MORELOS.– El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, actualmente recluido en un penal federal en el Estado de Morelos, fue declarado líder de una organización criminal dedicada a la enajenación ilegal de bienes inmuebles propiedad del Estado, lo que podría derivar en una condena de hasta 40 años de prisión por el delito de delincuencia organizada.
De acuerdo con resoluciones judiciales, durante su administración (2011–2016) se habría orquestado la venta irregular de al menos 22 predios estatales, lo que ocasionó un daño patrimonial superior a los 900 millones de pesos al erario de Quintana Roo.
El exmandatario fue detenido en junio de 2017 en Panamá, cuando presuntamente intentaba huir hacia Europa, y desde entonces enfrenta diversos procesos penales por delitos como peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró revertir una resolución previa emitida por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, Estado de México, que consideraba a Borge Angulo como un subordinado dentro de la estructura delictiva. Tras la apelación, el Tribunal Colegiado de Apelación de Xochitepec, Morelos, determinó que el exgobernador fue quien dirigió y dio las órdenes para la venta ilegal de los inmuebles.
Las investigaciones señalan que la red criminal estuvo integrada por exservidores públicos y familiares del exgobernador, quienes habrían actuado como prestanombres y representantes de empresas fachada que adquirieron los terrenos a precios muy por debajo de su valor comercial. Varios de estos predios se ubicaban en zonas estratégicas y de alta plusvalía cercanas al litoral turístico del estado.
En la resolución judicial se destaca que, debido a su cargo, Roberto Borge contaba con facultades para administrar el patrimonio inmobiliario estatal y tenía acceso a información privilegiada, como el Plan Estatal de Desarrollo, lo que le permitía anticipar áreas de inversión y crecimiento turístico.
Con la reclasificación jurídica, el exgobernador enfrenta ahora una posible pena máxima de 40 años de prisión, conforme a lo establecido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aplicable a quienes encabecen este tipo de estructuras criminales.
El tribunal también resolvió que Borge Angulo deberá permanecer recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Ayala, Morelos, al considerar que su traslado a un penal de menor seguridad en Cancún implicaría riesgos de fuga o afectaciones a su integridad física, debido a su capacidad económica y al contexto del proceso penal.
En los expedientes judiciales figura también Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE), quien presuntamente participó en la firma de escrituras a favor de terceros. Hasta el momento se desconoce su paradero, aunque ha promovido diversos recursos legales para evitar su detención y deslindar responsabilidades administrativas y penales.