La cuesta de Andrés Manuel (y del país)

Signos

¿Cómo que no está claro si Cabeza de Vaca tiene o no fuero como gobernador o exgobernador de Tamaulipas? ¿Cómo es que fue desaforado por el Congreso de la Unión, protegido contra ese desafuero por el Congreso de Tamaulipas, y amparado por una resolución ambigua de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la defensa interpuesta ante ella por la Legislatura local contra la federal; una disposición judicial que no hace más que favorecer el estado de impunidad del probado delincuente panista y la desconfianza en el Estado de Derecho del país, donde la ingobernabilidad, la confrontación política, la Justicia facciosa, la inoperancia institucional y la anarquía configuran el más propicio de los ámbitos para la evolución del crimen, la inseguridad y la inviabilidad democrática?

En una comunidad nacional de las más iletradas y con una calidad educativa de las peores del mundo civilizado, las reformas constitucionales y las instituciones democráticas obradas por la corrupción política sirven más que nada para instrumentarse en defensa de intereses y grupos de poder afines a las cúpulas de los poderes públicos que operan tales reformas y tales instituciones. Y el ‘apego a la ley’ suele ser el discurso legitimador del ejercicio interpretativo más conveniente de esa ley, ajena por completo, en casi todos sus contenidos reguladores, al mínimo conocimiento de los grandes sectores populares. De modo que entre el patológico reformismo legislativo de todas las coyunturas y el masivo analfabetismo –real, funcional y constitucional-, se ha creado un monstruo de instituciones y galimatías jurídicos que hacen imposible el reconocimiento de las razones de Estado y de las verdades históricas socialmente necesarias, y exhiben un entramado caótico de toda suerte de subjetividades donde la única certidumbre objetiva es que la justicia y la ley no tienen casi puntos de encuentro, y que el poder sigue a merced de la politiquería y de los usos fácticos y sectarios del mamotreto constitucional. Y si eso no se admite como un Estado fallido es porque se vive en una cultura y en un ‘sistema’ de usos y costumbres donde el azar convierte, en mérito, el milagro de los burros que un día tocan la flauta.

Todo se politiza en el entorno de la pobreza educativa y la incivilidad irremediables, o al margen del interés crítico de las mayorías y al ritmo del estatus quo. Se dota al Poder Judicial de privilegios cupulares de naciones ricas con el argumento de su necesaria independencia moral, y lo que resulta es un ministerio de jueces elegidos, comprados y al servicio de sus padrinazgos políticos. Se multiplican los organismos de vigilancia sobre los Poderes de la República con el argumento de que son corruptos y deben ser vigilados -por esos organismos creados por los Poderes de la República corruptos a los que deben vigilar-, y lo que resulta son infinidad de circuitos o clubes burocráticos con consejeros y dirigentes elegidos, comprados y al servicio de sus padrinazgos políticos.

Todo se politiza en el entorno del desorden constitucional montado a lomos de la politiquería, el vandalismo de la pluralidad democrática y la inconciencia de los grandes sectores ciudadanos. Y si se amenaza el estatus de privilegio derivado de la corrupción política, los jefes del Poder Judicial se ensillan, entonces, en el argumento de la defensa de la soberanía republicana -que sólo defendieron en el discurso mientras recibían los beneficios y las órdenes de los jefes del Poder Ejecutivo- y se enfrentan, desde sus trincheras de impostada legitimidad judicial y como una fuerza política real, a sus enemigos políticos aliados en los Poderes de elección. Y si se amenaza, del mismo modo, el estatus de privilegio derivado de la corrupción política en los órganos autónomos de vigilancia de los Poderes republicanos, entonces los jefes de esos órganos soberanos, del mismo modo que los del Poder Judicial, se enfrentan a sus ahora enemigos en esos Poderes republicanos. Cada una de las causas importantes de los liderazgos enemigos del Ejecutivo y el Legislativo serán reprobadas con el mismo mayoriteo que, en contra de las suyas, obren aquellos. Nada pasará. Y sobrarán los argumentos constitucionales para que no pase. Porque si en algún país del mundo se reforman las leyes con tanta abundancia como las ocurrencias y las conveniencias circunstanciales de la diversidad política y de sus negocios particulares, y sin importar sus incongruencias, sus impertinencias y sus contradicciones -de modo que, en su ejercicio, sólo cuenten las voluntades interpretativas compradas y los acuerdos mayoriteados- es en México. Y no es casual, por eso mismo, que México sea la nación de la mayor impunidad en sus procesos penales: una impunidad casi absoluta, cercana al cien por ciento, que explica sus sangrientos espectáculos y sus incomparables cifras de reincidencia delictiva, de violencia y de inseguridad. Cualquier argumento sirve si se quiere exonerar al peor y al más señalado e indefendible homicida. Sobran los recursos del ‘debido proceso’ para permitir que los jefes del narcoterror sigan incrementando los éxitos de su invencible industria, y mil y otros recursos del catálogo legal para que casi todos los otros grandes delincuentes que han usado el poder político para incrementar sus fortunas y las de sus socios y prestanombres a costa de los bienes nacionales, sigan sin ser castigados.

Hoy día, el presidente López Obrador cabalga en el filo de una encrucijada. No ha logrado erradicar los privilegios cupulares del Poder Judicial y de los órganos autónomos electorales y anticorrupción –gracias a ese constitucionalismo amañado y leguleyo-, y sus intentos, en cambio, han conseguido algo peor que lo contrario: que sus causas fundamentales de Gobierno choquen contra esos poderosos frentes de resistencia, los que, por si fuera poco, tienen a su favor todo tipo de foros mediáticos y de propaganda para manifestarse como conquistas fundamentales de la democracia y objetos de derribo de un promotor del retorno a la dictadura.

También ha cometido un error estratégico rumbo a las elecciones más decisivas de su trayectoria política (aunque se dirá que las más definitivas fueron las que lo hicieron presidente, y no: más que llegar y saber llegar, es no dejarse ganar): No hay manera de justificar la traición a su propia causa por la regeneración moral del país, entregando la dirigencia de su partido, el defensor electoral de esa causa, nada menos que a los liderazgos políticos aliados y socios del personaje más icónico de la corrupción política, el Niño Verde, dueño de la franquicia partidista más exitosa en la historia de las asociaciones y los negocios dedicados a lucrar con los procesos electorales y con el poder público en el país. Esa metida de pata ya le ha causado inconformidades y defecciones sustantivas. Muchos de quienes han creído fiel y críticamente en la causa de la regeneración nacional, se están yendo, y todos los que se han adherido al discurso prendidos de la popularidad del jefe máximo, oportunistas que son, lo harán apenas conquisten sus fraudulentos objetivos o pierdan en su intención de conseguirlo. La sociedad del Morena y del Verde, del Niño Verde y el canciller Ebrard, parece estar condenando la continuidad del proyecto presidencial y de la ‘cuarta transformación’. Las vías parecen ser las mismas de la Línea 12 y de las tragedias del Metro, sobre las cuales, además, el ejercicio de la Justicia y las reacciones políticas de los Gobiernos de la Ciudad de México y del país, han sido tan lerdos como equívocos, del mismo modo que lo ha sido el posicionamiento de los liderazgos morenistas y aliados de la comunidad militante. De modo que, aunque en las elecciones de junio ganara la sociedad del crimen -de Ebrard y el Niño Verde-, la causa lópezobradorista de la regeneración moral acaso se quede sin un núcleo importante de convencidos reales hacia los siguientes comicios. Y lo más probable es que los derrumbes no paren. Las grietas en los muros son cada día más visibles. Las candidaturas aliadas del Morena y el Verde no son mejores que las oponentes, ni los procesos internos han sido más ejemplares que los opositores. En Quintana Roo, el desastre y el divisionismo y las ofertas miserables de mandato no podrían ser un espectáculo más desolador y censurable del lópezobradorismo. ¿Que antes las cosas no eran mejores? Pues quizá sí o quizá no. Lo mismo da. Lo que importa es el evidente fracaso de la alternativa de la redención moral en las vísperas electorales y el derrumbe irredimible de la expectativa democrática.

Y entonces el caso Cabeza de Vaca habrá de ser ahora el gran caso presidencial y nacional, en un entorno electoral dominado por la irrelevancia y la impostura representativas más inelegibles de todos los tiempos, con una ingobernabilidad y un estado de impunidad prodigados por el enfrentamiento cupular entre instituciones y Poderes republicanos federales -y no pocos estatales y municipales-, y con un liderazgo presidencial asediado por sus demonios internos -la corrupción y la inoperancia propiciatorias de tragedias sin respuestas justas, puntuales y eficientes como las del Metro, y sociedades delictivas como la del Morena de Ebrard y el partido del Niño Verde- y la amenaza de sus deserciones presentes y futuras, entre ellas las de los impostores que ganen o que pierdan, y los frustrados creyentes de la revolución moral burlados por la complicidad dirigente del Verde y su partido.

Es difícil que Andrés Manuel gane la batalla contra las mafias electorales, judiciales y anticorrupción. No lo hará, si pierde la mayoría decisiva del Congreso federal y los Gobiernos locales en disputa, o si pierde al sector crítico y leal de sus seguidores –y a la opinión pública más neutra y objetiva que lo ha considerado el menos peor de todos los líderes nacionales- merced a las indecorosas relaciones de la dirigencia de su partido con el Niño Verde.

Ya de por sí le es difícil lidiar con la querella de su principal perseguidor de delincuentes de alto perfil a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo -en una esquina-, y su inepto, intratable y demagogo titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero -en la esquina de enfrente-, alfiles esenciales de su causa contra la corrupción y el crimen que no se pueden ver ni en pintura, y cuyos enconos personales y profesionales derivan en una vasta acumulación de acusaciones y anuncios de posibles consignaciones penales que acaban en meras llamaradas de petate. Y si dentro de los colaboradores que se supone luchan por la misma causa contra los peores picapedreros del país no hay concilio ni convergencia, el ejemplo puede dimensionar los nexos y la cooperación posible con los jefes institucionales -como los judiciales y electorales- a los que se ha querido podar la supremacía de príncipes del erario a que los acostumbraron y que los ha convertido en más enemigos del poder presidencial que de los criminales mismos (cual es el caso de los jueces que, cuando pueden, más bien conceden beneficios de inocencia -claro: siempre mediante el uso discrecional del ‘debido proceso’ y la desacreditación de las consignaciones ministeriales-, en represalia contra el otro Poder, al que antes obedecían a ciegas y del cual recibían premios y castigos).

El destino de Cabeza de Vaca es toral para el presidente y para el país. Lo son también el de Ebrard y las decisiones en torno a las tragedias del Metro. Y lo mismo vale el curso de los negocios electorales del Niño Verde y los jefes del partido del presidente. Todo eso es decisivo. E igual lo es el avance de la guerra entre Poderes públicos republicanos y la ingobernabilidad resultante. Todo eso hace parte fundamental de la encrucijada del jefe de la nación, y de la nación de los que creen en él, de los que no le creen, de los que han dejado de creer en él, de los que dejarán de hacerlo, de los que han fingido su adhesión y son y serán sus enemigos, y de los demás mexicanos que sólo lo son, para bien o para mal.

SM

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