Javier Ramírez
Recientemente, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP) presentó el reporte de las Obligaciones Financieras de los Municipios de México correspondiente al primer trimestre de este año.
Los primeros cinco lugares son ocupados por Tijuana, Monterrey, Hermosillo, Guadalajara y León, con deudas que van de los dos mil a los mil millones de pesos. Los cinco concentran casi una cuarta parte del total de la deuda de los Municipios de todo el país.
Dentro de esta lista hay tres Municipios quintanarroenses: Benito Juárez, en la sexta posición, con una deuda pública valorada en 986.5 millones de pesos; Solidaridad, en la décimo cuarta, con 662 millones, y Cozumel, en el lugar 23, con 433.4 millones de pesos.
Así, los tres Municipios más ricos de Quintana Roo están ahogados en deudas gracias a la dilapidación que durante décadas han hecho sus autoridades, mismas que terminan heredándolas a sus sucesores, quienes inevitablemente terminan reestructurándolas, con la complicidad de las Legislaturas locales en turno, para poder cubrir los compromisos con sus proveedores.
Historia de corrupción e incompetencia
Con el arranque del proceso electoral del próximo año, difícilmente querrán tocar el tema quienes aspiren a ser alcaldes de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel.
Como cada trimestre, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP) presentó su informe sobre los Municipios del país más endeudados, entre los que sobresalen los antes referidos.
Benito Juárez incluso pasó del séptimo sitio que tuvo en los resultados del cuarto trimestre de 2019, al sexto, mientras que Solidaridad y Cozumel conservan sus posiciones (14 y 23).
Para ser los Municipios de la entidad que más ingresos registran gracias a la fuerte actividad económica que los caracteriza, resulta irónico que mantengan fuertes deudas.
La explicación es sencilla: sus administraciones se han encargado de derrochar los recursos municipales en beneficio de sus ambiciones personales y de sus respectivos partidos. Y las Legislaturas del Congreso local sólo han servido para hacerles comparsa a la hora de autorizar los refinanciamientos.
Benito Juárez y Solidaridad fueron fuentes esenciales de recursos a manos llenas del libertino grupo político que encabezaba el hoy exgobernador preso Roberto Borge Angulo, quien le pagaba un sueldo a su empleado, el alcalde en turno y su emisario en Cancún, Paul Carrillo de Cáceres, para hacer y deshace en Cancún, y quien contó asimismo, en Playa del Carmen, con el entonces edil – hoy también preso, como el exgobernador- Mauricio Góngora Escalante, para desviar dinero a las campañas locales.
De modo que si los actuales alcaldes no cubren los pagos a sus acreedores financieros y a sus proveedores, menos lo harán los próximos, pues heredarán, además, los pasivos emanados de la crisis provocada por la pandemia y de los negocios sucios que se prodiguen a su sombra.
Reestructuración de BJ, a 15 años
Hace un año, el 31 de julio de 2019, la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, dio a conocer los bancos que resultaron ganadores de la licitación para refinanciar la deuda del Ayuntamiento.
Los bancos BBVA, Banco Azteca y Banobras se encargarían de refinanciar los mil 103 millones de pesos que el Municipio tenía en ese entonces, con un plazo de 15 años y con montos asignados de 500 millones de pesos para el primer banco, otros 500 millones para el segundo y 103 millones para el último, con tasas efectivas de 7.90, 8.04 y 8.10, respectivamente.
La alcaldesa indicó en ese entonces que “fue una licitación abierta en la que participaron seis bancos”.
Explicó que “lo que antes estaba en un solo banco, hoy queda el crédito dividido en tres bancos. Se estaba pagando TIIE +1.68, más de lo doble, entonces eso nos lleva a que por un monto tan grande de dinero, el ahorro que puedas tener en décimas obviamente te impacta. La estimación de flujo es que para el primer año siendo que se van a liberar garantías, y de 12 años se extendió a 15 años de crédito, esto nos da que la mensualidad va a ser menor”.
Mencionó que el ahorro en la liberación de participaciones sería de 50 a 70 millones de pesos, pero que eso se determinaría a partir de la firma de los contratos, la liberación de las garantías y la consolidación del refinanciamiento.
Expuso que el objetivo de este refinanciamiento fue no dejar deuda bancaria ni con proveedores, a los que su administración les sigue pagando a pesar de que hay pasivos que datan de muchos años.
Benito Juárez tiene uno de los más altos presupuestos per cápita del país, de casi 3 mil 600 millones de pesos gracias al dinero que recauda por diversos conceptos, pero de nada le ha servido.
Solidaridad, “caja chica” de los priistas
Hace una década, el Municipio de Solidaridad debía 280 millones de pesos, pero hoy tiene una deuda de 662 millones que llegó a alcanzar en 2015 los 768 millones de pesos. Cuando Mauricio Góngora era su alcalde, el entonces gobernador Roberto Borge Angulo, como parte de su paquete de impunidad, con el que buscaba ‘blindarse’ de posibles investigaciones sobre corrupción, refinanció su deuda con el apoyo de los diputados del PRI, del PVEM y de los hoy extintos MC y Panal.
En agosto del año pasado se especuló que Solidaridad seguiría los pasos de Benito Juárez y también reestructuraría su deuda. Sin embargo, no ocurrió.
El entonces tesorero municipal, Luis Fernando Vargas Aguilar, dijo que la intención era bajar en nueve millones de pesos lo que se paga al mes por concepto de intereses, recordando que actualmente es el Banco Santander el que tiene la deuda.
El funcionario mencionó que, a diferencia de lo que sucede en Benito Juárez, los hoteleros no son morosos, y que con el cobro del impuesto de saneamiento ambiental obtendrían 250 millones de pesos al final de 2019.
El 29 de noviembre de ese año abandonó el Palacio Municipal cargando sus cosas sin decir una sola palabra, luego de haber sido acusado varias veces de corrupción. De acuerdo con varios medios, por órdenes de la alcaldesa Laura Beristáin realizó el arrendamiento de 15 patrullas viejas por una cantidad no especificada, aprovechando que para Seguridad Pública se pueden dar contratos o hacer adquisiciones sin transparencia, con el pretexto de no vulnerar la seguridad de los proyectos de protección ciudadana.
Desde entonces el plan para refinanciar la deuda está en un limbo.
Cozumeleños, los más endeudados del país
Si bien Cozumel tiene la menor de las tres deudas aquí mencionadas, es el Municipio del país con mayor deuda per cápita del país.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los compromisos financieros del Ayuntamiento ascienden a 433.4 millones de pesos, por lo que a cada persona, en teoría, le corresponden cuatro mil 287 pesos de esa deuda, superando por mucho al resto de los Municipios con niveles altos, como Agua Prieta, Sonora, que ocupa el segundo lugar con una deuda por persona de dos mil 802 pesos.
De igual manera, es el Municipio más endeudado del país si se considera el monto de la deuda en proporción a sus ingresos totales, pues lo que debe supera el 60 por ciento de todo su presupuesto anual.
No habían pasado dos semanas desde que asumió el cargo en 2018, cuando el actual alcalde, Pedro Joaquín Delbouis, solicitó al Cabildo su autorización para “contratar financiamiento para destinarlo al refinanciamiento de la deuda bancaria de largo plazo. En ese sentido, dijo que dicho refinanciamiento permitiría un ahorro de 9 millones de pesos por el pago de intereses, y recordó que la administración de su antecesora, Perla Tun, dejó una deuda sin liquidar de 223 millones 508 mil pesos a proveedores. Así, la deuda total, entre los 422.2 millones del crédito (de ese entonces) más los 223.5 millones de acreedores (también de entonces)- ascendía a 656 millones 861 mil pesos.
Con ocho votos a favor y tres en contra, el Cabildo aprobó el 16 de octubre de ese año el acuerdo para refinanciar la deuda a un plazo de 20 años.
Hoy, con la crisis provocada por la pandemia de Coronavirus, Cozumel enfrenta problemas para el pago de sus deudas, por lo que el tesorero Hilario Gutiérrez Valasis, informó que pedirá a los bancos un plazo de un año para pagar. Indicó que que, de ser beneficiados con dicho apoyo, los montos que no se cubran en el 2020, se estarán pagando en el 2021, antes de que concluya la actual gestión municipal.
OPB, en el lugar 28
El Ayuntamiento capitalino tampoco se queda atrás, con sus 392.9 millones de pesos en deuda a largo plazo. Porque si se toman en cuenta las deudas a proveedores, prestaciones laborales que aún no se han pagado, recursos federales que no se aplicaron y que por tanto se tienen que devolver a la Federación, su deuda conjunta es de 650 millones de pesos, que equivale a casi el 80 por ciento de su presupuesto anual.
El anterior alcalde, Luis Torres Llanes, no contrató deuda durante su periodo, pero su saldo negativo se debe, principalmente, a la mala gestión del exedil Andrés Ruiz Morcillo, quien contrató empréstitos por casi 340 millones de pesos. Aun así, este personaje intentó, en otras dos ocasiones, repetir en el cargo.