Los negocios con la basura, que desde el inicio de su administración ha mantenido la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, siguen degradando la salud ambiental, humana y urbana del Municipio turístico más importante y que debía ser el más rentable y fiscalmente más saludable de todos ellos en el país. En su intento por quitarle la concesión del servicio a la empresa Intelligencia México, propiedad de su anterior asesor, el exalcalde Carlos Canabal Ruiz, para ponerla en manos de Red Ambiental, en la que fungen como socios uno de sus hijos y Jorge Emilio González Martínez –propietario del Partido Verde Ecologista de México-, hoy la recoja y disposición final de la basura ha quedado semiparalizada debido al presunto bloqueo que trabajadores de la concesionaria han iniciado en el relleno sanitario municipal para que la Comuna cumpla con la orden de un juez federal de respetar la concesión. La munícipe asegura que al permitir la entrada de Red Ambiental la Comuna acabó con las irregularidades de la concesionaria con la que venía haciendo negocio. Sin embargo, se trató de un problema que ella avaló desde un principio, al no emprender acciones contra los exfuncionarios de la administración del anterior edil, el ‘verde’ Remberto Estrada Barba, quienes fueron los que avalaron el contrato leonino de Intelligencia México por 20 años, debido a que cuando comenzó su gobierno mantuvo un acuerdo tanto con Canabal Ruiz como con Estrada Barba. Y no fue sino hasta que Canabal le dio la espalda para apoyar la próxima candidatura de otro aspirante a la gubernatura, que Lezama se empezó a quejar de las deficiencias en el servicio de recoja de basura. Ahora la alcaldesa está enredada con las dos empresas y pretende pasarse como víctima y salvadora de un problema que por la complicidad que mantuvo con los ‘verdes’ y los concesionarios no afrontó desde que asumió la Presidencia Municipal. El Ayuntamiento está entrampado en un conflicto legal con la concesionaria del exedil que podría durar años. Y es que gane quien gane, el Municipio pierde, pues al final tendrá que desembolsar, o una indemnización de más de 2 mil millones de pesos para Canabal Ruiz, o una cantidad aún desconocida por los servicios de Red Ambiental.
Javier Ramírez
Sin deberla ni temerla, los cancunenses comenzaron el año con un conflicto legal que además de golpear las finanzas de la Comuna ha empezado a llenar nuevamente las calles de basura.
Porque debido a la negligencia y la codicia de la alcaldesa Mara Lezama, hoy son dos las empresas que pelean por la millonaria concesión del servicio de recoja de basura: Intelligencia México, propiedad del exalcalde Carlos Canabal, y Red Ambiental, que tiene como socios a Daniel Berrón Lezama, hijo de la munícipe, y Jorge Emilio González Martínez, el célebre Niño Verde, dueño del Partido Verde.
Ahora las autoridades municipales denuncian que la primera empresa ha comenzado un bloqueo al relleno sanitario para ejercer presión y quedarse con la concesión, pero los trabajadores de esta aseguran que es el Ayuntamiento el que les impide el paso para que no puedan cumplir con el trabajo y así beneficiar a Red Ambiental.
¿Bloqueo de Intelligencia México o de la Comuna?
La mañana del pasado 6 de enero, cerca de 50 camiones de Intelligencia México comenzaron a hacer fila en la entrada al relleno sanitario municipal, ubicado en las inmediaciones de la Zona Continental de Isla Mujeres. Entonces, diversos medios de comunicación se apresuraron a decir que se trataba de un bloqueo por parte de la referida compañía en respuesta a la postura del Ayuntamiento benitojuarense de no permitir que continúe con el servicio de recoja de basura, pese a que un día antes un juez federal ordenó que, en lo que se resuelve un amparo promovido por la misma empresa, sea Intelligencia México y no Red Ambiental la que continúe operando.
El coordinador de asesores de la Comuna, Jorge Aguilar Osorio, señaló que la intención de Intelligencia México es mantener el referido bloqueo para que las unidades y trabajadores de Red Ambiental no puedan depositar la basura en la tercera celda del relleno sanitario.
Reconoció que se trata de una situación de carácter jurídico que no está en manos de las autoridades municipales resolver y que podría durar, desde unos días, hasta varios meses o inclusive años.
El director de Relaciones Institucionales de Red Ambiental, Jorge Guzmán, informó que ya había acudido al lugar un notario para que diera fe del hecho y se interpusiera una denuncia penal en contra de quien resulte responsable de impedir la labor de la compañía.
Recordó que fue la empresa concesionaria de Carlos Canabal la que incumplió con las condiciones de su contrato, al no tener la capacidad para brindar un servicio eficiente a los ciudadanos. Por esa razón, Red Ambiental entró con unidades nuevas y una plantilla de 400 trabajadores calificados, 60 de los cuales llegaron desde Intelligencia México, ya que, dijo, la compañía que representa tiene las puertas abiertas a éstos últimos, quienes sólo tienen que demostrar que vienen de la concesionaria para poder comenzar a laborar con ellos.
Sin embargo, hay dos caras de la misma moneda, puesto que existen versiones de que es el Ayuntamiento el que bloqueó el acceso de los camiones de Intelligencia México al relleno sanitario para que no pudiera cumplir con el servicio.
De acuerdo con trabajadores de la concesionaria, el Ayuntamiento no sólo no los deja entrar al sitio para descargar los desechos, sino que además abrió un camino alterno vigilado por patrullas de los tres órdenes de Gobierno para que las unidades de Red Ambiental sí puedan acceder.
Mencionaron que no entienden por qué la Comuna insiste en violar la suspensión provisional decretada por un juez a favor de Intelligencia México, mientras intenta entregar el servicio a una empresa que no tiene la concesión. En ese sentido, dijeron que, si no los quieren, pues que los liquiden conforme a la ley.
Este 8 de enero, autoridades municipales impidieron el paso a varios trabajadores y unidades de Intelligencia México que buscaban iniciar un plantón frente al Palacio Municipal para exigir que los dejen operar.
Mara, la ‘salvadora’
Para excusarse del problema que ella misma ocasionó, Mara Lezama aseguró en un mensaje compartido en sus redes sociales que su administración “heredó” un servicio “históricamente ineficiente”.
Así, expresó que “era un paisaje común recorrer las calles y ver montones de basura en cada esquina” que afectaban a las familias. Y recordó que durante años los benitojuarenses escucharon de actos de corrupción, incumplimientos de contrato, acuerdos leoninos, adeudos, paros o despidos de trabajadores.
Por ello, dijo, se asumió la iniciativa de “limpiar Cancún y tomar una contundente decisión: quitar la basura de las calles, tomar el mando y reinstalar el servicio. Hacer lo que nunca antes se había hecho: solucionar de raíz este histórico problema”.
Asimismo, y sin dar nombres, acusó que “escuchó voces” que la difamaban, juzgaban, mentían, y que incluso recibió amenazas personales en contra de ella y su familia, porque pensaron que “por ser mujer” la intimidarían, pero que a pesar de que pensó por un momento lo que le podría pasar, decidió continuar por aquellos que creyeron en ella y por amar “inmensamente” a Cancún.
Apuntó que la decisión de contratar de manera temporal a Red Ambiental fue para que se pudiera realizar la recoja de las mil 400 toneladas de basura que se generan a diario en todo el Municipio, para lo cual era necesario contar con 60 unidades recolectoras que cubrieran 112 rutas.
Finalizó diciendo que “no nos tiembla la mano y, para grandes problemas, grandes decisiones”.
La farsa
Pero la “gran decisión” de la alcaldesa se basó más que nada en su propio beneficio, pues es sabido que uno de sus hijos, Daniel Berrón Lezama, es socio dentro de Red Ambiental, empresa a la que también se le está pagando casi el doble de lo que recibía Intelligencia México, pues, de acuerdo con el regidor Isaac Janix, mientras a esta última se le pagaba 351 pesos, más IVA, por cada tonelada de basura, a la empresa de su hijo se le dan 750 pesos, más IVA.
Ocurre que Inteligencia México, vinculada a Carlos Canabal Ruiz, obtuvo la concesión por 20 años del servicio de recoja de basura en mayo de 2017, gracias a la aprobación del entonces alcalde Remberto Estrada Barba y su Cabildo, por lo que la misma concluirá el 31 de diciembre de 2037.
De acuerdo con el contrato, en caso de que se diera una revocación de la concesión, imputable o no a la empresa, esta recibiría una indemnización de 2 mil 800 millones de pesos, además de que tendría derecho a impugnar el procedimiento ante un tribunal. Y aun si se fuera a juicio, en lo que el tribunal tomase una decisión quedaría suspendida la revocación y la empresa continuará otorgando el servicio y, por supuesto, cobrando al Ayuntamiento.
Este inconveniente le importó poco a Mara Lezama y a los regidores, quienes en diciembre pasado declararon una “emergencia sanitaria” para “intervenir temporalmente” a Inteligencia México, a fin de que Red Ambiental entrara a dar el servicio durante 15 días, sin informar cuánto costaría el servicio de esta al Ayuntamiento.