A unos meses de haber iniciado su gestión, el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presumió a los gobernadores Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, respectivamente, como la nueva cara del Partido Revolucionario Institucional: rostros jóvenes y sin corrupción, dijo. Hoy, los tres están procesados por cometer varios actos de corrupción durante sus gestiones. Y ahora el caso de César Duarte adquiere mayor notoriedad con su reciente extradición al país procedente de Estados Unidos, donde había sido detenido en julio de 2020, para responder por el desvío de 96 millones de pesos del Gobierno de Chihuahua para la realización de la “Operación Safiro” (sic), que financió las campañas electorales del Revolucionario Institucional. Han pasado 10 años desde entonces y solamente unos pocos han sido detenidos, mientras que nombres como el de Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones y Antonio Meade Kuribreña han conseguido mantenerse limpios, a pesar de que estarían involucrados directamente en el caso.
Javier Ramírez
El pasado 2 de junio, unas horas antes de que se llevaran a cabo las elecciones para elegir gobernador en seis Estados del país, el Gobierno de los Estados Unidos entregó en extradición a México al exmandatario de Chihuahua, César Duarte Jáquez, para que sea procesado por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 96 millones de pesos entre los años de 2011 a 2014.
Luego de tres días de audiencia, un juez de Control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un año, a petición de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Ahora, la defensa de Duarte tendrá que probar que no fue él el responsable de desviar el dinero de diversas cuentas pertenecientes a la Secretaría de Hacienda para utilizarlo en varios fines, incluido el financiamiento de las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la llamada “Operación Safiro”, en el que estarían involucrados algunos de los principales hombres de Enrique Peña Nieto, como Luis Videgaray Caso y Manlio Fabio Beltrones.
La imputación
La audiencia de formulación de cargos inició un día después de que fue extraditado a México. Sin embargo, el juez de Control Humberto Chávez Allende tuvo que suspenderla en varias ocasiones, debido a las condiciones de salud de César Duarte. Por ello, no fue sino hasta el 5 de junio cuando el Ministerio Público terminó por hacer la imputación por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada.
En la exposición de antecedentes, la parte acusadora dio a conocer que entre los años 2011 y 2014, el exgobernador acordó con diversos funcionarios y personas ajenas al servicio público un reparto de roles y actividades, para desviar del patrimonio estatal 96 millones 685 mil 253 pesos, recurso que permanecía depositado en varias cuentas pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y que estaba destinado para su ejercicio exclusivamente en fines públicos.
En ese lapso de tiempo, el Gobierno de Chihuahua hizo 17 pagos reiterados a dos personas morales con las que había intereses personales y de negocios, pues Duarte era presidente del consejo directivo y administrador de una de ellas y accionista mayoritario de la otra.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la entrega de dichos recursos públicos a ambos organismos se hizo a través de 11 procedimientos administrativos simulados.
Unas horas después, el juez determinó vincular a César Duarte a proceso por los delitos antes mencionado, al considerar que existen suficientes pruebas para presumir su responsabilidad en ellos. Asimismo, otorgó seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Responde la defensa
Durante la audiencia de vinculación a proceso, la defensa del exgobernador sostuvo que éste no dio órdenes directas para efectuar los desvíos, sino que exfuncionarios subordinados a él actuaron por cuenta propia.
Además, señalaron que Duarte no era responsable del manejo de los recursos públicos, por lo que derivaron la responsabilidad en su exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, quien ha fungido como testigo colaborador de la fiscalía en otras acusaciones de corrupción en contra de Duarte.
La defensa también señaló al exdiputado priista Carlos Hermosillo, ya fallecido, quien, supuestamente, fue quien instruía los desvíos.
Aseguraron que los exfuncionarios que colaboraron como testigos de la Fiscalía fueron presionados y torturados por la administración del exgobernador Javier Corral, y presentaron como “prueba” una columna de opinión sin firma publicada en un medio local.
Por su parte, luego de conocer que permanecerá en prisión preventiva los siguientes días, César Duarte afirmó que luchará para reivindicar su nombre.
“Mi mayor lucha será reivindicar a mi familia y reivindicar mi nombre, porque la única obra que se planteó el Gobierno anterior, era tenerme en la cárcel”, aseveró.
Dijo que tiene toda su confianza puesta en el Poder Judicial de Chihuahua, pues ya no hay intromisión del gobernante en turno, como ocurrió el mandato del panista Javier Corral.
Actúa la FEPADE
Fue en junio de 2017 cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó la detención de Duarte, tras integrar un expediente con suficientes pruebas que demostraban que desvió recursos públicos a favor del Revolucionario Institucional.
De acuerdo con las investigaciones, durante su administración ordenó descontar a los empleados gubernamentales 10 por ciento de su salario para destinarlos al fortalecimiento económico del PRI estatal. Un total de 700 trabajadores resultaron afectados con la retención de ese porcentaje, el cual se concentraba en una cuenta de la Secretaría de Hacienda.
Cada mes se expedía un cheque que era entregado al tesorero de dicho partido, sin reportarlo al Instituto Nacional Electoral u otra instancia local. El monto total de los recursos desviados durante seis años ascendería a más de 79 millones de pesos.
El entonces titular de la Fepade, Santiago Nieto, advirtió que en el delito no sólo estaría involucrado César Duarte, sino también los líderes del partido, encabezados por Manlio Fabio Beltrones.
Como parte de las investigaciones, el 20 de diciembre de 2017 fue detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, acusado de participar en una red que desvió 240 millones de pesos de fondos públicos de Chihuahua para favorecer a las campañas electorales del tricolor en 2016.
Dentro de su declaración, Alejandro confirmó que los montos desviados de la Federación fueron avalados por el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.
De igual manera, durante la audiencia, un testigo protegido afirmó que Alejandro Gutiérrez le dijo que existió desvío de dinero en seis entidades, con ‘blindaje’ del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que no podían devolver el dinero desviado desde Chihuahua.
Viendo que podría ser el siguiente detenido, Fabio Beltrones interpuso un recurso de amparo y emitió un comunicado en el que rechazó haber firmado convenios con Gobiernos estatales para transferir recursos federales a las campañas de su partido.
No fue sino hasta dos años después, el 8 de julio de 2020, cuando César Duarte fue detenido en un taller de automóviles en Miami, Florida.
En una audiencia ante la Corte estadounidense, Duarte se declaró perseguido político de su sucesor, el entonces mandatario Javier Corral, y afirmó que corría peligro si era extraditado a México.
Sin embargo, en noviembre del año pasado una juez federal ordenó su extradición, la cual finalmente se cumplimentó medio año después.
Duarte fue ingresado a la prisión estatal de San Guillermo, en la ciudad de Chihuahua, para continuar el proceso en su contra.