CANCÚN.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que las multas por violar sellos de clausura, como los colocados en predios vinculados al proyecto Perfect Day en Mahahual, pueden alcanzar hasta 4 millones de pesos.
La dependencia explicó que cuando impone sellos de clausura aplica una medida de seguridad para detener actividades que dañan el ecosistema o que no cuentan con los permisos ambientales correspondientes, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). La violación de estos sellos implica desobedecer la orden de suspensión y continuar de manera ilegal con obras de construcción, demolición o relleno.
A inicios de febrero, Profepa clausuró trabajos en terrenos asociados al proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, donde —según informó— ya se habían afectado más de 17 mil metros cuadrados de selva y manglar sin contar con autorización ambiental previa.
La dependencia adelantó que esta semana realizará una nueva inspección en la zona para evaluar el daño ambiental y determinar las sanciones correspondientes.
Procedimiento judicial
De manera paralela, los colectivos Salvemos Mahahual y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) dieron a conocer que la jueza Eugenia Maritza Valencia Hernández, del Juzgado Primero de Distrito en Chetumal, no admitió los amparos promovidos por ocho habitantes de Mahahual que buscan frenar actos que consideran lesivos para su territorio y medio ambiente.
Las organizaciones señalaron que, en el primer amparo, la jueza consideró que la modificación al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) era un acto administrativo, lo que implica un plazo de 15 días para impugnarlo, contados a partir de que los afectados tienen conocimiento del acto.
Sin embargo, en resoluciones posteriores relacionadas con el mismo asunto, la juzgadora calificó la modificación al PDU como si se tratara de una ley, lo que establece un plazo distinto de 30 días a partir de su publicación oficial.
Los colectivos consideraron que esta diferencia de criterios representa una contradicción jurídica, ya que un mismo acto fue clasificado de dos maneras distintas, aplicando plazos diferentes para su impugnación.
Con información de El Economista