La cosa pública
Por José Hugo Trejo
Ya sea por efectos del temor a un contagio masivo en sus Estados, sus Municipios o sus comunidades, del nuevo coronavirus que ocasiona el Covid-19, o por querer sacar provecho político y hasta económico, por la oportunidad que para los corruptos se presenta para la erogación de gastos “justificables” por la emergencia, a lo largo y ancho del país autoridades de todo tipo están tomando medidas, que en muchos casos son violatorias de los derechos fundamentales de los mexicanos y contradictorias de las políticas públicas emitidas desde el Gobierno federal para hacerle frente a la grave contingencia sanitaria y económica que nos está asolando.
La discordancia se observa tanto en acciones de gran envergadura, como las iniciativas anunciadas por el Banco de México, de inyectar al sistema financiero unos 750 mil millones de pesos para créditos a pequeñas y medianas empresas, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que en acuerdo con el Consejo Mexicano de Negocios destinará 12 mil millones de dólares para otorgar créditos a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas; pero que según lo hizo público el Presidente Andrés Manuel López Obrador, están fuera de los planes aprobados por su Gobierno y no las avalará, a ambas iniciativas, si las mismas pretenden garantizarse con el patrimonio nacional.
Antes de estas anunciadas medidas económicas que de manera paralela al Gobierno y sin su consentimiento según lo dejó claro el presidente López Obrador, han tomado el Banxico y el BID con la cúpula de los hombres de negocios de nuestro país, y desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia por el Covid-19, gobernadores y presidentes de varios puntos del país comenzaron a tomar medidas por adelantado y contra los dictados del Gobierno federal.
Algunos gobernadores, como el de Yucatán, cerraron sus Estados y restringieron al máximo la circulación de vehículos foráneos por sus entidades, en tanto que presidentes municipales y hasta delegados, comisarios o autoridades de pequeños poblados y comunidades, se tomaron atribuciones metaconstitucionales declarando toques de queda y bloqueando la salida y el acceso a las jurisdicciones en las que ejercen su autoridad.
Con el transcurso de la pandemia y el incremento de casos confirmados así como por la multiplicación de muertes causadas por el Covid-19 en el país, se sumaron cientos de autoridades municipales y casi todos los gobernadores a la aplicación de medidas restrictivas sin justificación legal pero fundamentadas en el temor de mayores contagios.
Y así como se adelantaron algunos gobernadores y alcaldes del país a tomar medidas restrictivas para prevenir el contagio de sus gobernados, sin coordinación con el Gobierno federal que ha venido siguiendo las pautas marcadas por la OMS, en lo económico también se adelantaron para disponer de recursos presupuestales para brindar apoyos crediticios a los pequeños y medianos negocios y para repartir despensas y alimentos entre la población más afectada por la parálisis económica que provocaron las medidas de prevención sanitaria para combatir la pandemia.
Todos sin coordinación con el Gobierno federal que no hace mucho comenzó a repartir también sus despensas, y muchos más con el afán de justificar millonarias erogaciones, que no tardarán en salir a flote, con el pretexto de la contingencia y de la necesidad de muchísimas familias a la que ellos han resultado ser sumamente sensibles.
En Quintana Roo, el caso más elocuente, descarado y hasta subversivo de las medidas ordenadas por el Gobierno federal para el confinamiento en casa de la mayoría de las personas en la fase 3 de contingencia sanitaria, es el de las autoridades municipales de Solidaridad, que con el pretexto de la necesidad generada por la crisis entre la población, puso en operación comedores públicos mediante los que reparte alimentos cocinados de ínfima calidad y cantidad para que las personas necesitadas lleven a casa, no sin antes hacer filas de espera de más de dos horas, exponiendo su salud y la de sus familias.
Y no digamos la exposición a la que se somete al personal del Ayuntamiento que está obligado a cocinar y repartir los cuestionados alimentos.
Habrá que esperar las cuentas que se presenten o se justifiquen por tan loable labor emprendida en plena pandemia por las autoridades municipales de Solidaridad y, seguramente, de muchos otros lugares en donde no faltan generosos servidores públicos que “saludan con sombrero ajeno”.