esa fiscalía especial.
Según los datos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, el aseguramiento quedó debidamente asentado el 20 de abril de 2021, dentro de la carpeta de investigación FECC/CAN/162/2021.
El otro inmueble que fue asegurado en su momento se encuentra en la Torre C del condominio La Vista, en el Fraccionamiento El Table, de 191.5 metros cuadrados.
El aseguramiento quedó asentado en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio con fecha de 27 de noviembre de 2020.
La orden fue emitida dentro del expediente FGE/QROO/BJ/11414/2020 y solicitada por María Isabel Medina Pérez, fiscal del Ministerio Público de Fuero Común el 25 de noviembre del año pasado.
En este caso, uno de los supuestos nuevos dueños, Xavier Miró Soriano, consiguió una suspensión provisional del Juzgado Tercero de Distrito, dentro del juicio de amparo 213/2021.
60 MDP al año en tecnología innecesaria
El despojo de propiedades no ha sido el único “negocio” de Gustavo Miranda, pues incluso dentro del Congreso del Estado se las ha arreglado para “llevar agua a su molino”.
Este mismo año, anunció con bombo y platillo en Cancún que el Congreso de Quintana Roo se convertiría en el primero en el país en poner en marcha la tecnología denominada blockchain, con el fin de brindar mayor transparencia en el manejo de la información legislativa.
De acuerdo con entonces presidente de la Jugocopo, este nuevo sistema garantiza la integridad de la información legislativa, pues impide la suplantación o modificación de los documentos legislativos. Explicó que quien presente una iniciativa obtendrá un código QR, mismo que al ser escaneado lo llevará directamente a un sitio donde podrá consultar, descargar y validar su documento, con el fin de dar un seguimiento puntual al trámite.
Sin embargo, tal tecnología resultó por completo innecesaria para una Legislatura que, hasta marzo de este año, fecha en la que se implementó, sólo tenía 279 iniciativas, es decir, apenas 50 más que su antecesora, la XV, que tuvo 229, un número ridículo si se le compara, por ejemplo, con las más de 500 presentadas por el Congreso de Coahuila tan sólo el año pasado.
Miranda García evadió cualquier cuestionamiento sobre el costo de la puesta en marcha de la tecnología, pero trascendió que se pagará a la empresa MTZ Especialistas y Soluciones Integrales, S.C., un contrato mensual de 4 millones 964 mil 800 pesos, es decir, que cada año se desembolsarán 59 millones 337 mil 600 pesos.
Para colmo, la documentación digital de dicha empresa indica que tiene su domicilio en Calle Ajusco #812, Colonia Volcanes, de la ciudad de Oaxaca, donde en realidad opera una clínica veterinaria denominada “Pet & Co.”
El presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra, expresó que es urgente investigar el proceso de compra del referido software, debido a que 60 millones de pesos al año -los cuales tendrá que erogar la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)- es prácticamente el presupuesto de una sola dependencia, como el Instituto de la Cultura y las Artes (ICA), que recibe anualmente 61 millones 549 mil 580 pesos.
Dispendio a manos llenas
Recientemente, Novedades de Quintana Roo documentó otra de las fechorías del diputado júnior: mientras el Estado pasaba un terrible momento económico a causa de la pandemia del Covid-19, Miranda García gastó alrededor de 1.5 millones de pesos en viáticos, alimentos y supuestas ayudas sociales, adicionales a los 797 mil 280 pesos de sueldos que recibió de manera puntual.
Las pólizas de cheques firmados por el legislador revelan que cada mes le entregaban cerca de 28 mil pesos por concepto de “gastos a comprobar por viáticos, pasajes, alimentos y mantenimiento de vehículos”. A esto se le suman 35 mil pesos que recibió de manera periódica por concepto de “asistencia legislativa”; 20 mil pesos por “asignación complementaria de gestión legislativa”, y otros 40 mil de “gestión social”.
En el primer trimestre del 2021, el dinero extra al salario que recibió ascendió a 421 mil 869, casi medio millón de pesos.
En enero, el diputado recibió puntualmente toda su dotación, además de 30 mil pesos adicionales, es decir, 160 mil pesos que incluyeron 40 mil pesos de “Gestoría Social”, labor que ha sido fuertemente cuestionada, debido a que son varias las personas que han denunciado el nulo apoyo que reciben de los legisladores locales, quienes incluso han ordenado colocar vallas alrededor del recinto para evitar que las personas acudan a pedirles ayuda, especialmente en el último año, en el que la pobreza y las carencias se acentuaron.