En noviembre de 2015, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitiera el cultivo, posesión y consumo de la marihuana, el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció que se realizaría en el país una serie de debates sobre el tema de su legalización, aunque él abiertamente dijo estar en contra. Al año siguiente, firmó y envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal que autorizaría el uso de medicamentos elaborados a base de marihuana o ingredientes activos, así como la investigación clínica de productos que contengan cannabis. Sin embargo, el tema del uso lúdico de la marihuana no volvió a ser tocado sino hasta octubre de 2018, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó dos amparos relacionados con el uso lúdico de la marihuana, con lo que se generó una nueva jurisprudencia que ordenaría al Congreso de la Unión legislar sobre su uso. La entonces senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, presentó en noviembre de ese año una iniciativa de ley que propone autorizar el consumo personal de 30 gramos de marihuana para fines recreativos, aun en espacios públicos que no sean 100% libres de humo. No sería sino hasta dos años después, cuando el Senado finalmente aprobó un dictamen que avala el uso adulto responsable del cannabis. Sin embargo, quedan varios pasos a concretar antes de que sea discutida y aceptada por la Cámara baja.
Javier Ramírez
Desde mediados de la década pasada, varios legisladores habían tratado de llevar, con muy poco éxito, el tema de la legalización de la marihuana en el país. Uno de ellos, el perredista Fernando Belaunzarán, incluso presentó en 2012 un proyecto de ley que proponía legalizar la producción, venta y consumo de la marihuana en el país, en un intento por emular la propuesta que había sido aprobada en Estados Unidos en aquellos días.
Sin embargo, la iniciativa iba en contra de la estrategia de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón, y la propuesta del perredista no prosperó.
Los avances sobre el tema se darían finalmente por el lado del Poder Judicial, el 3 de noviembre de 2015, cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló, por cuatro votos a uno, el cultivo, transporte y consumo de mariguana con fines lúdicos o recreativos para cuatro mexicanos que en 2013 se ampararon contra varios artículos de la Ley General de Salud, que los magistrados, entre ellos la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declararon inconstitucionales.
Avance, en Gobierno de Peña
El Gobierno de Enrique Peña Nieto envió en 2016 al Senado una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, la cual permitía la siembra, cosecha, cultivo, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, o su resina, “exclusivamente con fines científicos y médicos”.
Pero no explicaba cómo se despenalizaría la portación de la cannabis por menos de 28 gramos ni detallaba en manos de quién quedaría la producción, cultivo y puesta a disposición del producto.
En diciembre de ese año, con 98 votos a favor, siete en contra y una abstención, el pleno del Senado de la República aprobó el uso y cultivo de la marihuana para fines médicos y científicos.
Pero la parte en la que se legalizaba el uso de la droga para propósitos ‘lúdicos’ seguía sin tomarse en cuenta.
La jurisprudencia
Desde hace varios años, la hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, había expresado estar a favor de la legalización de la cannabis, al asegurar que, al igual que en casos como el aborto o los matrimonios gay, la Suprema Corte de Justicia debía reconocer el justo alcance de la libre autodeterminación de la persona a decidir cómo llevar el rumbo de sus vidas.
En octubre de 2018, la Suprema Corte de Justicia aprobó dos nuevos amparos sobre el uso lúdico de la marihuana. Debido a que con éstos se sumaron cinco amparos consecutivos aprobados en el mismo sentido, se generó una nueva jurisprudencia que ordena que cualquier juez y juzgado del país deberán resolver en el mismo sentido cualquier caso similar que se les presente. Además, se ordenó al Congreso de la Unión a que legisle sobre el tema considerando los resolutivos de la Corte.
Unos días después, Sánchez Cordero, como senadora del Morena, presentó de manera formal la iniciativa de la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, que proponía autorizar el consumo personal de 30 gramos de marihuana para fines recreativos y aun en espacios públicos que no sean 100% libres de humo.
Su propuesta aclaraba que la venta y consumo excluye a menores de edad y que los adultos deberán solicitar un permiso a un ente público creado ex profeso para la regulación de la cadena productiva de la planta, que se llamaría Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis (IMRCC).
De acuerdo con los argumentos de Sánchez Cordero, esta legislación establecería un modelo de regulación estricta y a su vez un punto medio entre la prohibición absoluta y el libre mercado, mediante la autorización de sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de marihuana destinadas para consumo personal en propiedad privada, siempre que su producción no sobrepase los 480 gramos por año.
También considera que los consumidores deben registrar sus plantas ante el instituto que se creará, y se emitirían reglas para la ubicación de puntos de venta.
La iniciativa propone además sanciones penales para quienes vendan marihuana a menores de edad o los empleen en expendios dedicados a este rubro.
Aprobado, dos años después
Sánchez Cordero había adelantado en 2018 que presentaría la iniciativa para despenalizar la siembra y trasiego de la marihuana, y que podría plantear que se permita la siembra de amapola para fines médicos, debido a que esta actividad es la única fuente de ingresos de muchos campesinos.
Pero el tema estuvo en ‘stand by, hasta que el pasado 19 de noviembre los senadores aprobaron un dictamen que avaló el uso adulto responsable del cannabis, que entre sus puntos clave reformaría artículos del Código Penal Federal y la Ley General de Salud, y expediría la Ley General para la Regulación del Cannabis, además de que se creará el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis (IMRCC).
De aprobarse las reformas, personas mayores de 18 años podrán consumir cannabis psicoactivo si no se realiza frente a un menor de edad o cualquier otra persona imposibilitada de manifestar su consentimiento libre e informado.
Además, será posible la venta del cannabis y sus derivados en México, por medio de establecimientos autorizados por el IMRCC.
Con respecto a una de las preocupaciones de Sánchez Cordero, que es la siembre, cultivo, cosecha, aprovechamiento y preparación de plantas de cannabis, se determinó que una persona que viva sola puede tener hasta seis, mientras que si hay dos consumidores en un mismo hogar, la cantidad se amplía a ocho.
Para la transformación, la comercialización, la exportación o importación, se establece que se deberán tramitar licencias, aunque una persona podrá contar con más de un tipo y ninguna de ellas implica actividad alguna con el uso medicinal del cannabis.
Acerca de la posesión, una persona únicamente podrá tener consigo menos de 28 gramos de marihuana, pues en caso de que posea más se hará acreedora a una falta administrativa, por lo que deberá pagar una multa de 60 hasta 120 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (desde los 5 mil hasta los 10 mil 500 pesos). Si trae más de 200 gramos, podría ser sancionada penalmente con tres a seis años de prisión.
Asimismo, se permite la creación de “clubes de consumo recreativo de cannabis” con un mínimo de dos personas asociadas y un máximo de 20, todas mayores de edad, aunque otra manera de acceder a la marihuana será a través de empresas que cuenten con una producción regulada y autorizada por el IMRCC.
La regulación también contempla un lugar para la investigación en torno a los usos médicos, farmacéuticos o paliativos de la planta de cannabis por parte de universidades, centros especializados y otras instituciones.
Problemas en regulación
Sin embargo, diversas agrupaciones han expresado su preocupación ante esta regulación de la marihuana, acusándola de tener deficiencias, sobre todo en materia de justicia social.
Tania Ramírez, directora de Política de Drogas de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), denunció que si bien se modificaron las cantidades de cannabis que una persona puede poseer, esta planta aún se mantendrá en la lista de sustancias prohibidas, por lo que se está proponiendo una regulación sin despenalización.
“Si antes te extorsionaban con 5 gramos, ahora te pueden extorsionar con 28. Es necesario modificar ese régimen penal, eliminando el delito de posesión simple, es una conducta que no tendría que estar considerada como un delito y tendrían que cambiarse los parámetros para perseguir el transporte de pequeñas cantidades”, aseveró.
Julio Salazar, abogado de la misma organización civil, señaló que existe una “sobrerregulación” para las personas que quieren consumir al interior de sus casas, lo que derivará en abusos por parte de las autoridades encargadas de vigilar el tema.
“El hecho de que exista la posibilidad de que autoridades hagan visitas a los domicilios para revisar el lugar abre la puerta a la extorsión, a los abusos de la autoridad, aun cuando se trata de una actividad para el desarrollo legítimo de su personalidad”, indicó.
Aún se deben concretar diversos pasos legislativos para que sea aprobada la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, como el hecho de que sea discutida y aceptada por la Cámara de Diputados -lo que comenzará en febrero del próximo año-, además de que debe ser publicada de manera oficial por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.