Desde comienzos de este año, los abogados del exgobernador veracruzano preso, Javier Duarte de Ochoa, han incrementado su actividad. Luego de ser sentenciado en 2018 a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en enero pasado recibió un revés cuando un juez de Control rechazó la petición de su defensa de cumplir su condena en libertad condicional o prisión domiciliaria. Y si bien unos días después obtuvo una pequeña victoria cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no consiguió revocar las diligencias del amparo que promovió, al siguiente mes su matrimonio con Karime Macías -quien enfrenta una nueva orden de aprehensión por presunta defraudación fiscal- concluyó luego de 20 años. Además, un magistrado confirmó la resolución del juez que en enero rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva. Las cosas no parecían pintar bien para el exgobernador, hasta que una magistrada del Tercer Tribunal Unitario admitió a trámite su demanda de amparo, lo que abre nuevamente la posibilidad de reducir su sentencia o salir libre. En 2017 estuvo a punto de librar la cárcel cuando los fiscales de la entonces Procuraduría General de la República fallaron en poder comprobarle el lavado de más de 438 millones de pesos. Si las autoridades judiciales no consiguen cerrarle el paso a la defensa, no sería exagerado pensar que pronto el exgobernador que dejó a Veracruz sumido en la narcoviolencia y la corrupción se una a Elba Esther Gordillo como otro delincuente que logra evadir la Justicia en pleno ejercicio de la llamada ‘cuarta transformación’. Mientras tanto, el exgobernador quintanarroense Mario Villanueva sigue su calvario de dos décadas en cautiverio, cuando todos los presuntos cómplices o demás implicados en los mismos delitos que se le imputan –algunos de la más probada peligrosidad y por cuya naturaleza criminal e historial homicida dentro del ‘narco’ se hubieran esperado las más altas penas de cárcel- están libres de todo cargo desde hace años. Parece que la Justicia del ‘debido proceso’ es cada día más consecuente con los derechos de los delincuentes que con los de sus víctimas, y que las instituciones y las autoridades penales siguen siendo las mismas corruptas e incompetentes de todos los tiempos.
Javier Ramírez
Fue en 2016 cuando la Procuraduría General de la República comenzó a investigar al entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por integrar una red de corrupción dentro de su Gobierno para desviar recursos públicos mediante la creación de empresas fantasmas.
Sin embargo, ese mismo año consiguió escapar del país antes de que las autoridades pudieran detenerlo.
Duarte se mantuvo prófugo durante varios meses, hasta que las autoridades guatemaltecas lo encontraron y detuvieron el 15 de abril de 2017, en un hotel de Panajachel. Las autoridades mexicanas iniciaron entonces un procedimiento para extraditarlo, que concluyó tres meses después.
El siguiente año se declaró culpable de los cargos de asociación delictuosa y operación con recursos de procedencia ilícita, con lo que consiguió que su condena fuera sólo de nueve años de cárcel y una multa de 58 mil 890 pesos.
Condena no está firme
Desde que recibió la sentencia, la defensa de Duarte ha presentado varios recursos con el fin de conseguir el beneficio de la prisión domiciliaria o, incluso, la libertad condicional.
En enero pasado, luego de una audiencia de más de siete horas en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, el juez de Control, Juan Carlos Ramírez Benítez, rechazó la petición de la defensa, la cual alegaba que Duarte prácticamente nunca se sustrajo de la Justicia, pues no lo aprehendieron, sino que se entregó, por un presunto acuerdo hecho con el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto para que no se iniciaran acciones penales contra su familia.
Esa vez, el juez indicó que el exmandatario tenía los recursos económicos que podrían facilitar su fuga, por lo que no era conveniente darle alguno de los beneficios que solicitaba.
En febrero, el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, del Segundo Tribunal Unitario Penal, confirmó la resolución del juez Ramírez Benítez.
Sin embargo, dos meses después, la juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, aceptó a trámite la demanda de amparo que la defensa había impugnado 13 meses antes.
Será la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal, quien en las próximas semanas determine si disminuye la condena en prisión o, incluso, si sale libre.
Otra orden de aprehensión
Pero mientras el caso de Duarte podría caerse, las autoridades han ejercido mayor presión en quien hoy es su exesposa, Karime Macías Tubilla.
Luego de haber sido detenida en octubre del año pasado en Londres, donde desde mayo de 2018 había sido localizada viviendo en uno de los barrios más lujosos de la capital inglesa, la exprimera dama de Veracruz evitó la cárcel tras pagar tres millones 690 mil 945 pesos para seguir su proceso en libertad, al ser acusada de presunto desvío de fondos cuando encabezada el DIF estatal.
Apenas en mayo del año pasado había solicitado el divorcio en un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, trámite que concluyó el 21 de octubre. Así, el 2 de febrero de este año la relación con el exgobernador concluyó con un acuerdo: Karime Macías tendrá la guarda y custodia de sus tres hijos menores y Javier Duarte deberá pagar una pensión alimenticia de 180 mil pesos al mes.
El viernes 21 de febrero de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó la existencia de una nueva orden de aprehensión contra Karime Macías por el delito de defraudación fiscal.
De acuerdo con información publicada por el periódico Reforma, la exesposa de Duarte omitió declarar dos millones 437 mil 635 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta en 2011 y 2012.
La dependencia no ofreció más detalles para respetar el ‘debido proceso’ y el sigilo de las investigaciones.