La reelección de los diputados locales sería un atraco democrático perfecto de miles de millones del erario

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Hoy día, los diputados quintanarroenses ocupan el sexto lugar como los mejor pagados del país. Y Quintana Roo y sus Municipios –merced, entre otras cosas, a las autorizaciones de endeudamiento emanadas de las mayorías parlamentarias compradas por los gobernantes estatales y municipales en turno, con el desvío de muchos millones y el otorgamiento de no menos costosos privilegios y oportunidades para el efecto- son de los más insolventes, financiera y fiscalmente, para responder a sus ilógicos y siempre renegociados –o heredados- compromisos crediticios, y a una demanda de obras y servicios básicos que los desborda y les crea rezagos sociales también de los más grandes, donde la marginalidad y la inseguridad se multiplican, el ámbito natural se muere sin remedio y a toda prisa, y no hay poder público que priorice y atienda la catástrofe pese a que la entidad posee la mayor riqueza turística y la mayor renta derivada de la industria vacacional. La incomparable abundancia silvestre es víctima de los negocios del poder político, de la voracidad inmobiliaria y de la incompetencia y el desinterés institucionales, en uno de los territorios de mayor ingreso empresarial, pero también de los más violentos, y donde los diputados, sin embargo, son de los más privilegiados y mejor remunerados, porque reciben cada uno, al año, 19 millones 424 mil 917 pesos -luego de que el año pasado tuvieran un aumento de más de 55 mil pesos mensuales-, sin contar las vastas prestaciones y recursos adicionales de los que gozan y que entran en otras áreas presupuestales, no obstante ser, asimismo, los más inservibles e improductivos parlamentarios de México frente a la compleja realidad que les concierne, y cuyas iniciativas y reformas legislativas, o son pírricas o están detenidas o son desechadas o acaban en el bote de la basura. Se trata de una representación popular falaz, anodina y dispendiosa, cuya dirigencia hace negocios privados y promueve “ayudas sociales” mediante erogaciones por demás opacas, y sobre cuyo grupo verde gravitan cargos de corrupción. Y en el colmo del cinismo y la vulgaridad, estimulado el liderazgo por la victoria de su partido en las elecciones pasadas –donde su guía superior, el Niño Verde, obtuvo la mayor de las ganancias asociado a la no menos turbia dirección del partido Morena y ahora impone exigencias como la del caso-, ahora se disponen a aprobar una iniciativa que les permita reelegirse durante cuatro periodos consecutivos, lo que les permitiría permanecer en la curul hasta 12 años. Nunca como ahora ha habido un mayor retroceso en el trabajo del Poder Legislativo, pero la apuesta de los diputados es que la gente votará por ellos sólo por estar en las filas del Morena y sus aliados del PT y el Verde, a tono con la tendencia de las elecciones pasadas, donde lo que menos importa son los candidatos, sino los negocios que se hagan al amparo de la popularidad presidencial.

Javier Ramírez

Con el pretexto de “profesionalizar el trabajo legislativo”, los integrantes de la XVI Legislatura del Congreso del Estado presentaron una iniciativa de ley para incrementar de dos a cuatro el número de veces que pueden ser reelegidos, de tal manera que podrían permanecer en la curul hasta 12 años consecutivos.

Sin embargo, esta propuesta es la manera en que los legisladores quintanarroenses pretenden atracar el erario y el patrimonio público del Estado, aprovechando el triunfo del Morena y sus aliados en las elecciones del pasado 6 de junio, en la lógica de que lo que menos importa a los electores de la mayoría son quiénes son los representantes en los Poderes representativos, sino que formen parte de la causa presidencial. 

De modo que si los ocho diputados actuales del Morena y los cuatro del Verde buscan la reelección, tienen grandes posibilidades de salir victoriosos el próximo año, cuando se renueven los Poderes Ejecutivo y Legislativo, asegurando tanto la mayoría como los 20 millones de pesos que reciben al año por mantener uno de los Congresos más improductivos y nocivos del país.

Diputados reelectos, inútiles y perniciosos

Fue en 2014 cuando una reforma constitucional permitió que diputados locales y federales pudieran buscar la reelección, ya sea por el mismo partido o cualquiera de la coalición que los postulara inicialmente.

Así, en los últimos tres años, mil 16 diputados locales han podido reelegirse.

En Quintana Roo, tres integrantes de la XV Legislatura consiguieron la reelección durante los comicios de 2018: de manera directa, Tyara Schleske de Ariño, representante del Distrito IV por el PVEM, y por la vía proporcional el también verde José de la Peña Ruiz de Chávez, y el panista Eduardo Martínez Arcila.

El trabajo de estos tres en la actual Legislatura, de acuerdo con información proporcionada por la página web del Congreso, se reduce a lo siguiente: Schleske de Ariño, cero iniciativas presentadas; Ruiz de Chávez, 30 iniciativas (9 atendidas, 17 turnadas y el resto desechadas); y Martínez Arcila, 13 iniciativas (7 atendidas, 5 turnadas y una parcialmente atendida).

El improductivo e invisible ‘trabajo’ de este trío es clara muestra de que la reelección no significa una mejor “relación de responsabilidad y rendición de cuentas entre los representantes populares y su base”, como se expuso durante la presentación de motivos de la iniciativa de decreto presentada el pasado 14 de junio ante la Comisión Permanente del Congreso, con la que se pretende reformar el Artículo 57 de la Constitución Política del Estado para permitir la reelección de los diputados hasta por cuatro periodos consecutivos.

De acuerdo con lo expresado por el presidente verde de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso, Gustavo Miranda García, permanecer en el cargo más tiempo permitiría a los quintanarroenses tener legisladores mejor preparados y evitar “sometimiento con el Ejecutivo”.

Según su verde descaro y su natural impericia argumentativa, no es la condición moral, sino la temporal, la que propicia la abyección y la corrupción parlamentaria.

“[Reelegidos] podemos traer la mejor tecnología y los asesores que han funcionado en otros lugares”, apuntó, sin agregar al despropósito que, si no, no…

Escarnio o enanismo

¿Es burla?, ¿patanería vil?, ¿o severa afectación mental?

La labor –por así decirlo- de Miranda García en la curul es la de un simple mozalbete tan bárbaro como voraz. Ha aprobado, por ejemplo, la implementación de tecnología innecesaria que le costará al Congreso casi 60 millones de pesos al año, además de que está involucrado en actividades investigadas como criminales y mafiosas como las que lo vinculan al llamado ‘Cártel del despojo’ -o grupo dedicado a la apropiación ilegal de departamentos de lujo en la zona norte del Estado-, junto con su compañero de bancada, el exdirigente estatal del Verde, José de la Peña.

Entre quienes desaprueban la reelección de los diputados está el presidente del Observatorio Ciudadano de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, quien aseguró que la XVI Legislatura local se ha caracterizado por el retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas, siendo la compra de la tecnología blockchain por parte de Miranda García uno de los principales ejemplos de la opacidad con la que se mueven los legisladores.

Comentó que esta iniciativa se presentó en un entorno de “oportunismo laboral”, debido a que están por comenzar los trabajos para la renovación del Congreso.

Galaviz Ibarra señaló que con la actual Legislatura “no existe defensa a la mujer, no hay actividad política, y no ha sido el Congreso un poder independiente para ejercer un balance entre los poderes del Estado”, por lo que considera que los actuales diputados no tienen elementos como para pedir la reelección. 

Oprobiosos y costosos

De acuerdo con el reporte sobre eficacia legislativa de los Congresos locales, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con base en datos de los presupuestos de egresos estatales de 2020, el Congreso de Quintana Roo, con sus 25 integrantes, costó a los ciudadanos 485 millones 622 mil 930 pesos, casi 17 millones de pesos más que en 2019, luego de que el sueldo anual de cada diputado pasara de los 18 millones 754 mil 338 pesos en 2019, a los 19 millones 424 mil 917 pesos.

Estos 485.62 millones de pesos superan la media nacional y cuadruplican el presupuesto del Congreso de Colima, el cual es el más austero del país con sus 115 millones de pesos, que tiene el mismo número de congresistas, aunque sólo ganan 4 millones 600 mil pesos al año.

El Informe Legislativo 2021 del IMCO destaca que el Congreso de Q. Roo es el más costo per cápita del país, pues financiar al Poder Legislativo cuesta a cada habitante 372 pesos.

Según las conclusiones del IMCO, los Congresos de la Ciudad de México, Sonora y Quintana Roo solicitan el doble o más de recursos por habitante o por congresista que el promedio nacional, sin que estén claras las razones por las cuales necesitan más recursos que otros Estados.

En rubros como la comunicación social, el Congreso gasta 24 millones de pesos, mientras que, por ejemplo, el de Yucatán sólo eroga 4 millones, además de que las ayudas sociales no son transparentes, pese a que tienen destinado un presupuesto de 98 millones de pesos.

Desde que inició la actual Legislatura, hasta el 31 de septiembre del año pasado, los legisladores han gastado 511 millones 585 mil 57 pesos en servicios personales, cantidad que no fue transparentada en ningún documento.

Asimismo, en diciembre pasado, fue detectada una nómina de 50 ‘aviadores’ que en conjunto costaban al Congreso más de 500 mil pesos al mes. En esa ocasión, Miranda García quiso “pararse el cuello” asegurando que se había realizado un “ejercicio exhaustivo” para encontrar a estas personas, pero cuando fue cuestionado sobre los nombres o referencias, se negó a responder asegurando que “no es lo prudente”.

Asimismo, los legisladores tampoco han brillado por su ‘autonomía’, toda vez que en marzo pasado aprobaron con 16 votos a favor el proyecto que autoriza al Gobierno del Estado obtener uno o varios financiamientos, o la colocación de deuda en mecanismos bursátiles, por hasta 820 millones de pesos, lo que compromete por 20 años el 25 por ciento de los recursos federales que recibe la entidad.

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