El rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, cobró alrededor de 4.2 millones de euros (105 millones de pesos) por mediar en una operación inmobiliaria en Playa del Carmen, “a mediados de la década de los 90”, en la que participó la multinacional de la construcción OHL. El pago se realizó a una empresa fantasma en 2009, creada por el ex monarca y ubicada en un paraíso fiscal.
El primo del rey emérito, Álvaro de Orleans, declaró a la fiscalía suiza que la operación ocurrió a mediados de los 90, entre las presidencias de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Fue la época en que la multinacional española invirtió en el caribe mexicano, primero con la construcción del complejo turístico Ciudad Mayakoba y después con la absorción de las empresas Huarte y Obrascón, en una operación impulsada por el entonces presidente y fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, hoy fuera del cargo y acusado ante múltiples tribunales por corrupción. Entre dichos cargos está el del pago de comisiones ilegales al rey Juan Carlos para la construcción del tren de alta velocidad a La Meca.
El portal de Internet español OK Diario informó que Orleans declaró ante la fiscalía: “A mediados de los años 90 tuve conocimiento de unos terrenos destinados a la venta en México, para ser más exactos en Playa del Carmen. Estas tierras pertenecían a una empresa caribeña, esencialmente mexicana”.
El fiscal suizo Yves Bertossa, quien interrogó a Orleans, es el hijo de Bernard Bertossa, el fiscal que investigó las cuentas ilegales de Raúl Salinas de Gortari y de su entonces esposa, Paulina Castañón.
Los tribunales suizos realizan una investigación más amplía para esclarecer las cuentas en paraísos fiscales del rey emérito, quien pretende evadir al fisco y a la justicia tras cobrar varios cientos de millones de euros por sus mediaciones con otros gobiernos para conseguir contratos públicos a empresas españolas, entre ellas la multinacional OHL, presidida por el mexicano Luis Amodio.
El Congreso de los Diputados volvió a rechazar crear una comisión investigadora como exigen grupos de oposición, sobre todo independentistas y nacionalistas, además de Unidas Podemos, que actualmente es socio de gobierno del PSOE, que se opone a la medida.
* Congreso español rechaza investigar presuntas comisiones del rey Juan Carlos
El Congreso de los Diputados español rechazó investigar las presuntas comisiones irregulares recibidas por el rey emérito Juan Carlos, aunque el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
La Mesa del Congreso, el órgano que regula la actividad parlamentaria y en la que están representados los partidos mayoritarios, votó en contra de la formación de una comisión parlamentaria de investigación de las actividades financieras del exmonarca.
El Partido Socialista en el poder (PSOE) propició el rechazo, al unirse al conservador Partido Popular (PP) y al ultraderechista Vox en rechazar la comisión, mientras que el izquierdista Unidas Podemos (UP), socio de los socialistas en la coalición de Gobierno, fue el único miembro de la Mesa que votó a favor.
El argumento defendido por el PSOE, según fuentes parlamentarias consultadas, es el mismo que el esgrimido por los expertos legales del Congreso en un informe divulgado el lunes, y que considera que la inviolabilidad jurídica del rey es de efectos “permanentes».
La creación de la comisión de investigación había sido solicitada por UP y un grupo de pequeños partidos izquierdistas, nacionalistas e independentistas vascos y catalanes.
Tras la votación, el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello (Unidas Podemos), lamentó la posición de los socialistas, al señalar que habrá muchos votantes del PSOE «que no entenderán que el Parlamento no pueda discutir sobre esta cuestión«.
Otras peticiones anteriores de investigar a la Casa Real o sus miembros fueron rechazadas por la Mesa del Congreso según el criterio de los servicios jurídicos: la inviolabilidad del rey es permanente.
Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo sí asumió la investigación sobre la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de ser jefe del Estado en España y, con ello, según el criterio de Fiscalía, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución.
Esa fiscalía asumió la pasada semana la investigación sobre el presunto pago de comisiones en la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), adjudicada en 2011 a un consorcio de empresas españolas.
La decisión de la fiscalía llegó tras comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en los hechos sería el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, indicó la fiscalía en un comunicado.
En los últimos meses, Juan Carlos I, rey entre 1975 y 2014, ha sido objeto de informaciones en España y Suiza acerca de su relación con dos fundaciones en territorio suizo e investigadas por las fiscalías de ambos países por su posible relación con operaciones financieras sospechosas, una de ellas por esas supuestas comisiones ilegales.
La Casa Real anunció en marzo pasado que el rey Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre, al que también había decidido retirar su asignación presupuestaria.