Pasan los años y la mala calidad de vida de los chetumaleños se mantiene. La promesa del actual Gobierno panista, de sacar del olvido a la capital del Estado, sigue sin cumplirse a menos de dos años de que otra administración estatal llegue para, muy probablemente, hacer la misma oferta. La titular de la Secretaría de Economía, Rosa Elena Lozano Vázquez, se encargó de colocar al nuevo Parque Industrial como la solución definitiva para el avance económico de los chetumaleños, al asegurar que generaría más de 16 mil empleos, pero hasta el momento ninguna de las supuestas 25 empresas que se instalarán en él ha llegado. Y si no lo hicieron en una época en la que la economía mundial estaba “sana”, difícilmente lo harán ahora con la incertidumbre generada por la pandemia. Los empresarios locales que están logrando sobrevivir requieren hoy más que nunca del apoyo del Gobierno del Estado para no cerrar sus negocios, sin embargo, sólo han encontrado trabas, negativas y engaños. El desempleo aumenta y con ello la inseguridad. Y no parece haber indicios de que la situación vaya a mejorar, pues, como siempre, es el norte de la entidad el que recibe toda la ayuda y la atención de las autoridades, pues hasta ahora ninguna administración ha sabido capitalizar la oportunidad de negocios que el Sur tiene con Centroamérica y el Caribe.
Javier Ramírez
Los empresarios chetumaleños finalmente se cansaron de las mentiras. Un evento celebrado en la capital para dar a conocer el inicio del programa federal denominado “Buen Fin”, terminó con la exhibición pública de la secretaria de Economía en la entidad, Rosa Elena Lozano Vázquez, a quien reclamaron no haber entregado ninguno de los presuntos apoyos económicos que se ha pasado anunciando desde que inició la emergencia sanitaria por el Covid-19.
En las próximas semanas tocará su turno para comparecer ante los diputados del Congreso del Estado como parte de la glosa del cuarto Informe del Ejecutivo estatal, donde su discurso se centrará en todos los logros alcanzados en la parte norte, pues en lo que toca al sur de la entidad, es seguro que seguirá hablando de los beneficios de la remodelación del aeropuerto capitalino (por parte de la Federación) y las obras del Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico y la Central de Abastos, mismas que no parecen tener fin y que incluso corren el riesgo de terminar como los elefantes blancos más grandes de la actual administración.
Lozano, exhibida
El pasado 15 de octubre se llevó a cabo en Chetumal la presentación de lo que será un año más del programa “Buen Fin”, que se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre próximo. El evento contó con la presencia de la titular de la Sede, Rosa Elena Lozano Vázquez, y un grupo de empresarios encabezados por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Chetumal-Tulum, Jaime Mingüer Cerón.
La funcionaria aprovechó para informar que, en apoyo por la crisis del Covid-19, el Gobierno del Estado cuenta con una cartera colocada de 97 millones de pesos, con 387 créditos aprobados en toda la entidad, 66 de ellos en el Municipio de Othón P. Blanco. Asimismo, indicó que por primera vez en la historia de la entidad, unos 186 artesanos quintanarroenses han podido acceder a los créditos otorgados por el Gobierno. Dijo que por respeto a la privacidad de quienes han resultado beneficiados, no podía dar a conocer datos personales.
Sin embargo, el titular de la Canaco y la dirigente de las empresarias, Alejandra Carrasco Rendón, le reclamaron que hasta el momento ninguno de sus agremiados ha recibido algún apoyo de la Sede. “No sabemos quiénes son los que sí accedieron a esa bolsa de 100 millones de pesos, porque en la mayoría de las cámaras empresariales hemos realizado sondeos entre pequeños y medianos comerciantes, y hasta ahora ninguno se ha beneficiado de tal ayuda”, comentaron.
Ante esta acusación, la funcionaria sólo atinó a decir que no es requisito pertenecer a alguna cámara o agrupación empresarial para poder acceder a dichos créditos.
¿Apoyo para quiénes?
En julio de este año, Lozano Vázquez confirmó que a causa de la crisis generada por la pandemia se habían perdido más de 100 mil empleos en el Estado, lo que colocaba a Quintana Roo como el segundo Estado del país más afectado, sólo por debajo de la Ciudad de México, que para entonces ya registraba casi el doble de desempleados (197 mil 321).
Los factores, dijo la funcionaria, fueron la caída del turismo y el cierre de actividades en todos los sectores productivos. Sin embargo, mostró su confianza en que para reactivar la economía, principalmente de la zona sur, se pondría en funcionamiento el nuevo Parque Industrial y comenzarían los trabajos de construcción de la Central de Abastos de Chetumal, al tiempo que el Gobierno del Estado destinaría una bolsa de 240 millones de pesos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), con el apoyo de la Secretaría de Economía federal y el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir).
En ese sentido, indicó que las MIPyMEs representan más del 80 por ciento del total de las unidades económicas en la entidad, por lo que resulta importante apoyarlas en su crecimiento. Así, sin distinguir entre empresarios o emprendedores, se les brindaría un apoyo de hasta 120 mil pesos con un periodo de gracia de tres meses en pago de capital e intereses, sin garantías hipotecarias ni prendarias, y un plazo de hasta 36 meses para devolver el dinero.
Sin embargo, omitió mencionar que, para poder recibir alguno de los apoyos difundidos en un catálogo de programas de financiamiento, uno de los principales requisitos es mantener un “excelente historial crediticio” en el Buró de Crédito, lo que automáticamente deja fuera a casi todo aquel interesado en los préstamos, pues los empresarios han tenido que ir aplazando pagos a proveedores y bancos para no despedir al poco personal con el que cuentan.
El abandono y la falta de transparencia de la Sede es tal, que su página web no ha sido actualizada desde diciembre del año pasado, mientras que sus redes sociales apenas e informan sobre cursos en línea.
Elefantes blancos
En cuanto a las ‘magnas’ obras del sexenio, la información es, además de poca, irrelevante: la Central de Abastos, cuyos trabajos iniciaron el año pasado, se establecerá en un área de 37 hectáreas, en el tramo que va de Chetumal a Huay-Pix, a un kilómetro de la capital y su objetivo, según las autoridades, es mover los agronegocios de la entidad y vincular al productor con el consumidor. Desde su inicio se han invertido en él 9 millones de pesos -con recursos estatales y federales- y sólo han sido inauguradas sus oficinas como parte del cierre de su primera fase.
Al ser cuestionada en julio pasado sobre el presupuesto final de la obra, Lozano Vázquez comentó que aún se está elaborando el plan de negocios, por lo que no se podría especificar cifras por el momento.
En lo que respecta al Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico, su construcción arrancó en el primer trimestre de 2019 con un área de 300 hectáreas, y de acuerdo con la titular de la Sede requerirá mil 300 millones de pesos para terminar, durante cuatro etapas, cuatro naves industriales, 25 naves de industrial ligera, zonas comerciales y espacios para exhibición de productos.
La funcionaria aseguró que una vez ocupada toda la instalación -lo que promoverán mediante la simplificación de trámites de licencia de funcionamiento, protección civil, suelo, etc.- se generarán más de 16 mil 200 empleos, lo que significaría la salvación para el sur del Estado.
Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado la instalación de ninguna de las decenas de empresas que Lozano Vázquez proyectó que llegarían. Pero incluso si así fuera, ¿de qué serviría ofrecer empleos si el 90 por ciento de los habitantes del sur no están capacitados para los puestos que las grandes fábricas requieren?
Y es que según datos de la Secretaría de Educación Pública y de la Asociación de Profesionistas de Quintana Roo, hoy día 44 mil 146 jóvenes cursan algún grado de nivel superior, distribuidos de la siguiente manera: el 24 por ciento estudian la carrera para ser abogados, el 12 por ciento, Ciencias de la Comunicación, y el 10 por ciento alguna relacionada con turismo, en tanto que sólo un 8 por ciento dedica sus estudios a alguna ingeniería o para ser técnico especialista.
Por ello, es casi probable que las compañías terminarían trayendo a personal de otros Estados, lo que echaría a la basura el principal objetivo de la obra.
Lamentablemente, los pocos egresados de las universidades chetumalelas terminan sus días empleados en alguna dependencia gubernamental o desempeñándose como taxistas, encargados de mostrador u otros oficios donde son subempleados. Y los muy pocos que se animan a iniciar algún negocio caen muy pronto en la desilusión, ya sea por falta de una estrategia comercial o porque el poco dinero que obtienen se les va en el pago de impuestos y deudas.
Pero se trata de un tema que difícilmente es abordado por la secretaria Lozano, quien ya no podrá decirle a los chetumaleños que la economía local va “viento en popa”.