La suspensión de la reforma eléctrica aumenta el conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Judicial, y revela la perniciosa magnitud del reformismo neoliberal legado en defensa de los grandes grupos de poder

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El pasado 2 de marzo, luego de varias semanas de debates y protestas, el Senado de la República avaló las modificaciones a la llamada Ley de la Industria Eléctrica, lo que permitió al Poder Ejecutivo publicar el decreto de las mismas en el Diario Oficial de la Federación. Se pensó que de esta manera se estaba poniendo fin a la política energética que desde los tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari priorizaba a las empresas particulares, varias de ellas extranjeras, con las que han hecho negocios los gobernantes del PRI y el PAN, en detrimento no sólo del Estado sino de los consumidores. Sin embargo, estas compañías no se quedaron con los brazos cruzados e interpusieron decenas de amparos que hoy han obligado a la Secretaría de Energía a suspender oficialmente la reforma en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva los litigios. Esta situación ha vuelto a poner en el centro del interés nacional la discusión que los Poderes Ejecutivo y Legislativo mantienen desde hace un par de años, pues, como ya ha quedado comprobado a lo largo de lo que va del sexenio, los jueces han entorpecido los avances de la ‘cuarta transformación’, ya sea deteniendo la construcción de obras en Santa Lucía o el Tren Maya, o liberando a presuntos delincuentes con el argumento de que se viola el ‘debido proceso”.

Javier Ramírez

Los amparos en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel, publicada el pasado 9 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, no se hicieron esperar. Apenas dos días después se interpuso el primero, y poco a poco fueron aumentando hasta llegar hasta las 84 que existen al 26 de marzo.

Y la mayoría de ellos tienen un común denominador: fueron aceptadas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

En un principio, el jefe del Ejecutivo solicitó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, investigar al juez debido a sus decisiones judiciales. Sin embargo, al declarar este último que en las decisiones de los jueces debe prevalecer la autonomía, dicha solicitud fue finalmente remitida al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Cansado de la inacción judicial, el presidente envío al Senado una iniciativa de reforma a las leyes Orgánica del Poder Judicial y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de que se amoneste, se suspenda y hasta se destituya, a los jueces y magistrados que incurran en actos de nepotismo y corrupción.

Fortalecimiento del Estado, meta de la reforma

La solución que Andrés Manuel propuso para detener la debacle de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en los últimos meses había demostrado problemas para suministrar el servicio a todo el país, fue modificar la Ley de la Industria Eléctrica para darle prioridad sobre las empresas privadas en el despacho de las centrales eléctricas; privilegiar las plantas hidroeléctricas, seguidas de la planta nuclear y las centrales geotérmicas y termoeléctricas, dejando por último las plantas eólicas y solares de empresas particulares y las centrales eléctricas de ciclo combinado de propiedad privada, mismas a las que se les revisarían y, en su caso, se invalidarían, los permisos de autoabastecimiento.

La propuesta de inmediato generó rechazo en las cámaras empresariales, que argumentaron que, de aprobarse la reforma, se perderían inversiones hasta por 601 mil millones de pesos. Incluso la Cámara de Comercio advirtió que representaba un incumplimiento del Tratado México-Estados Unidos-Canada (T-MEC), que prohíbe a los Gobiernos favorecer a las empresas estatales.

Sin embargo, consciente de que un Estado de compromiso social debe privilegiar los intereses fundamentales de las mayorías y no los del mercado y la renta financiera, la reforma fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Lluvia de amparos

Juan Pablo Gómez Fierro

El 11 de marzo, la empresa Eoliatec del Pacífico, propiedad de la compañía francesa EDF Energies Nouvelles y de la japonesa Mitsui, ubicada en Santo Domingo, Oaxaca, interpuso el primer amparo en contra de la reforma eléctrica. Tras ella, hizo lo propio Zuma Energía, propiedad de la compañía china Power International Holding Limited, que cuenta con dos parques solares, en La Orejana, en Sonora, y Santa María, en Chihuahua.

Fue el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, a cargo de Juan Pablo Gómez Fierro, el que suspendió provisionalmente la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que más empresas fueron interponiendo amparos.

Tras esto, el presidente de la República solicitó mediante una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, investigar al juez Gómez Fierro.

“De manera respetuosa, en observancia al principio de separación de Poderes, le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”, leyó López Obrador en su conferencia mañanera del pasado 15 de marzo.

El presidente aseguró que le llamó la atención la velocidad con la que el amparo fue aprobado y además acusó que grupos de poder estarían detrás de la medida.

Sin embargo, Arturo Zaldívar le respondió al presidente de la República que su petición sería turnada al Consejo de la Judicatura Federal, y que en caso de existir elementos se procedería a la revisión del juez.

“Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia. Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar porque puedan hacerlo con libertad y del mismo modo, es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley, con honestidad y total imparcialidad. Seguiremos cumpliendo con esta encomienda”, refirió el ministro a López Obrador.

Reforma suspendida

Ante el cúmulo de amparos presentados, la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle, publicó el 24 de marzo un acuerdo por el que, por órdenes de dos jueces federales, quedó suspendida de manera indefinida la reforma eléctrica, en tanto se resuelvan de fondo los litigios que lleguen a la Suprema Corte de Justicia.

Aclaró que con esta decisión se restablece provisionalmente el marco normativo de la Ley de la Industria Eléctrica que estaba vigente hasta antes de la aprobación de la reforma del Ejecutivo Federal.

Dos días después, el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, se presentó en la conferencia del presidente para señalar que la reforma energética de 2013, de Enrique Peña Nieto, afectó económica y estructuralmente a la CFE, al permitir que las compañías privadas, conformadas en llamadas “sociedades de autoabasto”, hicieran uso de la red eléctrica sin pagar.

Explicó que una sociedad de autoabasto es una empresa que genera energía y finge tener socios y se las vende a ellos mismos, bajo un esquema de suscripción. Este tipo de sociedades generan su propia energía, pero utilizan la red eléctrica que genera un costo que tiene que asumir la CFE por ley.

En ese sentido, detalló que actualmente hay 223 centrales de autoabasto con 75 mil 656 socios de paja, que son empresas grandes que se acomodan bajo este formato desde hasta con un dólar.

Reiteró que la reforma energética de Peña Nieto, que se restableció al suspender provisionalmente la de López Obrador, obliga a la Comisión Federal de Electricidad a comprar la energía eléctrica a la iniciativa privada durante 25 años, lo que genera una pérdida de 222 mil millones de pesos. Además, mencionó, se produce otra merma de 215 mil millones de pesos porque la mitad de sus centrales no fueron despachadas con electricidad.

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