Signos
Hay delincuentes consumados, de sobra conocidos y con largas trayectorias tanto criminales como políticas, que bastaría que la autoridad superior del país quisiera para que, en lugar de seguir controlando los territorios de sus negocios de dinero, de sangre y de poder, fuesen procesados y condenados por sus incontables crímenes.
Hay, como en el norte tamaulipeco, gobernantes cuyas empresas se vincularon hace décadas con grupos del crimen organizado y cuyas operaciones han sido de sobra conocidas en la región como parte de la vasta industria del robo y el tráfico ilegal de combustibles, y como lavadoras de dinero del narcoterror y sus amplios y diversos giros fronterizos: drogas, extorsión, secuestro, trata de indocumentados, robos patrimoniales, compra de autoridades, financiamiento de candidaturas políticas, y todos las que caben en la órbita de intereses trasnacionales de las mafias mexicanas relacionadas con otras similares del mercado más poderoso del mundo.
Jamás se escondieron en ese entorno las campañas de propaganda, con continuas y largas caravanas de vehículos, de los grupos del Cártel del Golfo -de donde, al cabo, se escindieron Los Zetas, y más tarde unas células de otras, a medida que la ‘pluralidad democrática’ y los respectivos intereses de las facciones políticas y de autoridad a corromper se fraccionaban, asimismo- que en los tiempos de la alternancia panista en el poder presidencial y de la ruptura priista previa que le dio origen, entre el neoliberalismo salinista y el izquierdismo cardenista, decidieron hacerse al segundo bando y promover desde entonces a sus propios candidatos locales, también emigrados del PRI, y a los contendientes presidenciales expriistas, como Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.
Y hoy día, la síntesis de ese crimen organizado y sus autoridades políticas estatales y municipales dominan Tamaulipas y, en particular, su espacio fronterizo y sus entornos aduaneros, marítimos y terrestres.
Sus autoridades municipales, con visas ‘americanas’ o ya sin ellas, pueden tener la más larga trayectoria empresarial y criminal ligada a las industrias del narcoterror y del combustible robado en los ductos de Pemex o trasegado en buques para su refinación en Estados Unidos y su retorno a México para su distribución en todo el país.
No es casual que un Delegado de la Fiscalía General de la República haya sido asesinado en un atentado con explosivos en Reynosa sin que las pesquisas hayan dado nunca con culpables del más alto perfil político estatal y del cártel vinculado al llamado ‘huachicol fiscal’ que lo mató, como antes fueron asesinados personajes sobresalientes en el negocio de los combustibles ilegales -como Sergio Carmona, el ‘Rey del huachicol’- y del círculo inmediato del Gobernador, Américo Villarreal, como su exConsejera Jurídica y -gracias a la reforma judicial obradorista- actual flamante Presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
Gobierna el partido Movimiento de Regeneración Nacional en Entidades y Municipios. Y bien sabe Omar García Harfuch, el Secretario federal de Seguridad, como lo sabe la Presidenta Claudia Sheinbaum, que algunos de los gobernantes simbiotizados con el crimen organizado se mueven a sus anchas sobre el poder político, sabedores de su intocable inmunidad porque han sido factores decisivos en el triunfo de su causa obradorista en sus territorios y como financieros de las candidaturas presidenciales. Y ya no tienen resistencias en sus comarcas. Sus grupos criminales son hegemónicos y la violencia remite, con brotes eventuales aquí y allá, porque la delincuencia política dominante se impone. A menudo son bien vistos por la comunidad y socializan y comparten tertulias normales y sin novedad con jefes empresariales y criminales cada vez más públicos y menos clandestinos porque se ha derogado la frontera entre lo ilegal y lo legal. La cultura de la convivencia criminal se torna omnímoda y el crimen se mimetiza en el obradorismo de la regeneración moral.
Andrés Manuel hizo saber un día que su tarea de la transformación -la cuarta, después de la independentista de Hidalgo, la de la reforma laica y liberal de Juárez, y la revolucionaria y no reeleccionista de Madero- tuvo que contar con liderazgos y sectores políticos simpatizantes que la favorecieron con el potencial de gestión e influencia que faltaban en sus filas originarias y en todos los niveles de su administración republicana, aunque tuviesen que tolerarse inconvenientes éticos y de probidad que ya se resolverían, tras la conquista de la decisión mayoritaria del electorado, principio de la llamada ‘cuarta transformación’. Lo que nunca dijo es de qué dimensiones eran los intereses de la corrupción y de la delincuencia política que se sumaban a esa causa de la Regeneración Nacional, procedentes de filiaciones partidistas y estructuras de poder ahora opositoras y desvalidas. Nunca los combatiría. Ni se atrevería contra los grupos del crimen organizado identificados con ellos.
Eran los mismos de los tiempos de la Presidencia panista de Felipe Calderón, y hasta mejor avituallados que entonces, pero no había mejor propaganda de defensa de la incapacidad propia contra la inseguridad y para fortalecer la imagen pacifista y moralizadora del esperanzador guadalupanismo carismático de izquierda ahora gobernante, que acusar al corrupto ‘conservador’ de legar un país ensangrentado por las carnicerías de su ‘guerra contra el ‘narco”, una política a la que debía renunciarse de inmediato y cambiarse por la de ‘atacar sus causas’, es decir exterminar por completo la pobreza, cual única generadora de espíritus retorcidos y homicidas, de sicarios despiadados, de drogadictos descuartizadores y autores de masacres y violencias como las más salvajes del orbe, pero, seres humanos que también eran -aunque los sádicos no lo parecieran-, había que garantizar sus derechos fundamentales y evitar a toda costa sacrificarlos (un argumento muy conveniente, además, para eludir confrontaciones militares con ellos, sus saldos mortíferos inevitables y el deterioro consecuente de una imagen de santidad y casto proselitismo predicador cifrada en buena medida en la campaña anticalderonista contra la violencia en el país).
Y el crimen organizado y político del priismo y el panismo venido a menos se refundó en empresarios, Alcaldes, Gobernadores, Legisladores, Magistrados, Fiscales y corporaciones y jefes policiacos que, ahora santificados bajo la tilma de la popularidad carismática de la regeneración moral del obradorismo cuatroteísta invencible, se tornaron más intocables y poderosos e inmunes que nunca en el país entero, pero sobre todo en los territorios estratégicos más rentables, como los fronterizos con Estados Unidos, y más que nada los del norte tamaulipeco, donde del Cártel del Golfo emergió, con Los Zetas de Heriberto Lazcano, el Lazca, la alternativa industrial de integrar, con el narcoterror, todas las demás actividades que ahora son propias de las principales bandas criminales del país y sus subsidiarias (extorsión, trata, huachicol, despojo inmobiliario, etcétera).
¿Harfuch sabe quiénes son los Alcaldes y demás jefes políticos y narcoempresarios y socios de alcurnia del crimen organizado de larga data militante y transitada del PRI al PAN y al PRD y al Morena? Lo sabe tanto como la conciencia de Claudia que es en la materia. Pero sabe también, como su jefa, que son el soporte militante y financiero de su causa presidencial en sus entornos de poder, y que cuentan en ellos con sobrada influencia electoral y ya con un arraigo popular difícil de erradicar. Porque hay una cultura de la moralización del crimen político, un aval de cotidianidad donde se garantiza que no hay mejores opciones representativas que las de la izquierda obradorista procedente de las oposiciones hundidas con su emigración hacia el continente de la salvación progresista de México.
Y sí, seguirá la cacería de sicarios y huachicoleros de segunda. Y Claudia tratará de seguir resistiendo entre la espada (de las evidencias contra personajes mayores de la delincuencia política señalados por la Justicia trumpista) y la pared (de encubrirlos y justificarlos para que no se le desmorone el teatro de la Regeneración Nacional que se sostiene con los palitos del Banco del Bienestar y los negocios políticos y electorales de los liderazgos estatales y municipales que abastecen la causa de la izquierda con la vasta corrupción institucional).
Y vuelve la pregunta recurrente: ¿son de izquierda los gobernantes y liderazgos estatales y municipales que imponen sus fueros en la margen mexicana del Río Bravo?
¿No es la izquierda la que se mata a sí misma, en las soberbias y cretinas antípodas de la autocrítica, lo mismo en México que en Cuba, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y Argentina, por ejemplo, negada a rectificar, a reinventarse y al progresismo verdadero y a la vanguardia socialista e incorruptible que defiende como su alma y verdadera piel? ¿No son pírricas y cada vez más insignificantes y remotas y menos diferenciadas de la ética y de las virtudes de gestión pública de la derecha su fuerza de transformación y sus capacidades de contribución social?
SM