En el municipio de Benito Juárez que viene administrando para su peculio y el de su familia Mara Lezama Espinosa, presidenta municipal, se está cocinando un fraude más en perjuicio de las finanzas municipales y en beneficio de la empresa recolectora de basura, Inteligencia México, S.A. de C.V., vinculada al expresidente municipal interino C.C.R., uno de los principales asesores de la alcaldesa durante su campaña proselitista de hace dos años. El caso es que la “solución” que pretenden darle al incumplimiento de la recoja de basura por parte de la concesionaria, desde el mes de marzo pasado y hasta la fecha, es el del retiro de la concesión mediante una “indemnización” que puede ser de hasta 2 mil 800 millones de pesos por parte del Ayuntamiento a la empresa vinculada con el referido exedil, según han dejado trascender fuentes del Gobierno municipal que no están de acuerdo con el pretendido atraco al patrimonio de los benitojuarenses. Si desde marzo pasado la concesionaria de la recoja de basura Inteligencia México dejó de prestarle el servicio a la ciudadanía y desde el comienzo de su concesión no cumplió con poner a disposición de la ciudadanía el número de camiones acordado, entre muchas otras irregularidades con las que se cumplen las condiciones para que el Municipio se la revoque desde hace meses de no existir cláusulas contractuales leoninas a favor de la concesionaria, sobre las que nada hizo el actual Gobierno municipal cuando arrancó funciones, no obstante conocer las condiciones del contrato de concesión, por los vínculos existentes en ese entonces entre C.C.R. y la alcaldesa benitojuarense.
Javier Ramírez
El pasado 15 de los corrientes, el Cabildo de Benito Juárez que encabeza Mara Lezama aprobó que el Ayuntamiento asuma de manera temporal los trabajos de recoja de basura, argumentando que la empresa concesionaria, denominada Inteligencia México, S.A. de C.V., ha estado ofreciendo un servicio deficiente, lo que había provocado que más de 6 mil toneladas de desechos se acumularan en las calles tras el pasado del huracán “Delta”.
Sin embargo, esta situación se había estado registrando prácticamente desde comienzos de este año, acentuándose en las últimas semanas de junio, pese a que la concesionaria había adquirido 15 camiones recolectores por un costo de 15 millones de pesos, lo que amplió a 45 el número de unidades disponibles para la recoja y transportación final de la basura.
Ahora la alcaldesa amaga con revocarle la concesión a la referida compañía, vinculada a C.C.R., quien en 2017 consiguió que el Cabildo del entonces edil Remberto Estrada Barba estableciera un contrato de 20 años y que en caso de una revocación, imputable o no a la empresa, la Comuna deberá pagarle una indemnización de 2 mil 800 millones de pesos, que equivale a casi dos terceras partes del presupuesto anual del Ayuntamiento.
Ante esta situación que amenaza la salud de la población, el presidente de la Jugocopo del Congreso local, Gustavo Miranda García, informó que ya se inició una revisión de la manera en que dicha concesión fue aprobada tanto por el anterior Cabildo como por la pasada Legislatura, aunque advirtió que para proceda la revocación deberán existir elementos suficientes.
La simulación de Mara
Cuando tomó la palabra durante la XV sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado 15 de octubre, en la que se sometió a votación el acuerdo para intervenir temporalmente la concesión del servicio público de recoja de basura otorgada a la empresa Inteligencia México, S.A. de C.V., la alcaldesa Mara Lezama aseguró que aunque el Ayuntamiento no está en contra de los trabajadores de la referida empresa -quienes se fueron a paro un día antes para reclamar prestaciones de ley-, “el pueblo está primero”, por lo que de manera inmediata se suspenderían los pagos a dicha compañía hasta que ésta reinicie sus operaciones.
La munícipe, quien apuntó que a ella “no le tiembla el pulso” para tomar decisiones, afirmó que debido a la inoperatividad de Inteligencia México se habían acumulado más de 6 mil toneladas de basura en las calles, principalmente por los estragos que provocaron los meteoros “Gamma” y “Delta” hace unas semanas, lo que amenazaba con convertirse en un serio problema de salud pública.
Así, dispuso un operativo con más de 200 empleados municipales y unas 82 unidades para comenzar los trabajos de limpieza, coordinado por la paramunicipal Solución Integral de Residuos Sólidos (Siresol).
La alcaldesa ha comenzado un plan para retirarle la concesión a la empresa vinculada al exedil interino, pese a que anteriormente ha intentado lavarse las manos por el mal servicio y los abusos de la misma, como sucedió en los primeros días de este año, cuando la tarifa por la recoja de basura aumentó en 400 por ciento y salió a decir que se debió a “problemas de algoritmo que generaron errores en cobros por dicho servicio”, para luego asegurar que el problema no fue del Cabildo sino del Congreso del Estado que autorizó el aumento sin consultarlo.
A esta polémica se sumó un nuevo cobro por concepto de uso de contenedores inteligentes, operados por la empresa Eco’ox, subsidiaria de Inteligencia México, de lo que Mara también acusó a los legisladores locales, aunque uno de ellos, José de la Peña Ruiz de Chávez, la desmintió indicando que dichos puntos fueron propuestos por el Ayuntamiento de Benito Juárez y que incluso fueron los legisladores locales quienes redujeron los aumentos de entre 400 y 700 por ciento en los cobros de basura propuestos por el Cabildo de Lezama.
Contrato con candados
Muchas han sido las voces que han exigido al Ayuntamiento de Benito Juárez que revoque la concesión de la basura a Inteligencia México, por los constantes incumplimientos del contrato. Sin embargo, el contrato que fue aprobado por el Cabildo de Remberto Estrada Barba el 15 de mayo de 2017 establece una concesión de una duración de 20 años y que en caso de revocación, imputable o no a la empresa, ésta recibirá una indemnización de unos 2 mil 800 millones de pesos.
Asimismo, el contrato, que inició el 1 de enero de 2018 y concluirá el 31 de diciembre de 2037, determina que la empresa recibirá de la Comuna unos 12 millones 391 mil pesos, más IVA, al mes para la recolección de basura.
El contrato limita al Cabildo en caso de que pretenda revocarlo, pues para proceder la Comuna tendría que estar al corriente con sus pagos a la empresa, y ésta última tendrá derecho a impugnar el procedimiento de revocación ante un tribunal. Y en lo que el tribunal toma una decisión quedará suspendida la revocación y la empresa continuará dando servicio y cobrando al Ayuntamiento.
En este sentido, el regidor presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, Humberto Aldana Navarro, hizo un llamado a revisar los términos de la concesión, ya sea para cancelarla o aplicar sanciones, pues la empresa ha incumplido con el servicio en varias ocasiones en lo que va de esta administración.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Quintana Roo, Gustavo Miranda García, en conferencia de prensa ofrecida este lunes 20 de octubre, señaló que el problema de fondo es revisar el convenio de concesión del servicio, algo que el Congreso del Estado ya comenzó a hacer para verificar su cumplimiento.
Indicó que el departamento jurídico ha detectado un par de anomalías entre el convenio aprobado por el Ayuntamiento de Benito Juárez y el que autorizó el Congreso local, pero que es necesario revisar todos los elementos para saber si la concesión puede ser revocada.
Se deslindan de Canabal
Inteligencia México, S.A. de C.V., representada por C.C.R., ha acaparado el millonario negocio que representa el negocio de la basura en Cancún desde la época del entonces alcalde Julián Ricalde Magaña, pero no fue sino hasta hace tres años cuando obtuvo la concesión de la recoja gracias al apoyo otorgado por Remberto Estrada Barba, cuyo Cabildo dejó pasar cláusulas que imposibilitan a la Comuna contratar a ninguna otra concesionaria durante los próximos 20 años.
La ambición del empresario ha sido tal, que a comienzos de este año intentó ampliar la concesión mediante la instalación de miles “contenedores inteligentes” – operados por la empresa subsidiaria de Inteligencia México, Eco’ox-, mismos que serían pagados por los mismos usuarios.
De hecho, la huelga que se registró hace unos días en Inteligencia México no se debió a alguna falta de pago por parte del Ayuntamiento a la empresa, sino al incumplimiento de prestaciones y condiciones de trabajo por parte de ésta.
El apoderado legal de la empresa, Manuel Rivera Monforte, quien aseveró que 120 de los 420 empleados de la compañía suspendieron labores por esta razón, negó que C.C.R. sea socio de la empresa y aseguró que tienen los recursos y equipos necesarios para cumplir el trabajo, por lo que sólo esperan finalizar las conversaciones con los quejosos para poder reanudar el servicio.
Ante la crisis que le estalló en los últimos meses y los señalamientos que se han hecho en su contra por la omisión cómplice en relación con el contrato de concesión, sobre el que su gobierno no había hecho nada ni emprendió acción legal o política alguna en contra de los funcionarios estatales y municipales que avalaron el leonino acuerdo en perjuicio de los benitojuarenses, la alcaldesa Mara Lezama también comenzó a deslindarse públicamente del exmunícipe, no obstante los vínculos que mantuvieron durante la campaña proselitista de hace dos años y al arranque mismo de su gestión al frente del ayuntamiento.
Mientras tanto, los trabajadores aseguraron que no les han entregado el reparto de utilidades de este año, que les han quedado deber bonos y no les han brindado uniformes ni equipo de seguridad para trabajar.
Asimismo, revelaron que sólo 23 de los 60 camiones recolectores están funcionando, pues el resto presenta serios problemas mecánicos y se mantienen abandonados en el encierro de la empresa, ubicado en la Región 103 de Cancún.
Revocar el contrato a Inteligencia México podría poner fin -temporalmente- al actual problema de la basura en Cancún, pero también supondría para la Comuna un millonario gasto que beneficiaría a la empresa de C.C.R.; en tanto los funcionarios municipales y estatales que avalaron el abusivo convenio se mantienen impunes ante la omisión cómplice de la administración que preside Lezama Espinosa en Benito Juárez.