Signos
Se entiende que las instituciones de los tres Poderes republicanos que rigen la vida del país son democráticas (por lo menos de manera formal, porque del dicho al hecho abruman las entelequias). Y se entiende que, evolutivas que son, cuentan con recursos constitucionales para reformarse y autorregularse. En la democracia mexicana, del sufragio popular directo emanan las representaciones gubernamentales y parlamentarias que eligen a las del Poder Judicial, que tiene facultades de sanción sobre los otros dos Poderes, que a su vez tienen mecanismos propios y debidamente delimitados de investigación e intervención en las funciones y procesos de sus complementarios. Y del mismo modo que las cúpulas del Poder Judicial emanan del voto que constituye a los otros dos Poderes, los llamados organismos autónomos y sus autoridades electorales, de transparencia, fiscalización y anticorrupción, surgen de donde mismo. ¿Son entonces más autónomos, democráticos y ciudadanizados que el Poder Judicial y el sufragio ciudadano que -en segunda instancia- nombra a sus Ministros y Magistrados? Y si los organismos autónomos y llamados ‘ciudadanizados’ tienen la encomienda de vigilar y sancionar el desempeño de los Poderes donde los gestaron a ellos y donde se nombran sus representantes, ¿qué los hace superiores y con superior jerarquía de sanción sobre aquellos, como la última instancia soberana para juzgarlos? Y a ellos, como al Poder Judicial, ¿quién los sanciona? ¿Por qué fueron creados, si había mecanismos suficientes de control constitucional intrínsecos, y si la pluralidad que desplazó el autoritarismo unipartidista -el del PRI- diversificó y equilibró la toma parlamentaria de decisiones y la alternancia en la relativa a la administración de Gobierno?
Los poderes fácticos previos, que decidían sobre un Poder Judicial sometido desde siempre, en el periodo posrevolucionario, a las órdenes del Ejecutivo, lo fortificaron en el neoliberalismo con toda suerte de privilegios como bastión propio ante las posibilidades de una alternancia de izquierda enemiga de sus intereses, como ha ocurrido con la llegada al poder presidencial del obradorismo. Y ahora, como nunca en la historia, la autonomía judicial se defiende desde la oposición; como jamás en la era del absoluto servilismo real del Poder Judicial formalmente autónomo; y el discurso defensivo de la oposición refiere que tal autonomía, la de hoy, es una conquista de la democracia, y que la llegada al Ejecutivo federal de la izquierda es, en cambio, la de una dictadura que quiere acabar con tales conquistas democráticas.
Y entonces, con todas las fuerzas mediáticas y de las enormes fortunas acumuladas en los días felices del saqueo a los patimonios públicos, ahora se resiste la alternativa obradorista de que las sentencias últimas del Poder Judicial, las de la Suprema Corte, dejen de ser últimas y definitivas en tanto generan la contradicción de ser autárquicas y hacen de los Ministros y los Magistrados un poder deífico faccioso e inapelable, y que dichos jueces y una última instancia elegida, del mismo modo que en los otros dos Poderes dependan del sufragio directo y universal.
Sí, hay rebelión en la granja del poder económico y mediático tradicional. Se abona el discurso de que así se politizaría y se acabaría con la neutralidad de las decisiones judiciales. ¿Pero no fueron la politización y las conveniencias oligárquicas y fácticas las que pervirtieron, mediante la permisiva acumulación de privilegios de los más altos letrados judiciales como condición de su plena libertad, justamente esa autonomía republicana que debiera ser, y la politizaron aún más, pero ahora en beneficio de la plutocracia desplazada del poder político, es decir más sometida y rapaz que nunca?
Pues del mismo modo y con el mismo discurso invertido y falaz con que los ahora opositores defienden la democracia de la necesaria soberanía judicial por la que nunca pelearon cuando sus partidos gobernaban, ahora defienden la de los organismos autónomos y ‘ciudadanizados’ de transparencia y anticorrupción, creados desde las entrañas de los Poderes de elección (el Sistema Anticorrupción en la matriz nada menos que del peñismo y presentado nada menos que por el entonces máximo representante del calderonisno en el Senado, Roberto Gil Zuarth) para repetir las funciones institucionales que aquellos están obligados constitucionalmente a desempeñar. Es decir: del mismo modo que tanto se defiende la soberanía del Poder Judicial como la última instancia de la Justicia y se niega la reforma para la elección abierta de sus autoridades y la integración democrática de una instancia superior alterna para sus veredictos finales, se defiende la permanencia de la duplicidad de funciones y el despilfarro presupuestario en los múltiples y masivos organismos burocraticos autónomos ‘ciudadanizados’. Se defiende la corrupción real que los ha parido, con el discurso demagogo defensor de la conquista, en riesgo, de la pulcritud democrática.
Porque ¿cuándo, si no a partir de la llegada al Ejecutivo federal del obradorismo, es que se tornó tan autónoma y soberana la Suprema Corte? ¿No el Poder Judicial era un sector más de las decisiones de hecho y a ‘dedazo’ del Presidente de la República? ¿No fue Ministro, Eduardo Medina Mora, después de encubrir narcofuncionarios al servicio del calderonismo panista y el peñismo priista en la entonces Procuraduría General de la República, y dejó de serlo cuando le pisaba los talones, por el encubrimiento de delitos patrimoniales de narcos, la Unidad de Inteligencia Financiera del actual régimen presidencial? ¿Algún crimen mayor y alguno de los múltiples y grandes evasores fiscales y delincuentes beneficiarios del poder político fueron puestos en el aparador de la Justicia y consignados desde las denuncias de los organismos autónomos de transparencia y el sistema anticorrupción fundados en la era de la democracia y la pluralidad del panismo y el priismo?
No, la corrupción legisla e institucionaliza sus propios mecanismos de defensa y legitimación. Y los defiende con demagogas y formalistas verdades absolutas. Porque en una democracia iletrada las peores mentiras pueden desfilar y aparcar y gritarse en las calles y en las plazas como derechos de todos e inapelables realidades históricas. Porque no hay ni se entienden las relatividades. Sólo las certezas del bando en guerra al que se pertenezca.
SM